Soraya ata en corto a los grupos mediáticos con la amenaza de retirarles los canales de televisión

Fuente: www.vozpopuli.com

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ya ha sido informado desde vicepresidencia del Gobierno de que a partir de ahora, quien va a manejar los tiempos en los temas candentes con los grupos mediáticos va a ser Soraya Sáenz de Santamaría. De ella depende la ejecución de la sentencia del Supremo y ahora también va a controlar la implantación del Dividendo Digital, dos procesos en marcha que mantienen en vilo a los grandes grupos de comunicación y que han provocado su enfrentamiento directo contra el Gobierno.

Aún arden los rescoldos del último incendio provocado en el seno del Gobierno por el enfrentamiento entre Soria y Cristóbal Montoro a costa de la reforma energética, e Industria ya cuenta con otra vía de agua abierta. Ahora no se trata del kilovatio, sino del Dividendo Digital, el proceso por el cual los países europeos utilizarán algunas de las frecuencias ahora destinadas a la Televisión Digital Terrestre (TDT) para reforzar los servicios de telefonía móvil avanzada.

El ministro de Industria sigue empeñado en adelantar en un año la llegada a España de ese Dividendo Digital. En Europa se ha fijado la fecha límite en el 1 de enero de 2015 y Soria quiere que nuestro país sea la avanzadilla de entre sus vecinos y lo aplique el 1 de enero de 2014.

Los fabricantes y los grupos de comunicación y televisión se han opuesto en rotundo a las "innecesarias prisas del ministro por hacer todo un año antes y presumir, no sabemos de qué, en Bruselas", en palabras de uno de los afectados.

Sáenz de Santamaría quiere manejar los tiempos con la amenaza de retirada de canales de TV a los grandes medios, casi todos enfrentados al Gobierno y cada vez más críticos con Rajoy

De la guerra abierta ya está informada la vicepresidencia, precisamente en un momento en el que algunos grupos mediáticos están siendo muy críticos con las políticas de recortes de Rajoy y los escándalos de corrupción en el PP. Sáenz de Santamaría y su equipo están sopesando si merece la pena seguir cabreando aún más a un sector tan sensible y tan al borde de la quiebra como el de las televisiones o es mejor contemporizar, no adelantar el Dividendo Digital y poner en valor ese gesto, señalan fuentes del entorno del Ejecutivo.

Los grandes grupos mediáticos temen perder dos multiplex, uno por la sentencia del Supremo y otro por el adelanto del Dividendo Digital

Porque los grandes perdedores de la llegada del Dividendo Digital son los grupos mediáticos: Antena 3 (más La Sexta), Mediaset (Telecinco y Cuatro), Sogecable, VEO TV (El Mundo) y Net TV (Vocento), que van a perder un múltiplex y tendrán que apretar la misma programación en menos espacio radioeléctrico.

Los grandes grupos mediáticos temen perder dos multiplex, uno por la sentencia del Supremo y otro por el adelanto del Dividendo Digital

Pero además, sobre ellos pesa la espada implacable del Supremo (y de Soraya, pues es el Gobierno el que tiene que ejecutar la sentencia), que en diciembre pasado declaró nulo el acuerdo de julio de 2010 del Consejo de Ministros por el que se entregó un múltiplex completo (con capacidad para emitir cuatro canales convencionales) a Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo7, Net Televisión y La Sexta por no ser "conforme a derecho".

La sentencia provocó verdadero pavor entre esos grupos, algunos de ellos en situación de quiebra técnica por la brutal caída de ingresos de publicidad por la crisis. Pero más pavor aún les dio la decisión del Consejo de Ministros que en marzo pasado acordó ejecutar esa sentencia.

Desde entonces, el tira y afloja entre los grupos mediáticos y el Gobierno ha sido digno de seguimiento, especialmente por el alto nivel crítico o el sospechoso peloteo, según el caso, desplegado por todos ellos en torno a la figura de Rajoy.

La patronal Ametic puenteó al ministro Soria y mandó una dura carta a la vicepresidenta alertando de las graves consecuencias de adelantar el Dividendo Digital

Su mano derecha, la vicepresidenta, avisó en ese Consejo de Ministros que se aplicaría la Ley y los grandes grupos perderían otro múltiplex más (el que les quita el Dividendo y el de la sentencia). Mientras tanto, el ministro Soria ha seguido haciendo la guerra por su cuenta y no ha dado marcha atrás en su guerra con todo el sector, excepto con los operadores de telefonía móvil que callan a la espera de recibir sus nuevas frecuencias para los servicios 4G.

La guerra es tal que la patronal del sector, Ametic, mandó a finales de mayo una dura carta a la vicepresidenta pidiéndole que frenara a su ministro y alertando de la supuesta pérdida de 50.000 empleos por culpa del Dividendo Digital.

No se sabe si la carta ha tenido o no efecto en el Ejecutivo, pero lo que sí confirman fuentes políticas es que Sáenz de Santamaría está manejando los tiempos para tratar de atar en corto a los grupos mediáticos con la amenaza de ejecución de la sentencia y el posible aplazamiento de la llegada del Dividendo hasta el 1 de enero de 2015, en contra de lo que defiende Soria.

La Comisión Europea lanza el Libro Verde sobre el mundo audiovisual

Prepararse para la convergencia plena del mundo audiovisual: crecimiento, creación y
valores.

El objetivo del Libro Verde es abrir un amplio debate público sobre las consecuencias de la actual transformación del paisaje de los medios audiovisuales, caracterizada por un aumento constante de la convergencia de los servicios de medios de comunicación, así como de la manera en que se consumen y prestan.

La Comisión Europea invita a todas las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre las ideas enunciadas en el presente Libro Verde, y en particular a responder a las preguntas concretas planteadas, en la siguiente dirección: CNECT-CONVERGENCE-AV

Comisión Europea
Dirección General de Redes de Comunicación, Contenidos y Tecnología
Unidad G1
Despacho BU25 05/181
B- 1049 – Bruselas

En este contexto, la Comisión podría organizar reuniones de partes interesadas, incluidos la
industria, los consumidores, los inversores, los miembros del Parlamento Europeo y el
Consejo, o participar en ellas.
Rogamos envíen sus observaciones antes de l 31 de agosto de 2013. Las contribuciones
recibidas se publicarán en el sitio web de DG CONNECT, salvo que sus autores soliciten que
no sea así.

Texto completo:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0231:FIN:ES:PDF

Los usuarios no tendrán que resintonizar sus antenas de TDT

Fuente: http://www.noticiascadadia.com/noticia/36847-los-usuarios-no-tendran-que-resintonizar-sus-antenas-de-tdt/

Nulidad de la TDT española

Los usuarios no tendrán que resintonizar sus antenas de TDT

Massmedia Assistants estima que la ejecución de la sentencia que obliga a cerrar entre 9 y 17 canales nacionales privados de TDT, evitará los costes inicialmente previstos de reantenización que, por tercera vez desde su implantación, habrían de soportar los usuarios y hasta los radiodifusores.

Consideramos que el gobierno aprovecharía la estimación del incidente de ejecución presentado a instancias de su cliente Infraestructuras y Gestión 2002, S.L. para modificar los planes técnicos vigentes, hasta el punto de eliminar todos los nuevos múltiplex actualmente previstos para que estos, finalmente, no se “enciendan”.

Massmedia Assistants explica los antecedentes del previsible nuevo escenario e identifica quienes serán los beneficiados y perjudicados del mismo, a desarrollar previsiblemente en el último trimestre de este año:

1.- La sentencia de 27 de noviembre de 2012 dictada por el Tribunal Supremo declaró la nulidad del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de julio de 2010 por el que se asignaba un múltiple digital de cobertura estatal a cada una de las sociedades licenciatarias del servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal y, como consecuencia de dicha sentencia, los tradicionales cadenas de televisión han quedado sin el título habilitante para la explotación de los canales de televisión que obtuvieron en base a dicho Acuerdo anulado.

2º.- Mediante un nuevo Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2013, el Gobierno anunció que ejecutaba dicha sentencia y confirmaba el cese de las emisiones de los canales de tdt afectados por la misma, aunque de manera atípica les permitía mantener las emisiones “hasta que culmine el proceso de liberación del dividendo digital” que debiera hacerse efectivo el 1 de enero de 2014. Dicho Acuerdo no especifica el concreto número de canales televisivos que habrían de cesar, aunque todas las informaciones aparecidas al respecto dan por hecho que serán sólo 9 canales (desde Massmedia entendemos que deben ser 17, esto es, todos los que no se obtuvieron mediante concurso público), siendo actualmente objeto de un incidente de ejecución de sentencia aquella demora inaudita en el cese efectivo de las emisiones, así como la concreción del número de canales afectados, incidente que debe ser resuelto de forma inminente por parte del Tribunal Supremo.

3º.- El proceso de liberación del dividendo digital se comenzó a realizar el 2 de junio de 2011, y desde aquella fecha ya se produjo una migración o “mudanza” de determinados canales de televisión a los nuevos canales radioeléctricos que debían ocupar, lo que tuvo como consecuencia una reantenización, entendida ésta como las actuaciones técnicas que los profesionales antenistas han de realizar en las cabeceras de recepción de las antenas colectivas de los televidentes, necesarias para captar la señal emitida por las cadenas de televisión en los nuevos canales radioeléctricos a los que se les obligó a mudarse.

4º.- El inicial Plan Marco de actuaciones para la liberación del dividendo digital aprobado por el Consejo de Ministros en fecha 17/11/2011, fue posteriormente modificado por el Plan de impulso de a TDT y la innovación tecnológica para simplificar el proceso de liberalización y reducir su coste, pero estando en trámite el proyecto del RD por el cual se aprobaría el nuevo Plan Técnico nacional de la TDT y se asignarían los nuevos múltiplex, se produjo la citada STS de 22/11/2012, lo que paralizó dicho RD. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información estaría actualmente rediseñando un nuevo Plan Técnico nacional de la TDT que debería aprobarse en lo que queda del presente año. <—newpage—>

Desde Massmedia aventuramos que ese nuevo Plan Técnico incluirá:

  • El cese de las emisiones de (según entiende el Gobierno) sólo 9 canales televisivos a consecuencia de la ejecución inmediata de la Sentencia del Tribunal Supremo.
  • El “apagado” en enero de 2014 de los múltiples denominados como SNF 67, SNF, 68 y SNF 69 que hacen uso, respectivamente, de los canales radioeléctricos, 67, 68 y 69 de UHF, quedando con ello liberado el dividendo digital en el tiempo y forma comprometidos con los operadores de móviles.
  • Los 15 canales televisivos que aun mantendrá el Gobierno (tras cesar los 9 por efecto de la sentencia) serán reubicados durante el último trimestre de 2013 en cada múltiplex de los actualmente existentes fuera de la banda afectada por el Dividendo Digital, los denominados como MPE1, MPE2, MPE3, y que ahora también contienen las versiones HD de algunos canales, a razón de 5 canales televisivos SD en cada mux.
  • No se encenderán los 3 nuevos multiplex denominados como MUX 4, MUX 5 y MUX 6 previstos en el Plan Técnico aun vigente (RD 365 Art. 4, 1-a) qu estaban inicialmente previstos para sustituir los servicios actualmente soportados en los mux SNF a desaparecer en enero de 2014.

5º.- Las consecuencias de esta planificación para los ciudadanos serían las siguientes:

  • Dado que ya se readaptaron en 2011 las antenas para recibir la señal de los múltiplex MPE1, MPE2, MPE3, no sería necesario realizar por tercera vez una nueva, evitando los ciudadanos soportar de nuevo los costes de los fugaces y erráticos planes técnicos sobre la materia que ha venido confeccionando el Ministerio.
  • Solo sería necesario realizar un proceso muy sencillo a modo de “simulcast” en el que los usuarios tan solo tendrían que “resintonizar”, sin coste alguno, sus televisores para disponer de los canales de televisión que ya venían viendo en otros múltiplex. Es decir, que si se consuman las previsiones con el nuevo Plan Técnico, los usuarios recibirían toda la oferta de servicios que se mantendrían después de ejecutar la Sentencia, con solo una sencilla resintonizacion de sus televisores durante la etapa de “simulcast” que, por ello, podría limitarse a uno o dos meses.

6º.- Pero las consecuencias para otros no serían tan favorables pues:

· Al no ser necesaria la readaptación de las cabeceras de las antenas receptoras, el sector de los instaladores de antenas colectivas y técnicos antenistas profesionales perderá una oportunidad de reactivación de su actividad muy mermada ya, como tantas otras, consecuencia de la crisis económica.

· También se verá perjudicada la industria electrónica relacionada con la fabricación e instalación de transmisores de señales de televisión digital, al cesar emisiones y no encenderse nuevos múltiples.

· El operador de red Abertis que viene prestando el servicio de red técnica a las televisiones vería mermados sus ingresos al ser muchos menos los servicios prestados con menos medios técnicos contratados.

7º.- También saldría perjudicada la televisión de alta definición, nuevamente maltratada, pues la misma pasaría a ocupar la capacidad marginal o restante de cada uno de esos 3 múltiples que contendrían 5 canales SD cada uno, más lo que finalmente se decida destinar a la HD nacional privada de la capacidad actualmente destinada para el operador público nacional en los dos múltiplex de los que actualmente dispone.

En conclusión, si se confirma lo previsto por Massmedia, no se encenderán nuevos múltiples, todos los canales de TDT nacionales se seguirán viendo en los 3 múltiples ya antenizados y ello evitará a los ciudadanos el coste de una nueva reantenización, pero con el perjuicio para los instaladores, técnicos antenistas e industria electrónica, que perderán una oportunidad de reactivación de su sector de actividad.

Por último, MassMedia Assistans quiere recordar que la Sentencia de 27 de noviembre de 2012 dictada por el Tribunal Supremo supone un hito sin precedentes en materia de planificación y adjudicación de medios de comunicación social, al percatarse el Alto Tribunal que las tradicionales actuaciones o privilegios que todos los gobiernos españoles han mantenido en esa materia, avalados hasta entonces por su linea jurisprudencial, se ven radicalmente trastocados por el nuevo marco legislativo que supuso la entrada en vigor de la Ley 7/2010 de 30 de marzo General de Comunicación Audiovisual, al eliminar la consideración de “servicios públicos”, y consiguiente régimen de explotación mediante concesión administrativa, cuando dichos servicios de comunicación audiovisual son explotados por particulares.

En este nuevo marco, MassMedia Assistans considera que la legislación vigente, tanto la nacional como la europea, obliga al gobierno a reservar en cualquier nuevo plan técnico los recursos de espectro necesarios para mantener el mismo número de canales de televisión que se adjudicaron contra legem y que ni siquiera el proceso denominado “Dividendo Digital” puede excusar de cumplir esa obligación.

También consideramos que por el mismo imperio de la Ley, TODOS los canales de TDT suprimidos por efecto de la Sentencia tienen que volver a ser explotados por particulares después de celebrare el correspondiente proceso de licitación abierto, transparente y no discriminatorio que, necesariamente, habrá de ser convocado en unos plazos tasados, tal y como exigen las directivas europeas en la materia traspuestas en la Ley 7/2010 de 30 de marzo General de Comunicación Audiovisual.

Sentencias Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre adjudicación de emisoras.

En una sentencia de 17 de junio de 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que la negativa de las autoridades de Armenia, en diversas ocasiones, a conceder una licencia de TV a la empresa Meltex equivalía a una violación del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos Derechos.
La autoridad Armenia no motivó los motivos de la adjudicación a otra empresa y el Tribunal señaló que las directrices aprobadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en el ámbito de llamada regulación de la transmisión para la aplicación abierta y transparente de las normas que regulan el procedimiento de concesión de licencias y, específicamente recomiendan que "todas las decisiones tomadas … por las autoridades reguladoras … ser … debidamente motivada [y] abierto a revisión por las jurisdicciones competentes "(Rec. (2000) 23 Declaración del Comité de Ministros del 26 de marzo de 2008 sobre la independencia y las funciones de las autoridades reguladoras del sector de la radiodifusión).
El Tribunal consideró que el procedimiento de concesión de licencias mediante el cual la autoridad otorgante no da razones de sus decisiones no ofrece una protección adecuada contra interferencias arbitrarias por parte de la autoridad pública en el derecho fundamental a la libertad de expresión. Por tanto, el Tribunal concluye que la interferencia con la libertad de Meltex a difundir informaciones e ideas.
http://merlin.obs.coe.int/iris/2008/8/article1.en.html

En su decisión de 21 de mayo de 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reitera que una sentencia en la que el Tribunal declara el incumplimiento de la Convención o de sus Protocolos impone al Estado demandado la obligación jurídica no sólo para pagar a los interesados las cantidades concedidas en concepto de indemnización. Asimismo, el Estado debe adoptar las medidas generales o particulares apropiadas necesarias para poner fin a la violación constatada por el Tribunal y para corregir en lo posible los efectos de esa violación.
http://merlin.obs.coe.int/article.php?iris_r=2013%207%202&language=en

Según el TEDH se permite a los Estados regular por medio de un sistema de licencias de la manera en que se organiza la radiodifusión en su territorio, en particular en sus aspectos técnicos, y que la concesión de una licencia también puede estar condicionada a cuestiones tales como la naturaleza y los objetivos de una estación propuesta, de su público potencial a nivel nacional, regional o local, los derechos y las necesidades de un público específico y las obligaciones que se derivan de los instrumentos jurídicos internacionales. La compatibilidad de este tipo de interferencias debe evaluarse a la luz de los requisitos del párrafo 2 del artículo 10 de la Convención, lo que significa entre otras cosas que la injerencia debe ser prescrita por la ley de una manera que garantiza la protección contra las injerencias arbitrarias de los poderes públicos. De hecho, la manera en que se aplican los criterios de concesión de licencias en el proceso de concesión de licencias debe proporcionar suficientes garantías contra la arbitrariedad, incluyendo el razonamiento adecuado por la autoridad otorgante de las resoluciones que denieguen la licencia de emisión (ver IRIS 2008-1: 3, TEDH 11 de octubre 2007 , Glas Nadezhda EOOD y Elenkov contra Bulgaria).http://merlin.obs.coe.int/iris/2008/1/article1.en.html

La UE archiva el pleito contra el modelo de financiación de RTVE

Fuente: El Pais.com http://cultura.elpais.com/cultura/2013/07/17/television/1374091044_889123.html

La Comisión Europea ha decidido archivar el pleito interpuesto contra España por el modelo de financiación de RTVE. Esta resolución, comunicada ayer formalmente, viene a validar la tasa del 0,9% que se aplica a los operadores de telecomunicaciones, obligados a destinar cada año ese porcentaje de sus ingresos para sostener económicamente la radio y la televisión estatal.

El conflicto estaba pendiente de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tenía previsto emitir el fallo el próximo 12 de septiembre. Hace un mes, la Corte de Luxemburgo dictó una sentencia en la que avalaba el pago de un canon de similares características a la televisión pública francesa. Con este precedente, España tenía prácticamente ganado el caso.

En ambas situaciones, la Comisión Europea consideraba que el gravamen no es compatible con las normas de la UE en materia de competencia, ya que la tasa aplicada al sector de las telecomunicaciones va destinada a una actividad distinta, la audiovisual. En marzo de 2011, la Comisión denunció a España poniendo así en cuestión la profunda reforma de RTVE aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Ejecutivo socialista invocó entonces su autonomía fiscal para defender la ley de 2009, que suprimía la publicidad de la televisión pública y, a cambio, establecía el pago de una tasa anual a las cadenas privadas (el 3% de los ingresos para las que emiten en abierto y el 1,5% para las de pago) y a las operadoras de telecomunicaciones que prestan servicios audiovisuales. Algunas compañías, como Vodafone (que aportaba unos 30 millones de euros), han optado este año por dejar de ofrecer a sus clientes este tipo de prestaciones para eludir así el pago a RTVE.

Bruselas dio en 2010 el visto bueno al canon que debían abonar las televisiones —las grandes beneficiadas por la desaparición de los anuncios en TVE— y ahora valida la aportación de las telecos. El año pasado estas compañías ingresaron en las arcas de RTVE 155 millones de euros, mientras que las televisiones liquidaron 60 millones. Ahora, las primeras podrían verse obligadas a pagar las cantidades que tienen impugnadas, que superan los 65 millones.

El presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique, se había referido a este conflicto como una “espada de Damocles” que amenazaba el actual modelo de financiación de la corporación. Dirigentes del PP y altos cargos de la Administración no han ocultado su convicción de que finalmente el Tribunal de Luxemburgo fallaría en contra de España. Además, la corporación recibe ingresos procedentes de la tasa radioeléctrica y de los Presupuestos Generales del Estado.

Pero la decisión de la Comisión Europea deja clara la validez de la reforma que llevó a cabo el Ejecutivo de Zapatero. Ahora la Comisión remitirá al Tribunal de Justicia el escrito en el que expone el desestimiento, Luxemburgo dará traslado a las partes y fijará las costas. El reglamento no prevé la posibilidad de que el proceso pueda seguir adelante aunque así lo decidiera el propio Tribunal.

“Las administraciones colapsan el sector televisivo”

Fuente: http://www.cineytele.com/especiales.php?nid=1016

Si el ataque a Pearl Harbor del 7 de diciembre de 1941 convertía el conflicto en Segunda Guerra Mundial, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 27 de noviembre de 2012, que anula 9 licencias de TDT estatal ha dado al polvorín televisivo que se vivía en las CCAA desde el 2008 una dimensión estatal.

El sector televisivo se ha convertido en un polvorín desde que el Tribunal Supremo anuló la asignación directa de un múltiple Digital (MUX) a cada una de las sociedades concesionarias de la TDT estatal. Pero el estallido final tuvo lugar el pasado 22 de marzo de 2013 con la ejecución de la Sentencia por el
Consejo de Ministros.

Los operadores estatales han puesto su grito en el cielo y según fuentes periodísticas se encuentran sorprendidos por la falta de diálogo con el actual Gobierno, algo que ha sido un denominador común en los conflictos entre televisiones locales y autonómicas y los ejecutivos de turno, cuando eran anuladas las licencias por los tribunales.

Los hechos se remontan al 16 de julio de 2010, cuando el Consejo de Ministros presidido por Zapatero asignaba directamente un múltiple digital estatal a cada una de las televisiones con licencia de TDT de ámbito estatal. Un acto que muchos interpretaron como un cierre a la entrada de nuevos operadores en el mercado.

A partir de ahí, tres irregularidades comenzaban a denunciarse:

• Las cadenas televisivas han obtenido nuevas licencias sin pasar por un concurso público.
• Los nuevos múltiples se asignan en contra de la normativa de Unión Europea y de la doctrina de los tribunales europeos.
• Esta asignación de nuevos MUX es interpretada como un agravio comparativo hacia el resto de empresas con vocación televisiva que han visto sus solicitudes denegadas.

Esto dio lugar a que una empresa del sector (que nada tiene que ver con las grandes cadenas) planteara un recurso ante el Tribunal Supremo pidiendo la anulación de la adjudicación directa.

Las razones legales

El recurso de Infraestructuras y Gestión 2.002, S.L., se basaba en los siguientes motivos:

1.- La Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual exige la realización de concurso para otorgar licencias de servicios audiovisuales televisivos (televisión TDT) que utilicen ondas hertzianas. Y la asignación de MUX se hizo al amparo de una regulación derogada: los Reales Decretos 944/2005 y 365/2010.
2.- Toda concesión de derechos de uso de radiofrecuencias ha de efectuarse mediante procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios. Esto lo establece la Directiva 20/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la utilización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Una asignación directa discrimina al resto de empresas que no son Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo Televisión, Net TV y La Sexta. Y desde luego, no se puede considerar transparente, ni abierta. Al contrario, impide la entrada de nuevos actores al mercado televisivo.

Estos argumentos han sido los que ha utilizado el Tribunal Supremo para anular las licencias a las cadenas de televisión estatales, que han sido víctimas de una deficiente e irregular decisión de la administración.

Los damnificados

La Sentencia del Tribunal Supremo anula nueve licencias a los siguientes operadores:

Mediaset (la empresa que agrupa ahora a Cuatro y Telecinco) pierde dos canales: los que ocupan Nueve y Energy.
Veo TV (que pertenece al grupo editor del diario El Mundo (Unidad Editorial) pierde también dos canales.
Recordemos que emite Disney Channel, Intereconomía, Paramount y MTV (las dos últimas, alquiladas).
Net TV (propiedad de Vocento) perderá otros dos canales. A través de las licencias de Net se emiten Marca TV, 13 TV, Discovery Max y AXN (ésta última en TV de pago).
Atresmedia (empresa resultante de la absorción de laSexta por Antena 3) se quedará sin tres canales (Nitro, Xplora y La Sexta 3).

El escenario televisivo actual

UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas), ya ha anunciado acciones legales contra la ejecución de la Sentencia, al haber situado “a los operadores de televisión y a todo el sector audiovisual” – según un comunicado público – en una “situación de inseguridad jurídica sin precedentes”. Deberemos esperar a conocer los argumentos jurídicos que invocará para tratar de invertir la situación y mantener la legalidad de esos 9 canales anulados.

Lo cierto es que desde 2008, el ámbito jurídico del sector de la televisión en España resulta cada más inestable por las irregularidades que los Tribunales están detectando en el reparto de licencias. Nulidad de la TDT Autonómica, Local e Insular en Canarias (todas anuladas). Invalidez de la TDT Local en la Comunidad Valenciana (42 canales declarados ilegales). Anulación de la TDT Local en Galicia (2 demarcaciones) y en Ceuta. Algo increíble.

Y son las propias irregularidades de la administración las que fomentan:
• La concentración de concesiones.
• La devaluación de las licencias televisivas, por estar casi todas recurridas.
• El incremento de emisiones sin autorización.
• La dificultad de sancionar a las televisiones sin licencia.

A lo que hay que añadir los informes de grandes corporaciones de abogados extranjeros que recomiendan a sus clientes (cadenas televisivas con gran respaldo financiero), emitir sin acudir a las licitaciones. No vaya a ser que luego las licencias se anulen por las irregularidades de quienes las otorgan. Por todos es conocido que varias cadenas consideran que resulta más rentable afrontar procesos sancionadores –por su ineficacia- que confiar su existencia a la obtención de licencias audiovisuales.

En definitiva, nos encontramos en un entorno donde cada vez se hace más patente la incertidumbre jurídica caracterizada por sentencias judiciales que declaran las licencias audiovisuales nulas por anomalías de la administración.

Esto es algo que debe cesar si queremos disfrutar de una plena libertad de prensa audiovisual.

El Tribunal Supremo avala el Reglamento que desarrolla la Ley General Audiovisual en materia de publicidad televisiva

Considera ajustada a derecho la normativa en materia de cómputo, autopromoción, patrocinio y publicidad en la retransmisión de eventos deportivos.

El Tribunal Supremo avala el Reglamento que desarrolla la Ley General Audiovisual en materia de publicidad televisiva

La sentencia confirma las alegaciones de AUC, AEA y la Abogacía del Estado contra el recurso formulado por Telecinco.

Madrid, 15 de Julio de 2013. El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse, en sentencia del pasado 12 de julio, a favor de la legalidad del Real Decreto 1624/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en lo relativo a determinados aspectos la comunicación comercial televisiva.

El citado Real Decreto fue recurrido por Mediaset alegando que el desarrollo reglamentario se extralimitaba imponiendo reglas que van más allá de la propia ley y de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, y solicitando la anulación de buena parte de su articulado. Concretamente, en lo referido al concepto de “hora de reloj” para establecer el límite publicitario, la autopromoción, las telepromociones, el patrocinio y las comunicaciones comerciales asociadas a la retransmisión de eventos deportivos.

Contra ese recurso se personaron tanto la Abogacía del Estado como la Asociación Española de Anunciantes (AEA) y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC).

Con posterioridad, Mediaset consideró un error la parte de su recurso relativa a las telepromociones, solicitando el desestimiento en lo relativo a dicha parte.

La sentencia admite el desistimiento parcial del operador televisivo, pero falla en contra de todos sus demás argumentos. Partiendo de la naturaleza de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual como norma de mínimos, el TS considera que el Gobierno está legitimado para introducir normas más estrictas en la Ley General de la Comunicación Audiovisual y que en ningún caso el Reglamento va más allá, indebidamente, de lo que establece la propia Ley.

En este sentido, avala la interpretación del concepto de “hora de reloj” como “hora natural” para establecer el tiempo máximo de emisión publicitaria en televisión (12 minutos), afirmando que esa interpretación es más neutral, dota de mayor seguridad jurídica a anunciantes y cadenas, facilita el control y garantiza en mayor medida la protección de los intereses de los espectadores.

En relación a la autopromoción, el Tribunal acepta que la restricción de 5 minutos por hora de reloj es más estricta de lo establecido por la Directiva, pero reconoce que lo recogido en el Reglamento en relación a este tema se adecua a la Ley y ayuda a evitar abusos y utilizaciones improcedentes de la autopromoción.

La sentencia considera ajustado a derecho, y por motivos similares, el desarrollo reglamentario en materia de patrocinio y de colocación de la publicidad en la retransmisión de eventos deportivos, dando así la razón a la Asociación de Usuarios de la Comunicación, a la Asociación Española de Anunciantes y a la Abogacía del Estado en su oposición al recurso.

Para AUC, se trata de una sentencia de gran importancia, que aumenta la seguridad jurídica en el ámbito de la publicidad televisiva, afectando positivamente a la defensa de los consumidores ante posibles excesos de saturación en la emisión de comunicaciones comerciales. La Asociación, con todo, lamenta que la aceptación del desistimiento de Mediaset no haya permitido al Tribunal pronunciarse sobre el controvertido tema de las telepromociones televisivas, ni se haya considerado tampoco pertinente plantear una cuestión prejudicial sobre esta materia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Para acceder a nuestra web: www.auc.es

Sentencia TS Mediaset.pdf

La plantilla de RTVE votará en referéndum después del verano si acepta el nuevo convenio colectivo

Fuente: www.vozpopuli.com

Los sindicatos UGT, SI y USO han dado el visto bueno a "un acuerdo de mínimos" con la dirección de RTVE que deberá ser aprobado por el conjunto de la plantilla de la corporación pública tras el verano. Todas las fuerzas sindicales se han comprometido a someter la decisión de este acuerdo y del convenio al resultado de un referéndum. El único sindicato que se ha mostrado en contra del pacto de mínimos ha sido CCOO. Serán entonces los trabajadores de la CRTVE los que dirán si están de acuerdo o no con el resultado de las negociaciones a partir de septiembre.

Los máximos responsables de la Corporación mantienen que RTVE debe dotarse de un marco laboral más flexible para lograr una mayor productividad, y afrontar una reducción de costes. Los gastos de personal representan casi 40% del actual presupuesto de RTVE. Los primeros borradores de la propuesta presentada a los sindicatos planteaban una reducción de esta partida en torno a los 35 millones de euros. La necesidad de un nuevo convenio se justifica por los recortes de más del 20% en el presupuesto de RTVE por la grave crisis económica, y la necesidad de adaptar las estructuras y modelos operativos al actual entorno competitivo.

El documento de preacuerdo reconoce, según UGT, el dimensionamiento de la plantilla en 6400 trabajadores, y con el conocimiento de la SEPI, así como por la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE, por la duración del Convenio, o sea hasta el 31 de diciembre de 2015. Las rebajas salariales derivadas del acuerdo no pueden superar los sacrificios a los que se ha sometido la función pública. Se ha bajado de la pretensión del 10% a un 7,5% en las partidas que directa o indirectamente afectan a personal, y en ningún caso las cuantías totales del salario base sufrirán una merma superior al 5%. El Consejo de Administración aprobará, antes del 31 de julio, un plan estratégico de producción, o lo que es lo mismo, antes de que se vote en referéndum el articulado del nuevo convenio sabremos los compromisos de producción propia de la empresa.

En su última comparecencia parlamentaria, a finales de junio, cuando ya anunció que el acuerdo estaba próximo, Echenique aseguró que la propuesta apuesta "por el mantenimiento de la actual plantilla y del actual régimen de empleo en Televisión Española" y, además, defendió que RTVE tiene "la mejor cantera de todos los trabajadores del sector audiovisual de España", según las declaraciones recogidas por Europa Press. Respecto de la implantación territorial de RTVE, el acuerdo alcanzado con los sindicatos señala que "la plantilla se adaptará a la estructura actual, siempre en un entorno de integración de efectivos de RNE y TVE que facilite la eficiencia productiva".

Cerca de 375 millones de euros en nóminas

Los gastos de personal representan un gasto de aproximadamente unos 375 millones de euros para la corporación, según señaló el presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique en una comparecencia parlamentaria en febrero. De acuerdo a un reciente estudio de la consultora Arthur D Little para UTECA, esta partida representa el 36 por ciento de los gastos de RTVE.

Apoyo de AUC al proyecto para unificar la calificación por edades de los contenidos audiovisuales

Apoyo de la Asociación de Usuarios de la Comunicación al proyecto para unificar la calificación por edades de los contenidos audiovisuales

La Asociación considera que el etiquetado es clave para la protección de los menores en un entorno de convergencia tecnológica.

Madrid, 11 de Julio de 2013. La Asociación de Usuarios de la Comunicación ha hecho público su apoyo a los objetivos del Gobierno para desarrollar un sistema unificado de pictogramas o imágenes que adviertan a los usuarios sobre la orientación por edades o la presencia de contenidos inadecuados para los menores en la obras audiovisuales, independientemente de su naturaleza o canal de difusión (cine, televisión, internet).

El desarrollo de este sistema está contemplado en el ‘Plan Estratégico General de la Secretaría de Estado de Cultura 2012-2015’, con el objetivo de mejorar la recepción, comprensión y valoración por la ciudadanía de las obras y contenidos cinematográficos y audiovisuales.

AUC considera que el etiquetado de los productos audiovisuales es clave para la futura protección de los menores, en un entorno de convergencia tecnológica y multipantalla en el que los contenidos pueden visionarse sin restricciones horarias y a través de diferentes dispositivos.

La Asociación apuesta (ver documento adjunto) por avanzar en la definición de criterios “que se adecuen a la sensibilidad social mayoritaria”; que se apliquen de modo unificado a los diferentes productos audiovisuales (acabando con la actual multiplicidad de calificaciones distintas), y que combinen el criterio de calificación por edades con descriptores que informen sobre los contenidos incluidos en el producto audiovisual (sexo, violencia, lenguaje, etc.), aplicando además escalas de intensidad que permitan a los padres elegir, a través de los sistemas de filtrado en destino, qué consideran adecuado o no para sus hijos. Y en este sentido, solicita la creación de un grupo de trabajo interministerial en el que puedan participar también expertos académicos, profesionales y representantes de la sociedad civil.

Para acceder a nuestra web: www.auc.es
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Calificacin por edades.pdf