El TSJ declara nulo el ERE de RTVV

Fuente: www.elpais.com

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha declarado nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) ejecutado en Ràdio Televió Valenciana (RTVV), por el que fueron despedidos un millar de trabajadores.

El fallo de la sentencia dice que estima las demandas presentadas presentadas por CC OO, Intersindical, UGT y CGT: "(…) En consecuencia declaramos la nulidad de la decisión adoptada en fecha 21 y 22 de agosto de 2012 en relación a la medida de extinción de los contratos de trabajo de empleados de su plantilla con derecho a la reincorporación de los trabajadores afectados en sus correspondientes puestos de trabajo, condenando a la parte demandada a estar y pasar por la presente declaración".

Contra la sentencia, cabe recurso de casación, que podría prepararse "dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes a la notificación". El recurso se deberá presentar ante el Tribunal Supremo.

En la argumentación de la sentencia se alude a la vulneración de la normativa de los expedientes de regulación de empleo, así como de los derechos fundamentales, recogidos en la Constitución.

La sentencia supone un tremendo varapalo para la Generalitat y se produce justo cuando RTVV ha iniciado el proceso de privatización del grueso de su programación (a excepción de los informativos). Con una deuda financiera acumulada de 1.200 millones, el vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, ha reiterado durante la ejecución del ERE y la demanda contra el mismo que una sentencia de nulidad podría suponer el cierre de RTVV.

Inicialmente, los despidos debían afectar a 1.198 trabajadores para que la plantilla se quedase con 480 empleados. Finalmente, se fueron a la calle mil personas, porque la nueva directora general, Rosa Vidal, rescató el pasado verano a 186 técnicos para que la televisión pudiera continuar emitiendo, sin quedarse en negro. La plantilla actual es de 676 trabajadores (40 con contratos parciales). La readmisión de los despedidos la volverá a situar en torno a los 1.700. La Generalitat deberá desembolsar los salarios de tramitación, en el caso de que no se presente recurso de casación.

“En el caso que enjuiciamos", dice la sentencia, "falló y se omitió información relevante al desconocerse y no aportarse, al inicio del período de consultas, no sólo la lista de afectados sino los propios criterios de selección posteriormente aprobados”, dice el fallo. “Tampoco se hizo referencia alguna en las comunicaciones remitidas antes del mes de junio de 2013 a los trabajadores afectados de la concreta baremación llevada a cabo, según los criterios de designación aplicados”, continúa.

“Al final, la propuesta inicial del Consejo de Administración se convirtió en definitiva, y el ajuste se proyectó sobre un total de 1.198 contratos de trabajo con una propuesta de plantilla de 480 empleados distribuidos en los términos que aparecen en el hecho probado octavo de la presente sentencia. Dicha implantación extintiva ha resultado en definitiva ser inadecuada a la vista de los acontecimientos posteriores y que extensamente ya relatamos, viniendo a ratificar y a apoyar que los términos del despido colectivo estaban acotados de antemano, y que no había margen alguno para aceptar ni asumir otros remedios menos traumáticos o de inferior coste social que no fueran el despido de más del 70 % de la plantilla”, agrega la sentencia.

Durante el juicio celebrado en octubre, además de cuatro sindicatos, la propia fiscalía pidió la nulidad del ERE al considerar que se habían vulnerado los derechos fundamentales de los trabajadores. Y se pronunció contundentemente al término del juicio al afirmar que hubo “irregularidades” en el procedimiento y un trato “discriminatorio” con los trabajadores despedidos.

El fiscal apreció una de las cuestiones clave que los sindicatos habían puesto sobre la mesa para lograr la impugnación del ERE: las diferencias entre la lista de afectados (despedidos) del ERE, elaborada por una comisión evaluadora, y las modificaciones que luego introdujeron por diferentes motivos los tres últimos directores generales, José López Jaraba y Alejandro Reig, por una parte, y Rosa Vidal, por otra.

El fiscal resumió en una suerte de trabalenguas lo observado en dos días de juicio: “Hubo una alteración de la lista de afectados y afectaciones de no afectados y desafectación de no afectados”, y todo ello “con criterios subjetivos”, aunque la empresa habla de criterios “de oportunidad y operativos”. En definitiva, de este enredo fonético y semántico, “se desprende discriminación de los trabajadores que figuraban en la lista inicial” y “trato discriminatorio”, apostilló.

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