El Tribunal Supremo avala el Reglamento que desarrolla la Ley General Audiovisual en materia de publicidad televisiva

Considera ajustada a derecho la normativa en materia de cómputo, autopromoción, patrocinio y publicidad en la retransmisión de eventos deportivos.

El Tribunal Supremo avala el Reglamento que desarrolla la Ley General Audiovisual en materia de publicidad televisiva

La sentencia confirma las alegaciones de AUC, AEA y la Abogacía del Estado contra el recurso formulado por Telecinco.

Madrid, 15 de Julio de 2013. El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse, en sentencia del pasado 12 de julio, a favor de la legalidad del Real Decreto 1624/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en lo relativo a determinados aspectos la comunicación comercial televisiva.

El citado Real Decreto fue recurrido por Mediaset alegando que el desarrollo reglamentario se extralimitaba imponiendo reglas que van más allá de la propia ley y de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, y solicitando la anulación de buena parte de su articulado. Concretamente, en lo referido al concepto de “hora de reloj” para establecer el límite publicitario, la autopromoción, las telepromociones, el patrocinio y las comunicaciones comerciales asociadas a la retransmisión de eventos deportivos.

Contra ese recurso se personaron tanto la Abogacía del Estado como la Asociación Española de Anunciantes (AEA) y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC).

Con posterioridad, Mediaset consideró un error la parte de su recurso relativa a las telepromociones, solicitando el desestimiento en lo relativo a dicha parte.

La sentencia admite el desistimiento parcial del operador televisivo, pero falla en contra de todos sus demás argumentos. Partiendo de la naturaleza de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual como norma de mínimos, el TS considera que el Gobierno está legitimado para introducir normas más estrictas en la Ley General de la Comunicación Audiovisual y que en ningún caso el Reglamento va más allá, indebidamente, de lo que establece la propia Ley.

En este sentido, avala la interpretación del concepto de “hora de reloj” como “hora natural” para establecer el tiempo máximo de emisión publicitaria en televisión (12 minutos), afirmando que esa interpretación es más neutral, dota de mayor seguridad jurídica a anunciantes y cadenas, facilita el control y garantiza en mayor medida la protección de los intereses de los espectadores.

En relación a la autopromoción, el Tribunal acepta que la restricción de 5 minutos por hora de reloj es más estricta de lo establecido por la Directiva, pero reconoce que lo recogido en el Reglamento en relación a este tema se adecua a la Ley y ayuda a evitar abusos y utilizaciones improcedentes de la autopromoción.

La sentencia considera ajustado a derecho, y por motivos similares, el desarrollo reglamentario en materia de patrocinio y de colocación de la publicidad en la retransmisión de eventos deportivos, dando así la razón a la Asociación de Usuarios de la Comunicación, a la Asociación Española de Anunciantes y a la Abogacía del Estado en su oposición al recurso.

Para AUC, se trata de una sentencia de gran importancia, que aumenta la seguridad jurídica en el ámbito de la publicidad televisiva, afectando positivamente a la defensa de los consumidores ante posibles excesos de saturación en la emisión de comunicaciones comerciales. La Asociación, con todo, lamenta que la aceptación del desistimiento de Mediaset no haya permitido al Tribunal pronunciarse sobre el controvertido tema de las telepromociones televisivas, ni se haya considerado tampoco pertinente plantear una cuestión prejudicial sobre esta materia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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Sentencia TS Mediaset.pdf

La plantilla de RTVE votará en referéndum después del verano si acepta el nuevo convenio colectivo

Fuente: www.vozpopuli.com

Los sindicatos UGT, SI y USO han dado el visto bueno a "un acuerdo de mínimos" con la dirección de RTVE que deberá ser aprobado por el conjunto de la plantilla de la corporación pública tras el verano. Todas las fuerzas sindicales se han comprometido a someter la decisión de este acuerdo y del convenio al resultado de un referéndum. El único sindicato que se ha mostrado en contra del pacto de mínimos ha sido CCOO. Serán entonces los trabajadores de la CRTVE los que dirán si están de acuerdo o no con el resultado de las negociaciones a partir de septiembre.

Los máximos responsables de la Corporación mantienen que RTVE debe dotarse de un marco laboral más flexible para lograr una mayor productividad, y afrontar una reducción de costes. Los gastos de personal representan casi 40% del actual presupuesto de RTVE. Los primeros borradores de la propuesta presentada a los sindicatos planteaban una reducción de esta partida en torno a los 35 millones de euros. La necesidad de un nuevo convenio se justifica por los recortes de más del 20% en el presupuesto de RTVE por la grave crisis económica, y la necesidad de adaptar las estructuras y modelos operativos al actual entorno competitivo.

El documento de preacuerdo reconoce, según UGT, el dimensionamiento de la plantilla en 6400 trabajadores, y con el conocimiento de la SEPI, así como por la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE, por la duración del Convenio, o sea hasta el 31 de diciembre de 2015. Las rebajas salariales derivadas del acuerdo no pueden superar los sacrificios a los que se ha sometido la función pública. Se ha bajado de la pretensión del 10% a un 7,5% en las partidas que directa o indirectamente afectan a personal, y en ningún caso las cuantías totales del salario base sufrirán una merma superior al 5%. El Consejo de Administración aprobará, antes del 31 de julio, un plan estratégico de producción, o lo que es lo mismo, antes de que se vote en referéndum el articulado del nuevo convenio sabremos los compromisos de producción propia de la empresa.

En su última comparecencia parlamentaria, a finales de junio, cuando ya anunció que el acuerdo estaba próximo, Echenique aseguró que la propuesta apuesta "por el mantenimiento de la actual plantilla y del actual régimen de empleo en Televisión Española" y, además, defendió que RTVE tiene "la mejor cantera de todos los trabajadores del sector audiovisual de España", según las declaraciones recogidas por Europa Press. Respecto de la implantación territorial de RTVE, el acuerdo alcanzado con los sindicatos señala que "la plantilla se adaptará a la estructura actual, siempre en un entorno de integración de efectivos de RNE y TVE que facilite la eficiencia productiva".

Cerca de 375 millones de euros en nóminas

Los gastos de personal representan un gasto de aproximadamente unos 375 millones de euros para la corporación, según señaló el presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique en una comparecencia parlamentaria en febrero. De acuerdo a un reciente estudio de la consultora Arthur D Little para UTECA, esta partida representa el 36 por ciento de los gastos de RTVE.

Apoyo de AUC al proyecto para unificar la calificación por edades de los contenidos audiovisuales

Apoyo de la Asociación de Usuarios de la Comunicación al proyecto para unificar la calificación por edades de los contenidos audiovisuales

La Asociación considera que el etiquetado es clave para la protección de los menores en un entorno de convergencia tecnológica.

Madrid, 11 de Julio de 2013. La Asociación de Usuarios de la Comunicación ha hecho público su apoyo a los objetivos del Gobierno para desarrollar un sistema unificado de pictogramas o imágenes que adviertan a los usuarios sobre la orientación por edades o la presencia de contenidos inadecuados para los menores en la obras audiovisuales, independientemente de su naturaleza o canal de difusión (cine, televisión, internet).

El desarrollo de este sistema está contemplado en el ‘Plan Estratégico General de la Secretaría de Estado de Cultura 2012-2015’, con el objetivo de mejorar la recepción, comprensión y valoración por la ciudadanía de las obras y contenidos cinematográficos y audiovisuales.

AUC considera que el etiquetado de los productos audiovisuales es clave para la futura protección de los menores, en un entorno de convergencia tecnológica y multipantalla en el que los contenidos pueden visionarse sin restricciones horarias y a través de diferentes dispositivos.

La Asociación apuesta (ver documento adjunto) por avanzar en la definición de criterios “que se adecuen a la sensibilidad social mayoritaria”; que se apliquen de modo unificado a los diferentes productos audiovisuales (acabando con la actual multiplicidad de calificaciones distintas), y que combinen el criterio de calificación por edades con descriptores que informen sobre los contenidos incluidos en el producto audiovisual (sexo, violencia, lenguaje, etc.), aplicando además escalas de intensidad que permitan a los padres elegir, a través de los sistemas de filtrado en destino, qué consideran adecuado o no para sus hijos. Y en este sentido, solicita la creación de un grupo de trabajo interministerial en el que puedan participar también expertos académicos, profesionales y representantes de la sociedad civil.

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Si

Calificacin por edades.pdf

AUC destaca las “luces y sombras” de la sentencia europea que considera legal la aportación de los operado res de telecomunicaciones para financiar la radiotelevisión pública

La Asociación de Usuarios de la Comunicación destaca las “luces y sombras” de la sentencia europea que considera legal la aportación de los operadores de telecomunicaciones para financiar la radiotelevisión pública

AUC pide, tras la sentencia, que está referida al caso francés pero que puede ser similar para el caso español, que se defina un modelo sostenible de financiación para RTVE.

Madrid, 27 de Junio de 2013. Una vez conocido el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea convalidando la legislación francesa en materia de financiación del servicio público radiotelevisivo quiere manifestar lo siguiente:

  • La posición del TJUE sobre la licitud de la aportación de los operadores de telecomunicaciones con servicios de internet a la financiación de la televisión pública, en la medida en la que pueda suponer un antecedente de la decisión pendiente sobre el caso español, despeja incógnitas importantes en relación a la situación económica de RTVE, que con una sentencia contraria podría haberse encontrado no sólo sin esa fuente de ingresos, sino también en la tesitura de hacer frente a devoluciones económicas importantes, incluso con intereses.
  • De todos modos, este fallo judicial no soluciona el problema fundamental de encontrar un modelo de financiación estable que garantice la sostenibilidad de la radio y la televisión pública estatal, así como su papel clave en el desarrollo de la industria audiovisual, de la alfabetización mediática de la ciudadanía y del funcionamiento del modelo democrático europeo.
  • Para AUC, una sentencia favorable en relación a las aportaciones económicas de las operadoras de telecomunicaciones supone un alivio para RTVE, pero también deben tenerse en cuenta las posibles consecuencias para el desarrollo de los servicios de banda ancha. Y, sobre todo, no puede hacer olvidar que el actual modelo de financiación requiere de modificaciones importantes que nos acerquen a otros estándares europeos.
  • En este sentido, la Asociación de Usuarios de la Comunicación sigue mostrando sus reticencias ante la aportación de las televisiones privadas a la financiación de la televisión pública, y reitera su posición favorable a una presencia limitada de la publicidad en TVE, tal y como ocurre precisamente en el caso francés, y a la aprobación del contrato programa todavía pendiente.
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Defensor Pueblo pregunta QUÉ PASÓ CON las emisoras comunitarias?

El Informe 2012 del Defensor del Pueblo descubre el bloqueo del Gobierno a la asignación de licencias a emisoras comunitarias.

Página 292 del Informe
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/Informe_2012.pdf

La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, prevé la
existencia de servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro, para lo cual se
requiere el correspondiente desarrollo reglamentario que habría de aprobarse en el plazo de 12
meses, desde la entrada en vigor de la ley, de conformidad con lo recogido en su disposición

transitoria decimocuarta.

En el año 2012 se ha puesto de manifiesto la ausencia del desarrollo reglamentario, por
lo que algunas entidades de distintas comunidades autónomas que despliegan su actividad en
ese campo no podían acceder a licencias o permisos correspondientes al Servicio de

comunicación comunitario, exceptuando aquellas que estuvieran en funcionamiento con
anterioridad al 1 de enero de 2009, al amparo de la disposición adicional decimoctava de la Ley
56/2007, de medidas de impulso de la sociedad de la información.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
indicó que habían elaborado los proyectos de reglamento general y de reglamento técnico de
prestación de los servicios de comunicación pública audiovisual comunitarios sin ánimo de

lucro, sometidos a trámite de audiencia a través de su presentación en la Comisión
Permanente del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
(CATSI), órgano asesor del Gobierno en materia de telecomunicaciones y sociedad de la

comunicación. Pero no especificaba la fecha prevista para llevar a cabo su aprobación, lo que
perjudicaba a aquellas entidades dedicadas a esta actividad.

Al apreciar que el plazo previsto finalizó el 1 de mayo de 2011, se formuló un

Recordatorio del Deber Legal de llevar a cabo el correspondiente desarrollo reglamentario tanto
del procedimiento de concesión de la licencia como de la concreción del marco de actuación de
los servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro, todavía sin respuesta

(expediente 11021105).

Protección de menores en Informe Defensor del Pueblo

Un año más, el Defensor del Pueblo ha comprobado que continúa produciéndose, de
forma reiterada, el incumplimiento de las normas reguladoras de la programación y de la
publicidad audiovisual, tanto por parte de cadenas públicas como privadas, y no se
respetan los límites impuestos para la protección de la juventud y de la infancia
(12007720, 12012530, 12017575, 12024417 y 12087261).

Al margen de las medidas de refuerzo normativo de la protección a la infancia frente a
contenidos inapropiados o perjudiciales para su desarrollo físico, mental o moral (como la
reforma del artículo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual,
efectuada por la Ley 6/2012, de 1 de agosto), una respuesta más efectiva a este problema de
masiva desatención de la normativa únicamente puede venir de la mano del establecimiento,
largamente reclamado por esta Institución, de un órgano de protección de los usuarios, con
capacidad de supervisión de los contenidos y potestades sancionatorias. Este es un ámbito en
el que es preciso cubrir el déficit regulatorio que España tiene respecto de sus socios
europeos.

En octubre de 2012, se remitió a las Cortes Generales, el Proyecto de Ley de Creación
de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, órgano en el que se pretende
agrupar las funciones de, entre otros organismos, la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones y el nonato Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que se creó por la
referida Ley General de la Comunicación Audiovisual. Esta Institución sigue con interés los
trabajos parlamentarios en curso y confía en que con ellos se llegue a la puesta en marcha de
una autoridad audiovisual dotada de instrumentos jurídicos eficaces y suficiente capacidad de
acción.

Ver página 220 Informe 2012 Defensor del Pueblo
Protección de los menores y jóvenes frente a determinados contenidos de
los medios de comunicación y difusión audiovisual
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/Informe_2012.pdf

Soraya advierte a Lara y a Berlusconi: RTVE volverá a emitir publicidad

Fuente:

http://www.hispanidad.com/Confidencial/soraya-advierte-a-lara-y-berlusconi-rtve-volver-a-emitir-publicidad-20130624-157317.html

Nos los cuentan en Moncloa: la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría advierte del duopolio que controla la información y la publicidad televisiva en España, el italiano Silvio Berlusconi y el español José Manuel Lara (en la imagen), que RTVE volverá a emitir publicidad. En otras palabras, que podría arrebatarle al resto del sector unos 300 millones de euros en publicidad, lo suficiente como para que los dos grandes tengan un serio problema.

Son los cálculos que maneja el presidente de la Corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique, aunque lo que las privadas obtuvieron cuando se suprimieron los anuncios en RTVE rozaba los 450 millones de euros.

Sáenz de Santamaría ya respondió a Hispanidad que todo dependería de que los tribunales europeos dieran la razón a los operadores de telecomunicaciones, que son los que ahora financian la televisión pública. Pues bien, Europa les dará la razón a las telecos como ya se la ha dado a las telecos francesas.

Para entendernos, es lo que Lara y Berlusconi habían considerado la línea roja. Les preocupa mucho más que la reducción del número se canales de TDT que RTVE vuelva a competir en el segmento publicitario. Entre otras cosas porque, no nos engañemos, resulta que tanto Tele 5-Cuatro como Antena3-La Sexta (Mediaset España y Atresmedia) han entrado en número rojos en el presente ejercicio por el descenso abrupto de la publicidad.

Por ejemplo, Atresmedia lleva ahora un desfase de más del 15% de publicidad sobre el presupuesto previsto. Además, Planeta está obligado a refinanciar, antes de fin de año, una deuda de 700 millones de euros. Sí, no es como la deuda de El Mundo (más 1.000) o de El País (más de 3.000 millones de euros), pero a Unedisa le salva la matriz italiana de RCS mientras PRISA se nos ha vuelto casi pepero. Si no, vean ustedes la edición del domingo 23 del diario El País: descubrirán a un gran estadista llamado Mariano Rajoy. Y es que hay que negociar con los bancos y Juan Luis Cebrián no quiere intromisiones del Gobierno.

Pero volvamos al duopolio. A Lara y a Berlusconi les preocupa mucho más la vuelta a la publicidad de RTVE que otra cosa. Pero es que, además, ya se ha tomado la decisión sobre los canales de TDT que hay que cerrar para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo sobre la materia (la demanda de un pirata dicho sea de paso), así como la introducción de la nueva tecnología 4G de telefonía móvil. En pocas palabras, no se cerrarán ni 7 ni 9 ni 17: sino ocho canales, dos por cabeza de cada uno de estos cuatro concesionarios: Tele 5-Cuatro, Antena 3-La Sexta, Net TV y Veo TV.

Y se sacará a concurso dos nuevos canales, no tres, como estaba previsto. Con eso hay hueco para dos cosas: para la mencionada tecnología 4G de móvil y para que al Estado no le salga caro resintonizar antenas.

Pero lo que preocupa al duopolio es la publicidad en RTVE. Y apenas ocultan sus amenazas: que el Gobierno se atengan a las consecuencias. Les soltamos a Jordi González y al Gran Woming en menos que canta un gallo.

Eulogio López

eulogio

Bruselas obliga a las TDT españolas a devolver 260 millones de ayudas ilegales

Fuente:

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/19/actualidad/1371636364_768081.html

Las subvenciones otorgadas para extender la red de difusión de la televisión digital terrestre (TDT) a las zonas más remotas y con dificultades orográficas en España eran ayudas de Estado y no respetaron la neutralidad tecnológica. Así lo establece la Comisión Europea en una resolución que resuelve un recurso interpuesto por la compañía europea de satélites Astra. Los operadores que transmiten las señales de la TDT tendrán que devolver 260 millones de euros. Junto a pequeñas redes locales, el principal operador de red es Abertis. La medida no afecta a los canales de televisión.

El conflicto comenzó en 2005, cuando España decidió subvencionar el paso de la televisión analógica a la digital, un proceso que culminó en abril de 2010. El Gobierno diseñó un plan para llevar las nuevas señales a núcleos demográficos inhóspitos, que abarcaban alrededor del 2,5% de la población. Esas subvenciones se otorgaron exclusivamente a la tecnología terrestre, dejando fuera otras alternativas, como el satélite o el cable. La Comisión, que recuerda que España no le notificó este proyecto, sostiene que la medida favorece “a la tecnología digital terrestre en detrimento de otras”.

Afirma que los operadores de plataformas terrestres “han recibido una ventaja selectiva con respecto a sus competidores que recurren a otras tecnologías, por lo que deberán reembolsarla al contribuyente español”. Las ayudas concedidas repartidas por las comunidades autónomas afectaron a unos 425.000 hogares.

El director general de Astra en España, Luis Sahún, ha afirmado que esta resolución pone de manifiesto que “se puede competir con los méritos de cada tecnología” y que "para el desarrollo industrial y la innovación es fundamental que el mercado de las telecomunicaciones sea abierto y que los usuarios puedan elegir”. Considera, además, que el satélite se ha demostrado como un medio rápido y barato para el despliegue de redes de televisión.

Astra, una compañía que tiene la sede en Luxemburgo, recuerda que opera en España desde hace muchos años y que es necesario que “las bases de la competencia sean las mismas en todos los países del la UE”.

La investigación de la Comisión puso de manifiesto que aquellas subvenciones se destinaron exclusivamente a la digitalización de la tecnología terrestre. En cambio, otras plataformas de transmisión alternativas, como el satélite, el cable o Internet, no pudieron acogerse a esas subvenciones aunque la plataforma por satélite, por ejemplo, habría estado disponible y podría haber cubierto todo el territorio”.

En los Estados miembros que respaldaron la conversión digital respetando el principio de neutralidad tecnológica, otros operadores de plataforma han participado con éxito en las licitaciones públicas, según la Comisión. “La medida española, por el contrario, falsea indebidamente la competencia entre los operadores de TDT y operadores que utilicen otras tecnologías. Los primeros han recibido una ventaja indebida en relación con sus competidores, por lo que deben reembolsar esas subvenciones improcedentes al contribuyente español”.

Además del recurso interpuesto por Astra, un operador local de Castilla-La Mancha reclamó también a Bruselas, con lo que esta investigación –que todavía no se ha resuelto- podría incrementar el montante de las ayudas que los operadores de red deben devolver.

AUC pide al Gobierno que se garantice la actual oferta de TDT en abierto

Ante el dividendo digital y la sentencia que anula el actual reparto de canales

La Asociación de Usuarios de la Comunicación pide al Gobierno que se garantice la actual oferta de TDT en abierto

AUC recuerda los desembolsos que vienen realizando los ciudadanos para poder acceder a la televisión digital, y espera que ese esfuerzo no se vea defraudado con una pérdida de canales y un empobrecimiento de los contenidos.

Madrid, 18 de Junio de 2013. La Asociación de Usuarios de la Comunicación ha dirigido sendas cartas a la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y al Ministro de Industria, José manuel Soria, en las que solicita al Gobierno un mensaje claro que tranquilice a los ciudadanos sobre el mantenimiento de la actual oferta televisiva y desmienta los rumores sobre posibles recortes en el número de canales de la TDT.

La Asociación se refiere a la situación creada por la confluencia entre el llamado “dividendo digital”, que supone destinar parte del espectro radioeléctrico para el desarrollo de la banda ancha, y el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo que anula el actual reparto de la TDT, planteando la necesidad de un concurso para la asignación de los nuevos canales resultantes del paso de la televisión analógica a la digital.

AUC destaca que, con todas las críticas que puedan hacerse a la actual oferta televisiva, los ciudadanos españoles pueden acceder de forma gratuita a una razonable variedad de contenidos generalistas y temáticos, que atienden a los gustos diversos de buena parte de la población y a segmentos de la audiencia especialmente sensibles, como es el caso de los menores. Y considera que, en estos momentos de crisis económica, la existencia de una oferta televisiva en abierto amplia y plural es más que nunca un bien social a proteger.

Según la Asociación sería “paradójico” que el esfuerzo económico que los ciudadanos vienen realizando, y seguirán realizando en el futuro, para adaptarse al nuevo entorno digital, no se vea compensado con una mejora del servicio de comunicación audiovisual televisiva, o al menos con su mantenimiento, sino que, por el contrario, el resultado final sea una TDT más pobre y de futuro más incierto.

AUC manifiesta su confianza en que no es ésa en absoluto la voluntad del Gobierno, y, en este sentido, pide al Ejecutivo que despeje las dudas sobre una posible desaparición de canales que, además de chocar con la legislación vigente, tendría, a su modo de ver, importantes efectos negativos para la población general: pérdida de variedad, puesta en peligro de futuros desarrollos de la alta definición, desatención a segmentos importantes de la población, etc. Y pide por ello que se mantenga la planificación radioeléctrica reservada a la TDT en el Plan Técnico Nacional presentado al CATSI en noviembre del año pasado.

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El gobierno admite que puede haber “retrasos” puntuales en el dividendo digital

Fuente:

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/servicio-de-telecomunicaciones/el-gobierno-admite-que-puede-haber-retrasos-puntuales-en-el-dividendo-digital_YEJfg6GGrzbC29VphefaF4/

El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, admitió este jueves que es posible que en el proceso de liberación de la banda de 800 Mhz para el despliegue de la telefonía de cuarta generación (4G), conocido como dividendo digital, haya algunos retrasos en ciertas zonas del país en las que este proceso es más complejo.

En el XV Encuentro del Sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación organizado por Ametic y por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), el secretario de Estado sostuvo que "esencialmente" se va a cumplir el objetivo de que el proceso de liberación de esta banda, que hasta ahora utilizaba la televisión digital terrestre (TDT), se produzca el 1 de enero de 2014.
Sin embargo, añadió que "puede que haya retrasos en zonas concretas" del país en las que el proceso es más complicado.
Calvo-Sotelo subrayó que el Ejecutivo está "terminando" el decreto técnico que regula este proceso de liberación de las frecuencias, pero admitió que "vamos con retraso sobre los calendarios previstos".
Este retraso se explica, según el secretario de Estado, por la sentencia del Supremo que declaró ilegal el reparto de los canales de la televisión digital terrestre (TDT), que "nos ha hecho tener que recomponer el proceso".
No obstante, confió en que, al final, se realizará de forma "significativamente más sencilla" a la prevista por el anterior Gobierno y "con un menor coste para los usuarios".
En este sentido, defendió la decisión del Gobierno de adelantar este proceso al 1 de enero de 2014, ya que "no tenía sentido que España decidiera voluntariamente quedarse en el furgón de cola de Europa".
También valoró que los operadores hayan adelantado el despliegue de la telefonía 4G aunque haya sido en las frecuencias de 1,8 y 2,6 Ghz, que tienen "menor alcance y menor posibilidad de penetrar en los edificios.
Sin embargo, subrayó que "pese a estas limitaciones", las compañías se han lanzado al despliegue de esta tecnología ya que en el "horizonte" está la liberación de la banda de 800 Mhz.
Preguntado sobre si habrá nuevas subastas de espectro entre los operadores, explicó que está previsto para el futuro un segundo Dividendo Digital en la banda de 700 Mhz, aunque añadió que en esta ocasión el proceso se realizará con una mayor coordinación por parte de la Unión Europea.
En cuanto a la sentencia del Supremo que declaró ilegal el reparto de canales de la TDT, apuntó que el Ejecutivo dará cumplimiento a esta sentencia.
Sobre un nuevo reparto de estos canales, aseveró que la legislación actual establece que "si hay un espectro que se planifica pero no está adjudicado, el Gobierno debe realizar un concurso", aunque añadió que van a "valorar" esta situación.

(SERVIMEDIA)