crisis en el sector audiovisual por la TDT

Fuente: www.vozpopuli.com

Crisis en el sector audiovisual por la TDT: los grupos y el Gobierno negocian a múltiples bandas

A la espera de una decisión del Tribunal Supremo, crece la incertidumbre en los grupos de comunicación. El reparto de canales debe resolverse antes de 2014. La patronal y el Ejecutivo no llegan a un acuerdo. El Real Madrid baraja diversas opciones para aterrizar en la televisión digital terrestre.

El sector audiovisual está hirviendo. Negociaciones, contactos, alianzas, rumores, filtraciones. Casi todo cabe en las últimas semanas debido a la incertidumbre sobre el futuro de la televisión en España. El Gobierno conversa con las televisiones privadas para llegar a un acuerdo sobre el nuevo reparto de licencias de la Televisión Digital Terrestre (TDT). A su vez, los grupos de comunicación conversan entre sí por si fuera necesario un intercambio de cromos o, incluso, nuevas fusiones, siempre en función de qué porciones del pastel pierdan los más grandes. Por si esto fuera poco, Florentino Pérez negocia varias posibilidades para el aterrizaje en TDT del canal Real Madrid Televisión. Y todo ello pende, en gran medida, de una decisión que debe tomar el Tribunal Supremo.

La principal negociación es entre el Ejecutivo, representado por el Ministerio de Industria, y las televisiones privadas, agrupadas en la patronal Uteca (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas). Fuentes del sector aseguran que las conversaciones entre el Gobierno y las cadenas continúan, sí, pero siguen sin avanzar. "Nadie quiere dar nada por cerrado hasta que se pronuncie el Supremo", explican. Y es que el Alto Tribunal tiene pendiente resolver los recursos que presentaron las partes afectadas por la sentencia que estipula la reordenación del espacio eléctrico.

En román paladino, la sentencia recurrida supone la eliminación de nueve canales de la TDT. Como es sabido, los más perjudicados serían Atresmedia y Mediaset. El conglomerado presidido por José Manuel Lara perdería tres canales, el grupo de capital italiano se quedaría sin dos, Vocent-Net Televisión también perdería dos y otro tanto le pasaría a Unidad Editorial-Veo TV. El pasado marzo, en plena ebullición del caso Bárcenas, el Ejecutivo sorprendió a propios y extraños al anunciar que ejecutaría esa sentencia. Y, dado que el Gobierno también ha prometido implantar el "dividendo digital" antes de que acabe este año, el nuevo reparto del espacio radioléctrico debería acometerse en lo que resta de 2013.

Pasado el tiempo, las relaciones entre el Gabinete de Rajoy y las cadenas han mejorado. Especialmente entre la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente de Atresmedia, Lara, que además preside por turno Uteca. Hace unos días, durante unas jornadas organizadas por la patronal, ambos se refirieron al asunto. Y solo quedó claro que nada está claro: Soraya apeló al diálogo y Lara aseguró que no hay razones para reducir el número de canales. Crece, por tanto, la opción de que finalmente el Gobiero mantenga todo como está. Sin embargo, esta opción choca frontalmente con lo declarado por el titular de Industria, José Manuel Soria, que pretende que el asunto esté resuelto antes de 2014.

Para añadirle más picante a este desaguisado, en las últimas horas nacen ciertos rumores, quizás interesados, acerca de posibles acuerdos entre alguno de los dos grandes grupos, Atresmedia y Mediaset, con grupos menos poderosos como Vocento y Unidad Editorial. La ecuación es sencilla: si los grandes pierden más canales, tal vez quieran las licencias de los grupos más modestos, que las alquilan. Por ejemplo, si Atresmedia se queda sin tres canales, como dice la sentencia del Supremo, sería posible que se aliase con Unidad Editorial o Vocento para poder seguir emitiendo por el mismo número de canales que ahora.

Real Madrid TV
Como ya reveló este diario, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, está más empeñado que nunca en lograr una licencia de TDT para la emisión del canal del club, que de momento solo se ve en plataformas de pago. Según las últimas informaciones, las conversaciones de Pérez estaban muy adelantadas con el Grupo Intereconomía, que le vendería su participación en NET TV. La operación se cifraba en unos 20 millones de euros. Sin embargo, fuentes del sector aseguran a Vozpópuli que, en primer lugar, no serían más de 10 millones y, más importante, la semana pasada las conversaciones estaban interrumpidas. Algo provocado, en buena medida, porque el Real Madrid también negocia con Unidad Editorial, como tantas veces se ha especulado.

Pero, como se ha dicho, cualquier acuerdo del Real Madrid con uno de los grupos de comunicación está necesariamente supeditado a la reordenación de las licencias de TDT. Es decir, lógicamente Florentino Pérez no puede llegar a un acuerdo para emitir en una frecuencia y que, tras la sentencia, el grupo en cuestión se quede sin esa frecuencia. Todo, por tanto, sigue siendo incertidumbre.

El TSJ declara nulo el ERE de RTVV

Fuente: www.elpais.com

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha declarado nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) ejecutado en Ràdio Televió Valenciana (RTVV), por el que fueron despedidos un millar de trabajadores.

El fallo de la sentencia dice que estima las demandas presentadas presentadas por CC OO, Intersindical, UGT y CGT: "(…) En consecuencia declaramos la nulidad de la decisión adoptada en fecha 21 y 22 de agosto de 2012 en relación a la medida de extinción de los contratos de trabajo de empleados de su plantilla con derecho a la reincorporación de los trabajadores afectados en sus correspondientes puestos de trabajo, condenando a la parte demandada a estar y pasar por la presente declaración".

Contra la sentencia, cabe recurso de casación, que podría prepararse "dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes a la notificación". El recurso se deberá presentar ante el Tribunal Supremo.

En la argumentación de la sentencia se alude a la vulneración de la normativa de los expedientes de regulación de empleo, así como de los derechos fundamentales, recogidos en la Constitución.

La sentencia supone un tremendo varapalo para la Generalitat y se produce justo cuando RTVV ha iniciado el proceso de privatización del grueso de su programación (a excepción de los informativos). Con una deuda financiera acumulada de 1.200 millones, el vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, ha reiterado durante la ejecución del ERE y la demanda contra el mismo que una sentencia de nulidad podría suponer el cierre de RTVV.

Inicialmente, los despidos debían afectar a 1.198 trabajadores para que la plantilla se quedase con 480 empleados. Finalmente, se fueron a la calle mil personas, porque la nueva directora general, Rosa Vidal, rescató el pasado verano a 186 técnicos para que la televisión pudiera continuar emitiendo, sin quedarse en negro. La plantilla actual es de 676 trabajadores (40 con contratos parciales). La readmisión de los despedidos la volverá a situar en torno a los 1.700. La Generalitat deberá desembolsar los salarios de tramitación, en el caso de que no se presente recurso de casación.

“En el caso que enjuiciamos", dice la sentencia, "falló y se omitió información relevante al desconocerse y no aportarse, al inicio del período de consultas, no sólo la lista de afectados sino los propios criterios de selección posteriormente aprobados”, dice el fallo. “Tampoco se hizo referencia alguna en las comunicaciones remitidas antes del mes de junio de 2013 a los trabajadores afectados de la concreta baremación llevada a cabo, según los criterios de designación aplicados”, continúa.

“Al final, la propuesta inicial del Consejo de Administración se convirtió en definitiva, y el ajuste se proyectó sobre un total de 1.198 contratos de trabajo con una propuesta de plantilla de 480 empleados distribuidos en los términos que aparecen en el hecho probado octavo de la presente sentencia. Dicha implantación extintiva ha resultado en definitiva ser inadecuada a la vista de los acontecimientos posteriores y que extensamente ya relatamos, viniendo a ratificar y a apoyar que los términos del despido colectivo estaban acotados de antemano, y que no había margen alguno para aceptar ni asumir otros remedios menos traumáticos o de inferior coste social que no fueran el despido de más del 70 % de la plantilla”, agrega la sentencia.

Durante el juicio celebrado en octubre, además de cuatro sindicatos, la propia fiscalía pidió la nulidad del ERE al considerar que se habían vulnerado los derechos fundamentales de los trabajadores. Y se pronunció contundentemente al término del juicio al afirmar que hubo “irregularidades” en el procedimiento y un trato “discriminatorio” con los trabajadores despedidos.

El fiscal apreció una de las cuestiones clave que los sindicatos habían puesto sobre la mesa para lograr la impugnación del ERE: las diferencias entre la lista de afectados (despedidos) del ERE, elaborada por una comisión evaluadora, y las modificaciones que luego introdujeron por diferentes motivos los tres últimos directores generales, José López Jaraba y Alejandro Reig, por una parte, y Rosa Vidal, por otra.

El fiscal resumió en una suerte de trabalenguas lo observado en dos días de juicio: “Hubo una alteración de la lista de afectados y afectaciones de no afectados y desafectación de no afectados”, y todo ello “con criterios subjetivos”, aunque la empresa habla de criterios “de oportunidad y operativos”. En definitiva, de este enredo fonético y semántico, “se desprende discriminación de los trabajadores que figuraban en la lista inicial” y “trato discriminatorio”, apostilló.