La justicia europea archiva el recurso contra la financiación de RTVE

ImagenFUENTE: SERVIMEDIA – EL ECONOMISTA

El Tribunal de Justicia de la UE ha archivado el recurso interpuesto por la Comisión Europea contra España por el modelo actual de financiación de RTVE.

El archivo, decidido ayer y anunciado este martes por RTVE en un comunicado, es consecuencia del desistimiento de la Comisión Europea a seguir en su actuación contra España después de la sentencia del tribunal europeo del pasado 27 de junio, que dio por ajustada a derecho la financiación de la radiotelevisión pública francesa que, al igual que la española, había sido puesta en cuestión por la Comisión Europea.

Bruselas, vistas las similitudes entre uno y otro modelo, ha entendido que la motivación de la sentencia para el caso galo es igualmente aplicable al español.  El actual sistema de financiación de RTVE lo adoptó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que suprimió la publicidad de TVE y, a cambio, impuso tasas para financiar a la corporación pública a las cadenas privadas de televisión y a las telecos.

El Ejecutivo comunitario decidió acudir a los tribunales al observar un incumplimiento en la directiva de autorizaciones de redes de telecomunicaciones, pero, tras el pronunciamiento del tribunal de Luxemburgo, tiró la toalla. Ahora, las teleoperadoras españolas tienen puestas sus esperanzas en el recurso contra el canon que interpusieron ante el Tribunal Supremo.

En relación con las costas procesales, el auto dictado por la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de Europa, ha recordado que, con arreglo al Reglamento de Procedimiento, y dado que ninguna de las partes había solicitado la condena en costas, cada parte habría de cargar con sus propias costas. De tal modo, sigue el auto, “procede decidir que la Comisión y el Reino de España carguen con sus propias costas”.

En virtud de todo lo expuesto, concluye el tribunal, se archiva el procedimiento iniciado en 2011 por la Comisión Europea contra el Reino de España por la financiación de RTVE, condenando a las partes (la Comisión y el Reino de España) a cargar con sus propias costas, al igual que ocurrió (por similitud) con los casos de Hungría y Francia.

Anulada la bajada del sueldo de 2010 del 5% a los trabajadores de Telemadrid

FUENTE:

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/19/madrid/1348040982_460259.html

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anula la reducción del 5% de la nómina de los trabajadores de Telemadrid y de Onda Madrid que decidió el Gobierno regional en aplicación de la medida adoptada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de bajar el sueldo a los empleados públicos a partir de julio de 2010. El ente público tendrá que devolver a los empleados la parte del sueldo que dejaron de ingresar. Un portavoz de Telemadrid aseguran que han recibido hoy la sentencia y deben valorarla antes de tomar la decisión sobre un posible recurso, para el que tienen un plazo de 10 días. Desde el comité de empresa celebran la noticia, que creen que puede servir de ejemplo para otros trabajadores de compañías públicas.

La decisión del TSJM, que esta mañana ha avanzado la Cadena SER, se basa en que la medida no puede aplicarse a las empresas públicas mercantiles a no ser que se haga con el acuerdo de los trabajadores, ya que se deben respetar los convenios colectivos. La medida afecta por tanto a los empleados de las sociedades anónimas de Telemadrid y Onda Madrid, pero no a los del ente público (la empresa matriz) por no ser de carácter mercantil, según detalla Carlos Alonso, secretario del comité de empresa de Telemadrid. “Estamos muy contentos, salvo por los compañeros que quedan excluidos”, expresa antes de explicar que estos son en torno a un centenar de los 1.070 trabajadores de la plantilla.

El tribunal madrileño recuerda en su fallo que el Constitucional ya ha dejado claro que las medidas en materia salarial que decida el Gobierno central no pueden ser “contrariadas” por las comunidades, citando una sentencia sobre la ley de presupuestos del País Vasco en 1997, que contradecía la congelación salarial fijada por el Estado. Por ello, anula la decisión de bajar el sueldo porque el Gobierno de Zapatero no incluyó a los trabajadores de empresas públicas mercantiles entre los afectados por la medida, pese a que un decreto regional sí los incorporaba en el caso de la Comunidad de Madrid.

La medida supone un coste global de cinco millones de euros para la empresa, según la estimación del comité, en el que tienen presencia CC OO, CGT y UGT. “En caso de que decidan recurrir, tendrían que depositar esa cantidad, lo cual parece complicado en la actual situación. Aunque quizá para esto sí haya dinero”, advierte Alonso. Desde Telemadrid, un portavoz rechaza valorar la posibilidad del recurso hasta haber estudiado con detalle la amplia sentencia: “No podemos hacer declaraciones hasta haber revisado todo su contenido”, señala.

La sentencia llega en un momento de conflicto en el ente público, al haberse anunciado su privatización y avanzado que los trabajadores se verán afectados por despidos. Ante la posibilidad de que esta sentencia pueda influir en alguna medida en el proceso, Alonso señala que de momento este se encuentra en una etapa muy inicial –hoy se conocerán las ofertas de las empresas interesadas en elaborar el estudio de viabilidad del ente público–, pero en todo caso muestra su disposición a negociar: “Nosotros siempre estamos abiertos a colaborar en la búsqueda de soluciones”.

La decisión del TSJM se suma también a la del Tribunal Supremo, que en marzo respaldó un fallo previo de la Audiencia Nacional que declaraba nula la rebaja del sueldo en un 5% impuesta por el Gobierno a los directivos de Aena, Renfe y Adif en 2010.

El Consejo Audiovisual Andaluz denuncia la ocupación de frecuencias de TDT que emiten contenidos ilegales

FUENTE:

http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actualidad/noticias/2012/09/el-caa-alerta-de-la-elevada-ocupacion-de-frecuencias-de-tdt-po

13 de septiembre de 2012.

Málaga, Cádiz y Granada, las provincias más afectadas por este fenómeno, del que se ha informado a la Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) remitirá a la Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía el informe de situación de canales de TDT que, a fecha del 31 de agosto de este año, emiten en múltiples no asignados, lo que supone un uso fraudulento del espacio radioeléctrico. Se da la circunstancia de que estos operadores están difundiendo programas de videncia en horario de protección infantil, lo que constituye una infracción grave de la legislación española.

El Pleno del CAA celebrado ayer aprobó esta medida en una decisión que además reclama una decidida intervención y colaboración institucional, así como la sensibilización y ayuda al conjunto de la sociedad y del propio sector para erradicar este fenómeno. De hecho, el Consejo solicitó la intervención de la Fiscalía Superior de Andalucía en octubre del año pasado, al comprobar la proliferación de programas de videncia y esoterismo en horario infantil en televisiones sin licencia, debido a las dificultades para identificar a los responsables de estas emisiones.

El informe aprobado ayer constata la existencia de 62 canales que ocupan de manera ilegal frecuencias libres en los diferentes múltiples habilitados en Andalucía. Una cifra similar a la detectada en 2011 en el Informe de Contenidos emitidos por las televisiones bajo competencia del CAA, que destapó la presencia en el espacio radioeléctrico de 67 señales de TDT –de un total de 127- que correspondían a operadores sin licencia administrativa.

Al igual que en dicho informe, los datos de este año revelan que el 76% de estos canales ilegales se dedican a emitir contenidos esotéricos y paraciencias en horario de protección infantil, algo prohibido en la Ley General de Comunicación Audiovisual. Las provincias de Málaga, Cádiz y Granada son las más afectadas por la ocupación ilegal de frecuencias de TDT con 16, 12 y 11 señales invadidas, respectivamente, detectadas por el CAA.

La legislación española prevé multas que oscilan entre los 500.001 y el millón de euros por la prestación del servicio de comunicación audiovisual sin disponer de la correspondiente licencia o sin haber cumplido el deber de comunicación previa.

A eso se le suman las sanciones que pueda imponer el CAA por la emisión de contenidos prohibidos en horario infantil en respuesta al firme propósito del Consejo de proteger a los menores de edad de contenidos que puedan perjudicar su desarrollo. Sin embargo, resulta extremadamente difícil identificar a los responsables de estas emisiones, a pesar de los recursos que se están destinando a este fin.

Primera sanción a una televisión ilegal
Precisamente en el Pleno de ayer el CAA acordó desestimar el recurso de reposición interpuesto por el operador Vit Channel contra el expediente sancionador aprobado por el Consejo en el pasado mes de junio por el que se impuso una multa de 132.500 euros a este prestador de servicio, que además no tiene licencia de emisión, al constatar que emitió a través de varias frecuencias repartidas por toda Andalucía contenidos de videncia dentro de la franja horaria de protección infantil. Se trata de una infracción grave, tipificada en el artículo 58.3 de la LGCA.

Se da la circunstancia de que Vit Channel es uno de los prestadores de servicio que están emitiendo sin licencia y responsable del 61% de las emisiones ilegales detectadas en este último informe. Es la primera vez que el CAA consigue sancionar a un operador ilegal, y se ha logrado gracias a la cooperación con la Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía para su identificación y localización.

La ocupación ilegal de frecuencias interfiere en la adecuada ordenación y regulación del sistema audiovisual en Andalucía y supone, además, una competencia desleal y un agravio respecto a aquellos prestadores que han cumplido estrictamente con los requisitos exigidos para sus emisiones, y más en unos momentos tremendamente difíciles para el sector audiovisual.

Para evitar la proliferación de estos canales, el Consejo recomendó meses atrás a las administraciones públicas, especialmente a los ayuntamientos, que se abstengan de incluir publicidad en las televisiones que carecen de licencia administrativa o título habilitante. También requirió a las empresas que prestan servicios de transporte y difusión de señales de radio y televisión que exijan la licencia o título habilitante al contratar estos servicios.