La CNC censura el futuro marco de las “telecos”

ImagenFuente: Iuris&Lex El Economista

PIDE MULTAS MÁS DURAS PARA LAS SANCIONES GRAVES Y CUESTIONA LAS LIMITACIONES QUE IMPONE LA NORMA A LOS OPERADORES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

 

La CNC critica la imposición de obligaciones que discriminan a unos agentes económicos frente a otros.

El texto contiene puntos que inciden, “de forma poco clara y escasamente proporcionada”, en materia de competencias.

“No parece proporcionado prohibir que los operadores públicos accedan a subvenciones o créditos reembolsables”.

Se debe mejorar la coordinación con la Ley de Defensa de la Competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas.

El futuro marco legal para las telecos en el que trabaja el Gobierno ya ha sido objeto de censura por parte de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), uno de los órganos encargados de emitir informe sobre las pros y contras del Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que ya se encuentra en tramitación. La primera conclusión es que las sanciones que prevé la norma no son suficientes: se pide que éstas asciendan, en los casos graves, al 10 por ciento de los ingresos, así como evitar que se reduzcan a cifras absolutas.

En opinión de la CNC, resultan “especialmente preocupantes los límites impuestos a las multas, establecidos en cifras absolutas (como máximo 20 millones de euros, en el supuesto más grave) y no vinculados a la capacidad económica del infractor”. De esa forma, y en “los supuestos de transgresión de las obligaciones regulatorias que imponga la CNMC, estos límites pueden dar lugar a que las sanciones tengan escaso potencial desincentivador”. Según la CNC, el importe máximo de la sanción ofrece un impacto reducido en comparación con la facturación de las empresas con poder significativo de mercado.

Por ello, la Comisión propone que se exija un máximo del 10 por ciento de la facturación de las empresas responsables, “lo que permite graduar la sanción en función de la gravedad de la conducta, el carácter desincentivador que debe tener, y la capacidad económica de la empresa”.

En general, las modificaciones introducidas suponen una reducción de los supuestos de infracción grave o muy grave en materia de interceptación legal de las comunicaciones, aplicando el criterio de reservar esta calificación a las conductas que revisten especial importancia y vulne- ran los derechos de las personas al secreto de las comunicaciones. Los supuestos de infracciones administrativas que no afectan a los derechos de las personas ven rebajada la calificación a infracciones leves. La CNC “no plantea objeciones a la orientación de los cambios que en la tipificación de las infracciones plantea el anteproyecto”, exceptuando lo relativo a las sanciones que prevé la norma.

Otra objeción se encuentra en las competencias sancionadoras: debería valorarse invertir el enfoque del artículo 84, atribuyendo a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (SETSI) la competencia sancionadora exclusivamente con relación a los supuestos en los que la ley le atribuye funciones regulatorias o de control, y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el resto de los casos. Del mismo modo, se recomienda aproximar los regímenes sancionadores previstos en la Ley General de las Telecomunicaciones y en la Ley de Defensa de la Competencia, en la medida en que ambos regímenes sancionadores deberán aplicarse por el mismo organismo, la CNMC.

 

Más seguridad jurídica, más agilidad y más inversión.

La norma parte de la idea de introducir reformas estructurales en el régimen jurídico de las tele- comunicaciones, que faciliten a los operadores el despliegue de sus redes y la prestación de sus servicios, lo que redundará en “una oferta de servicios a los ciudadanos con mayor cobertura, más innovadores y de mayor calidad”. También se persigue mejorar la seguridad jurídica, al compendiar el marco europeo de comunicaciones electrónicas, que fue aprobado por la Unión Europea en el año 2002 -modificado en diversas ocasiones, la última en 2009- y que contiene el llamado paquete sobre telecomunicaciones. Éste se ideó para refundir el marco regulador del sector y hacerlo más competitivo, mejorando la calidad del servicio en general.

En este marco, la reforma propuesta por el Gobierno pone un énfasis especial en la necesi- dad de fomentar la inversión, algo necesario para soportar el despliegue de redes de telecomu- nicaciones electrónicas de nueva generación, debido a su alto coste y el riesgo elevado que su- pone asumir su desarrollo. Sin embargo, aunque la CNC está de acuerdo con la necesidad de fo- mentar el crecimiento del sector -un objetivo perfectamente compatible y acorde con el de las normas comunitarias-, algunas de las reformas planteadas no se orientan tanto a la eliminación de obstáculos o a la mejora de los incentivos, como a la imposición de obligaciones que, de hecho, pueden limitar los incentivos a invertir y generar distorsiones en los mercados de comunicaciones electrónicas.

En particular, el informe de la CNC pone de manifiesto la necesidad de que se revise el texto del anteproyecto en relación con la imposición de obligaciones, que discriminan a unos agentes económicos frente a otros, introduciendo distorsiones en el mercado y limitando los incentivos a competir y a invertir. Así, el anteproyecto propone obligaciones que afectarían sólo a los operadores de otros sectores económicos (transporte y distribución de gas, electricidad, agua, gestores de redes ferroviarias, concesionarios de autopistas, titulares de puertos o aeropuertos, etc.) y de las que serían beneficiarios, exclusivamente, los operadores del sector de las comunicaciones electrónicas.

Estas obligaciones de acceso y uso de infraestructuras de los operadores de otros sectores pueden generar incentivos más reducidos a invertir e innovar por parte de estos operadores de otros sectores (al limitar su capacidad para rentabilizar estas inversiones), así como de los ope- radores del propio sector de telecomunicaciones (al tener un acceso garantizado a las infraes- tructuras construidas por otros). Asimismo, es probable que estas obligaciones generen distorsiones en mercados, como los relacionados con la fibra oscura, donde los operadores de otros sectores ejercen una presión competitiva significativa.

En definitiva, el informe recuerda que, “sólo en un entorno en el que se garantice la libre competencia entre los distintos operadores, es posible facilitar el despliegue de nuevas redes y la presta- ción de servicios en condiciones beneficiosas para los consumidores, más innovadores y de mayor calidad”. Así, “un entorno competitivo genera los incentivos más adecuados para que los agentes económicos puedan adoptar decisiones de inversión óptimas”.

 

Limitaciones a la actuación de operadores públicos.

La CNC comparte con el Anteproyecto de ley la “conveniencia de fijar criterios para la actuación de los operadores públicos”, con el fin de promover un comportamiento competitivo de éstos. El origen del endurecimiento de la regulación para este sector se encuentra en la necesidad de “corregir comportamientos de las administraciones públicas que han podido generar distorsiones en los mercados”, objetivo que la CNC comparte. Sin embargo, algunas de las obligaciones y limitaciones que propone el texto “no se ajustan a este objetivo y, por el contrario, es probable que generen distorsiones en los mercados de comunicaciones electrónicas, además de conflictividad jurídica”.

Por ejemplo, “no parece proporcionado prohibir que los operadores públicos accedan a subvenciones o créditos reembolsables de cualquier administración (lo que incluiría, por ejemplo, los programas comunitarios), cuando ya se ha recordado la necesidad de respetar la normativa de ayudas públicas”. Por ejemplo, la actividad de estos operadores incluye la extensión de las redes de comunicaciones electrónicas -como la banda ancha- a áreas de escaso interés económico, susceptibles de recibir apoyos públicos”.

Así, “eliminar la posibilidad de que los operadores públicos con participación pública reciban estos apoyos, supondría reservar este mercado (y los apoyos públicos) a operadores privados, que podrían tener mayor incentivo que los públicos en explotar las redes subvencionadas en condiciones de exclusividad, afectando negativamente a la competencia”.

En este marco, también se habla del potencial aumento de la conflictividad jurídica entre distintas administraciones públicas, entre operadores de unos sectores y otros, y entre operadores y administraciones públicas al que, previsiblemente, dará lugar el proyecto. Esta conflictividad jurídica “derivaría principalmente de disposiciones del Anteproyecto que inciden, de forma poco clara y escasamente proporcionada, en competencias de distintas administraciones públicas, como, por ejemplo, las relativas a urbanismo y planificación del territorio o a defensa de los consumidores y usuarios”. Este entorno de conflictividad generaría un aumento de la incertidumbre jurídica y económica, que dificultaría, tanto la inversión, como el desarrollo competitivo de los mercados.

 

Un enredo institucional.

Por otra parte, el informe de la CNC considera que se debe aprovechar la reforma integral de la Ley General de Telecomunicaciones para mejorar la coordinación en su aplicación y la de la Ley de Defensa de la Competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas, con el objetivo de impulsar la competencia efectiva.

Para ello, “no sólo es precisa una definición adecuada de los objetivos e instrumentos de la regulación ex ante, sino que se requiere una atribución de funciones entre las distintas Autoridades Na- cionales de Reglamentación que facilite la aplicación coordinada de ambas normas en el sector de las comunicaciones electrónicas”.

Además, la CNC considera que debe mejorarse la coherencia entre las funciones y los procedimientos que deberá aplicar la futura Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), como Autoridad Nacional de Reglamentación, y los que deberá aplicar como Autoridad Nacional de Competencia.

El informe de la CNC destaca, también, la importancia que tiene garantizar que el nuevo marco institucional que se diseña en el proyecto de Ley de Creación de la CNMC, y que se desarrolla en el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, sea coherente con el objetivo de delimitar claramente las funciones del nuevo organismo en la aplicación de la regulación sectorial, por un lado, y de la normativa de defensa de la competencia, por otro, estableciendo los necesarios cauces de coordinación, tanto en el seno de la CNMC, como entre la CNMC y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Por último, y en relación con la llamada Ley paraguas, la CNC señala que sería conveniente dejar claro en el texto de la ley que, la firma de proyectos de ICT, queda abierta a todos los ingenieros e ingenieros técnicos, por lo que debe eliminarse la referencia a los ingenieros de telecomunicaciones en exclusiva. La idea es asumir la última jurisprudencia del Tribunal Supremo con respecto a la discutida cualificación técnica necesaria para verificar de forma externa esta clase de proyectos técnicos.

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UN TEXTO QUE INCORPORA LAS ÚLTIMAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA.

MÁS INVERSIÓN, MÁS PROTECCIÓN AL USUARIO.

El Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones presentado por el Gobierno trae de la mano la creación de “un marco incentivador de inversiones y mejora la protección de los usuarios”, tal y como asegura La Moncloa en su referencia a las principales novedades del texto. Así, se incorporan al ordenamiento jurídico interno las Directivas europeas integradas en el paquete Telecom, aprobado en noviembre de 2009. La Ley establece un marco más adecuado para la realización de inversiones para el despliegue de redes de nueva generación, que permitirán ofrecer a los ciudadanos velocidades de acceso a Internet superiores a los 100 Mbits por segundo. Además, los usuarios finales tendrán derecho a recibir mayor información sobre los servicios que reciben, y la portabilidad deberá realizarse en el plazo de un día laborable. Se modifican también las competencias y el funcionamiento de los organismos reguladores, y se refuerzan las competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. La Ley es la norma principal que regula el sector de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, quedando excluidos de su regulación los servicios de comunicación audiovisual y los servicios de la Sociedad de la Información.

El TSXG admite a trámite la demanda de la ReMC

ImagenEl Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha admitido a trámite la demanda de la Red de Medios Comunitarios (ReMC) del Estado español contra el concurso destinado a otorgar las licencias disponibles en Galicia para la emisión en frecuencia modulada. La causa de la impugnación es el veto a la participación de los medios comunitarios en el reparto de licencias a pesar de que la Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2010, reconoce a este tipo de medios como un derecho de la ciudadanía.

En la comunidad autónoma de Galicia existen medios libres y comunitarios desde hace tres décadas, sin que hasta la fecha las diversas administraciones les hayan otorgado licencias para desarrollar su actividad, pese a contemplarlas en la normativa reiteradamente. No hay que olvidar que la Resolución del Parlamento Europe A6-0263/2008, “Pide a los Estados miembros que pongan a disposición de estos medios el espectro de frecuencias, analógica y digital, de radio y televisión, teniendo en cuenta que el servicio prestado por los medios de comunicación comunitaria no se ha de evaluar en términos de coste de oportunidad o justificación del coste de adjudicación del espectro, sino por el valor social que representa”, y que la actividad de los medios comunitarios se encuentra legalmente protegida en la mayoría de los países europeos.

La Xunta pretende otorgar las 85 licencias de las que dispone a servicios de comunicación comercial, agotando así el espectro planificado disponible e imposibilitando por la vía de hecho el ejercicio del derecho a comunicar a través de medios comunitarios en condiciones dignas.

Jiménez Losantos vende las licencias de Libertad Digital TV en Madrid

Fuente: eleconomista.es

Enlace a la noticia: http://ecoteuve.eleconomista.es/ecoteuve/empresas/noticias/4684114/03/13/Libertad-digital-vende-sus-licencias-de-tdt-en-madrid-a-la-multinacional-americana-cristiana-tbn.html

ImagenEl Grupo Libertad Digital ha vendido sus cuatro licencias de TDT en la Comunidad de Madrid a TBN España Media, división española de la multinacional estadounidense de televisión cristiana TBN (Trinity Broadcasting Network).

Con la venta de sus cuatro títulos de emisión (Madrid, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Móstoles), la señal de LDTV desaparecerá del dial de la TDT madrileña, aunque el programa de Federico Jiménez Losantos podrá seguirse desde este lunes en directo través de Intereconomía TV, después de que la semana pasada se anunciara su fichaje por la cadena de Julio Ariza, donde también será colaborador de El gato al agua.

Según informa Libertad Digital en un comunicado, esta venta de licencias permitirá “no sólo la continuidad del grupo Libertad Digital, sino su consolidación, ya que permitirá afrontar la expansión de esRadio, que en esta temporada ya ha sumado a la cadena una decena de licencias de radiodifusión”.

La venta contribuirá también a “agilizar negociaciones privadas en marcha y a abrir otras nuevas hasta conseguir una expansión representativa de nuestro proyecto de comunicación”.

Esta temporada, Libertad Digital ha incorporado una frecuencia en Albacete y seis en Galicia. Meses después, se unió Asturias (93.2 FM), fruto de un acuerdo entre Libertad Digital y el empresario Luis Eduardo García.

En cuanto a las concesiones administrativas, Libertad Digital ha resultado adjudicataria de una licencia de FM en Peralta tras resolverse el concurso convocado por la Comunidad de Navarra. Siguen pendientes de resolución los concursos de adjudicación de licencias de FM en los que esRadio está presente en Galicia, Castilla y León, Murcia y Valencia. En los cuatro casos se trata de concursos que han sufrido aplazamientos, suspensiones o modificaciones pero, en todos ellos, esRadio aspira a obtener licencias.

IV Congreso Nacional ULEPICC España

15-16 noviembre 2012. Universitat Jaume I de Castellón.

ULEPICC-España es una asociación de docentes e investigadores de la comunicación, del Estado español.

El objetivo del IV Congreso Nacional de ULEPICC – España es impulsar la reflexión sobre las relaciones que se establecen entre el ámbito de la comunicación, por un lado, y la democracia, por otro, desde la óptica de la economía política de la comunicación.

En este sentido, se pretende analizar la influencia de la comunicación como herramienta de regeneración de las democracias actuales, en un contexto marcado por la convergencia digital, la globalización del sistema comunicativo y la emergencia de nuevos canales de comunicación, como la web 2.0 y los medios sociales, que están propiciando transformaciones socio-políticas relevantes que afectan tanto a la producción, la distribución y el consumo de productos y contenidos comunicativos como a la participación, la movilización y la acción política. En este marco, los nexos entre democracia, comunicación y sociedad civil se están redefiniendo en profundidad, algo que hace que la investigación científica de estos procesos, desde una óptica crítica, resulte más necesaria que nunca.

Programa del IV Congreso Ulepicc España 2012
http://2012ulepicc.wordpress.com/

V Premio para la Diversidad en el Audiovisual

La Mesa convoca el V Premio para la Diversidad en el Audiovisual con el objetivo de promover una mejor representación de la diversidad cultural en los medios audiovisuales de Cataluña.

Existen cuatro categorías específicas:

Categoria A. Programas de televisión
Categoría B. Programas de radio
Categoría C. Produciones audiovisuales
Categoria D. Trayectoria de fomento de la diversidad en el ámbito de la comunicación audiovisual

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 20 de diciembre de 2012.

Se pueden consultar les bases en http://www.mesadiversitat.cat/bases_requisits/

Industria se gasta 2,6 millones en un plan para explicar otra resintonización de los televisores

Fuente: El Confidencial

http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2012/11/05/industria-se-gasta-26-millones-en-un-plan-para-explicar-otra-resintonizacion-de-los-televisores-108476/

La fecha mercada en rojo en el calendario es el 1 de enero de 2014. Ese día, las telecos deberían tener a su disposición para servicios de banda ancha el espacio en el espectro radioeléctrico que hoy ocupan las cadenas de televisión. Una migración de canales que obligará a resintonizar de nuevo todos los televisores y, lo que es peor en plena crisis económica y presupuestaria, a lanzar una ambiciosa campaña para informar a los usuarios sobre los cambios. El plan de comunicación ya tiene precio. Y las consultoras se frotan las manos. Red.es, organismo adscrito al Ministerio de Industria, acaba de lanzar una jugosa licitación de 2,6 millones de euros para dar a conocer el llamado dividendo digital.

Según consta en el pliego de prescripciones técnicas hecho público por la entidad pública empresarial, la sociedad agraciada tendrá como misión “divulgar las actuaciones a desarrollar para la liberación del dividendo digital, informando a la ciudadanía sobre las tareas a realizar para la resintonización de sus equipos de televisión y para la adaptación de las instalaciones de recepción comunitaria, cuando sea necesario”. Lo será para 1,2 millones de inmuebles. Es más, el secretario de Estado, Víctor Calvo-Sotelo, ya dejó claro que serán los consumidores quienes tendrán que hacer frente al coste de la reantenización y cifró el gasto en 20 euros por familia.

El procedimiento daba de plazo hasta el 30 de octubre para la presentación de ofertas y hasta nueve consultoras han realizado una propuesta, entre ellas gigantes como Bassat Ogilvy, Arena Media o Vizeum Iberia, de Aegis Media. El plan, que tendrá una duración de cuatro meses, incluye la elaboración de la estrategia de comunicación, el servicio de diseño y producción de la misma, así como la planificación, desarrollo y ejecución de un plan de publicidad en medios de comunicación, desde televisión, prensa y radio, pasando por Internet y redes sociales. La firma que obtenga el contrato también se comprometerá a elaborar los informes de evaluación y resultados.

La campaña, que se está desarrollando mediante el procedimiento negociado urgente sin publicidad, tiene también como objetivo declarado “transmitir los beneficios económicos, sociales y culturales que la liberación del dividendo digital significará para el conjunto de la sociedad”. Precisamente el plan se lanza cuando el Ministerio de Industria ultima un acuerdo con las televisiones privadas para mover sus frecuencias. Los canales de TDT, que ocupan actualmente la banda de frecuencias comprendidas entre los 790 y 862 MHz, deben dejar libre ese espacio, ideal para servicios de mayor interés económico como los servicios 4G.

En lugar de acometer una migración completa, las televisiones habrían accedido a reducir el espacio que ocupan en el espectro sin perder canales, gracias a una mayor compresión de la señal. Todo para abaratar un proceso que el Ejecutivo socialista estimaba en 900 millones y el PP quiere solventar por 300. Por el camino, eso sí, quedan gravemente comprometidas nuevas tecnologías como la alta definición o las 3D, que necesitan más ancho de banda.

Posibles interferencias

No será el único problema que tendrán que afrontar los hogares. Como publicó El Confidencial y según se desprende de un reciente informe del regulador británico para las comunicaciones (Ofcom), el desplazamiento de las cadenas en el espectro radioeléctrico y la entrada de los servicios 4G provocará interferencias en unos 900.000 hogares de Reino Unido si no se toman medidas. La situación se agrava en España, que ha confiado toda la recepción de la señal televisiva a la vía terrestre. Al punto que más de un millón de usuarios podrían verse afectados.

“El hecho de que coexistan servicios diferentes –televisión y móviles- en bandas de frecuencia adyacentes genera interferencias, ya que los equipos y antenas receptoras de TDT están diseñados para recibir frecuencias en la banda 470MHZ-862 MHz, incluyendo los bloques que se asignarán a servicios móviles”, explican fuentes del sector. ¿Puede evitarse? Sí, pero previo pago de su importe. Ofcom ha calculado que la instalación de filtros en las antenas o una eventual migración de plataforma al satélite o al cable supondrán un coste para Reino Unido de 180 millones de libras (en torno a 230 millones de euros), lo que representa 255 euros por afectado.

Según añaden estas fuentes, la cuestión puede ser todavía más inquietante en España, ya que la TDT alcanza casi al 100% de los receptores, mientras que en Reino Unido apenas al 41%. Si se extrapolan los datos del regulador británico, en torno al 8% de las familias españolas podrían verse en problemas para recibir la señal en buenas condiciones. De acuerdo con los datos del INE, España cuenta con 17,5 millones de hogares. ¿Quién paga la ronda? Si se producen interferencias con la incorporación de las telecos y los servicios 4G, la normativa establece que el coste deberá ser asumido por el operador móvil adjudicatario de la frecuencia.

En concreto, el Real Decreto 458/2011, sobre actuaciones en materia del espectro radioeléctrico para el desarrollo de la sociedad digital, recoge que “en caso de que se produjeran interferencias o perturbaciones al servicio de radiodifusión de televisión, el concesionario del servicio de comunicaciones electrónicas vendrá obligado a efectuar las correcciones técnicas necesarias para su completa eliminación, asumiendo, en su caso, el coste de las modificaciones a realizar”. El Gobierno ha llevado a cabo subastas del espectro entre las compañías de telecomunicaciones por importe de 1.647 millones de euros, con Telefónica, Vodafone y France Telecom como principales adjudicatarios.

En defensa de un periodismo al servicio de la ciudadanía

El Foro de Organizaciones de Periodistas presentó su manifiesto el 26 de octubre en un acto presidido por Federico Mayor Zaragoza.

Audios de las intervenciones

NOTA DE PRENSA

Hoy viernes 26 de octubre a las 19 hs, en el Ateneo de Madrid, el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) dará conocer su “Manifiesto en defensa de un periodismo al servicio de la ciudadanía” elaborado por el Foro de Organizaciones de Periodistas.

El documento llama a “todas las fuerzas políticas, administraciones públicas y asociaciones representativas de los medios privados para que contribuyan con responsabilidad a preservar el derecho de la ciudadanía a disponer de información de calidad y salvaguardar un valor esencial de la democracia.”

Las organizaciones firmantes de este manifiesto consideran, dado el grave estado de la información y la comunicación, “imprescindible la constitución de una mesa sectorial de diálogo que esté integrada por las autoridades de la Administración vinculadas a la comunicación, las asociaciones empresariales y las organizaciones profesionales y sindicales de este mismo ámbito.”
El acto de presentación lo presidirá Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz, junto a Ana Isabel Segovia, socia fundadora de la Unión Latina de la Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC-España) e integrante de la comunidad universitaria que lanzó en febrero último el “Manifiesto por el cambio cultural y comunicativo”; y el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, Alejandro Perales.

El FOP está integrado por: Periodistas de CCOO, Agrupación General de Periodistas de UGT, Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión, Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, Col·legi de Periodistes de Catalunya, Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y Sindicat de la Imatge-UPIFC.

El Supremo decidirá en un mes si anula la concesión de los canales nacidos con la TDT

Fuente: vozpopuli.com

http://www.vozpopuli.com/tecnologia-y-medios/15715-el-supremo-decidira-en-un-mes-si-anula-la-concesion-de-los-canales-nacidos-con-la-tdt

El Tribunal Supremo votará y fallará, el próximo 13 de noviembre, un recurso que estima que la concesión por parte del Gobierno de Zapatero de los canales surgidos con la implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) fue irregular. De prosperar la demanda presentada por Infraestructuras y Gestión 2002, firma con domicilio social en Vitoria, las televisiones nacionales se verían obligadas a cesar la emisión de 17 de los 24 canales de ámbito Estatal, teniendo que terminar con los segundos y terceros con los que los grupos de comunicación completan desde hace años su oferta de programación.

El recurso expone que, con la llegada de la TDT, el Ejecutivo amplió las licencias de Antena 3, Telecinco, Cuatro, La Sexta, Veo (Unidad Editorial) y Net (Vocento-Intereconomía) sin mediación de subasta o concurso público alguno, según expone la documentación entregada a la Sala de los Contencioso-Administrativo por parte de la representación legal de Ingest 2002.

El apagón analógico supuso que la nueva tecnología con el que se ocupó el espacio radioeléctrico permitiese un uso más eficiente del mismo y en consecuencia el poder multiplicar el número de canales que se emiten en España. El Gobierno de Zapatero, mediante una disposición transitoria a la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), amplió las concesiones con el objetivo de facilitar la implantación de la nueva tecnología. Expuso como pretexto “el interés general” que supondría facilitar la conversión de la emisión analógica a la digital. El Consejo de Ministros anunció la medida como “transitoria”. De hecho, en 2009, el Supremo desestimó, pese a la disconformidad de varios magistrados, otro recurso presentado Ingest 2002 sobre el mismo asunto. El tribunal basó su decisión en el carácter temporal de la medida.

Pero al contrario que en otros países europeos, el Gobierno de España eludió una vez consolidada la transición digital poner en marcha una licitación para concursar por los nuevos canales. Cabe destacar que varios países europeos conmutaron las licencias de cada canal analógico por otro digital, en lugar de por tres como en España. Pero bajo el paraguas de ampliar la pluralidad de la oferta televisiva, el 16 de julio de 2010, el Consejo de Ministros adjudicó de manera definitiva las 24 las frecuencias digitales a las televisiones que ya los estaban operando.

Los actuales adjudicatarios son los únicos que cuentan con solvencia económica y técnica para prestar el servicio.

Fuentes del sector, vinculadas a los principales operadores, consideran que el recurso de Ingest 2002 quedará en “agua de borrajas”. Los grupos afectados han solicitado el archivo de la demanda. Argumentan, entre otras cuestiones, que los actuales adjudicatarios son los únicos que cuentan con solvencia económica y técnica para prestar el servicio, además de que la LGCA permite determinadas excepciones para la ampliación de licencias.

Pero más allá de la legalidad o no del proceso que juzga el Alto Tribunal, la demanda pone de manifiesto el singular método con el que el Gobierno de España contentó a todos los operadores ya presentes en el mercado. Hasta 2006, convivían 6 canales privados de televisión nacional: Antena 3, Tele 5, Cuatro y La Sexta emitiendo de manera simultánea en analógico y digital, además de Net y Veo emitiendo sólo en digital. Estas licencias fueron concedidas por concurso por la Ley 10/1998. La tensión generada con Telecinco y Antena 3 que implicó el desembarco en la televisión en abierto 24 horas de Sogecable (Cuatro) y de La Sexta, más la presión del lobby de los nuevos operadores controlados por Unidad Editorial y Vocento, llevó al Ejecutivo a tomar una determinación que supuso que todos los grupos se beneficiaran de nuevos canales. Esta medida, en opinión de fuentes independientes del sector, frenó la incorporación de nuevos competidores que podrían haber pujado por un espacio de titularidad pública y por el que el Estado podría embolsar importantes sumas de dinero. La realidad del sector en 2012 es que los grandes operadores (Mediaset-Telecinco y Antena 3) han absorbido a los nuevos surgidos con la TDT consolidando un duopolio televisivo. Mientras, Vocento y Unidad Editorial se han visto obligadas a ceder sus frecuencias a operadores extranjeros para poner freno a los números rojos que les suponía la explotación comercial directa de las mismas.

Relator de la ONU presentó informe sobre la libertad de expresión

Frank LaRue presentó informe sobre la libertad de expresión en El Salvador

Fuente:www.voces.org.sv

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y el instituto DEMOS de Guatemala, con el apoyo de Open Society Foundations, presentaron ante periodistas, funcionarios públicos y líderes de organizaciones sociales del país que trabajan en la promoción y defensa de la libertad de expresión, el informe anual del relator especial de opinión y expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank LaRue.

Ada Sánchez

El informe señala que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos de las y los periodistas suceden donde hay conflictos armados, al igual que en países que existe un impunidad política y una permeabilidad del narcotráfico, como es el caso de México y Honduras.
Además, LaRue explicó que los desafíos que enfrenta el ejercicio periodístico en América Latina, particularmente en temas como la cobertura de protestas y temas sensibles, así como los derechos humanos, corrupción, crimen organizado, narcotráfico y emergencias públicas, deben de ser una preocupación de las instituciones de gobierno, así como para los medios de comunicación.

De igual forma, considera que los desafíos que enfrentan los defensores de la libertad de expresión son un problema generalizado, el cual se refleja directamente en el ejercicio periodístico, pues existen leyes que se encaminan a negar este derecho.
Al mismo tiempo, el relator consideró en su informe que es responsabilidad de los Estados garantizar la libertad de expresión y combatir la impunidad en torno a las agresiones que sufren los periodistas en el ejercicio de su profesión.

Por su parte, José Luis Benítez, presidente de la APES, considera que existe necesidad de hacer una evaluación acerca de las medidas y las condiciones de seguridad en que actualmente se desarrolla el ejercicio periodístico en el país.
“Lo que nosotros conocemos sobre éstos temas, se evidencia que hay medios que toman medidas de protección para los periodistas, pero aún hay otros medios en donde éstos temas son muy insipientes, hay poca accesibilidad, por ejemplo, nos contaban de una colega, que la mandaron a cubrir una marcha estando embaraza. Todos sabemos que las marchas pueden volverse violentas en cualquier momento, ese tipo de decisiones son fundamentales”, aseguró Benítez.

También explicó que existen sectores que atentan contra la libertad de expresión y la censura del periodista, “En El Salvador, hemos visto los últimos años agresiones e intolerancia política, esos son los tipos de violencia que enfrentan los periodistas sobre todo, esa intolerancia se orienta hacia algunos medios, pero agreden al periodista, al igual que el crimen organizado está generando sobre todo una autocensura, también el caso de pandillas, creo que hay un ambiente de violencia que genera un miedo de cubrir éstos temas y eso no debe de suceder”.

Anulada la bajada del sueldo de 2010 del 5% a los trabajadores de Telemadrid

FUENTE:

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/19/madrid/1348040982_460259.html

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anula la reducción del 5% de la nómina de los trabajadores de Telemadrid y de Onda Madrid que decidió el Gobierno regional en aplicación de la medida adoptada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de bajar el sueldo a los empleados públicos a partir de julio de 2010. El ente público tendrá que devolver a los empleados la parte del sueldo que dejaron de ingresar. Un portavoz de Telemadrid aseguran que han recibido hoy la sentencia y deben valorarla antes de tomar la decisión sobre un posible recurso, para el que tienen un plazo de 10 días. Desde el comité de empresa celebran la noticia, que creen que puede servir de ejemplo para otros trabajadores de compañías públicas.

La decisión del TSJM, que esta mañana ha avanzado la Cadena SER, se basa en que la medida no puede aplicarse a las empresas públicas mercantiles a no ser que se haga con el acuerdo de los trabajadores, ya que se deben respetar los convenios colectivos. La medida afecta por tanto a los empleados de las sociedades anónimas de Telemadrid y Onda Madrid, pero no a los del ente público (la empresa matriz) por no ser de carácter mercantil, según detalla Carlos Alonso, secretario del comité de empresa de Telemadrid. “Estamos muy contentos, salvo por los compañeros que quedan excluidos”, expresa antes de explicar que estos son en torno a un centenar de los 1.070 trabajadores de la plantilla.

El tribunal madrileño recuerda en su fallo que el Constitucional ya ha dejado claro que las medidas en materia salarial que decida el Gobierno central no pueden ser “contrariadas” por las comunidades, citando una sentencia sobre la ley de presupuestos del País Vasco en 1997, que contradecía la congelación salarial fijada por el Estado. Por ello, anula la decisión de bajar el sueldo porque el Gobierno de Zapatero no incluyó a los trabajadores de empresas públicas mercantiles entre los afectados por la medida, pese a que un decreto regional sí los incorporaba en el caso de la Comunidad de Madrid.

La medida supone un coste global de cinco millones de euros para la empresa, según la estimación del comité, en el que tienen presencia CC OO, CGT y UGT. “En caso de que decidan recurrir, tendrían que depositar esa cantidad, lo cual parece complicado en la actual situación. Aunque quizá para esto sí haya dinero”, advierte Alonso. Desde Telemadrid, un portavoz rechaza valorar la posibilidad del recurso hasta haber estudiado con detalle la amplia sentencia: “No podemos hacer declaraciones hasta haber revisado todo su contenido”, señala.

La sentencia llega en un momento de conflicto en el ente público, al haberse anunciado su privatización y avanzado que los trabajadores se verán afectados por despidos. Ante la posibilidad de que esta sentencia pueda influir en alguna medida en el proceso, Alonso señala que de momento este se encuentra en una etapa muy inicial –hoy se conocerán las ofertas de las empresas interesadas en elaborar el estudio de viabilidad del ente público–, pero en todo caso muestra su disposición a negociar: “Nosotros siempre estamos abiertos a colaborar en la búsqueda de soluciones”.

La decisión del TSJM se suma también a la del Tribunal Supremo, que en marzo respaldó un fallo previo de la Audiencia Nacional que declaraba nula la rebaja del sueldo en un 5% impuesta por el Gobierno a los directivos de Aena, Renfe y Adif en 2010.