AUC destaca las “luces y sombras” de la sentencia europea que considera legal la aportación de los operado res de telecomunicaciones para financiar la radiotelevisión pública

La Asociación de Usuarios de la Comunicación destaca las “luces y sombras” de la sentencia europea que considera legal la aportación de los operadores de telecomunicaciones para financiar la radiotelevisión pública

AUC pide, tras la sentencia, que está referida al caso francés pero que puede ser similar para el caso español, que se defina un modelo sostenible de financiación para RTVE.

Madrid, 27 de Junio de 2013. Una vez conocido el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea convalidando la legislación francesa en materia de financiación del servicio público radiotelevisivo quiere manifestar lo siguiente:

  • La posición del TJUE sobre la licitud de la aportación de los operadores de telecomunicaciones con servicios de internet a la financiación de la televisión pública, en la medida en la que pueda suponer un antecedente de la decisión pendiente sobre el caso español, despeja incógnitas importantes en relación a la situación económica de RTVE, que con una sentencia contraria podría haberse encontrado no sólo sin esa fuente de ingresos, sino también en la tesitura de hacer frente a devoluciones económicas importantes, incluso con intereses.
  • De todos modos, este fallo judicial no soluciona el problema fundamental de encontrar un modelo de financiación estable que garantice la sostenibilidad de la radio y la televisión pública estatal, así como su papel clave en el desarrollo de la industria audiovisual, de la alfabetización mediática de la ciudadanía y del funcionamiento del modelo democrático europeo.
  • Para AUC, una sentencia favorable en relación a las aportaciones económicas de las operadoras de telecomunicaciones supone un alivio para RTVE, pero también deben tenerse en cuenta las posibles consecuencias para el desarrollo de los servicios de banda ancha. Y, sobre todo, no puede hacer olvidar que el actual modelo de financiación requiere de modificaciones importantes que nos acerquen a otros estándares europeos.
  • En este sentido, la Asociación de Usuarios de la Comunicación sigue mostrando sus reticencias ante la aportación de las televisiones privadas a la financiación de la televisión pública, y reitera su posición favorable a una presencia limitada de la publicidad en TVE, tal y como ocurre precisamente en el caso francés, y a la aprobación del contrato programa todavía pendiente.
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Defensor Pueblo pregunta QUÉ PASÓ CON las emisoras comunitarias?

El Informe 2012 del Defensor del Pueblo descubre el bloqueo del Gobierno a la asignación de licencias a emisoras comunitarias.

Página 292 del Informe
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/Informe_2012.pdf

La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, prevé la
existencia de servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro, para lo cual se
requiere el correspondiente desarrollo reglamentario que habría de aprobarse en el plazo de 12
meses, desde la entrada en vigor de la ley, de conformidad con lo recogido en su disposición

transitoria decimocuarta.

En el año 2012 se ha puesto de manifiesto la ausencia del desarrollo reglamentario, por
lo que algunas entidades de distintas comunidades autónomas que despliegan su actividad en
ese campo no podían acceder a licencias o permisos correspondientes al Servicio de

comunicación comunitario, exceptuando aquellas que estuvieran en funcionamiento con
anterioridad al 1 de enero de 2009, al amparo de la disposición adicional decimoctava de la Ley
56/2007, de medidas de impulso de la sociedad de la información.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
indicó que habían elaborado los proyectos de reglamento general y de reglamento técnico de
prestación de los servicios de comunicación pública audiovisual comunitarios sin ánimo de

lucro, sometidos a trámite de audiencia a través de su presentación en la Comisión
Permanente del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
(CATSI), órgano asesor del Gobierno en materia de telecomunicaciones y sociedad de la

comunicación. Pero no especificaba la fecha prevista para llevar a cabo su aprobación, lo que
perjudicaba a aquellas entidades dedicadas a esta actividad.

Al apreciar que el plazo previsto finalizó el 1 de mayo de 2011, se formuló un

Recordatorio del Deber Legal de llevar a cabo el correspondiente desarrollo reglamentario tanto
del procedimiento de concesión de la licencia como de la concreción del marco de actuación de
los servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro, todavía sin respuesta

(expediente 11021105).

Protección de menores en Informe Defensor del Pueblo

Un año más, el Defensor del Pueblo ha comprobado que continúa produciéndose, de
forma reiterada, el incumplimiento de las normas reguladoras de la programación y de la
publicidad audiovisual, tanto por parte de cadenas públicas como privadas, y no se
respetan los límites impuestos para la protección de la juventud y de la infancia
(12007720, 12012530, 12017575, 12024417 y 12087261).

Al margen de las medidas de refuerzo normativo de la protección a la infancia frente a
contenidos inapropiados o perjudiciales para su desarrollo físico, mental o moral (como la
reforma del artículo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual,
efectuada por la Ley 6/2012, de 1 de agosto), una respuesta más efectiva a este problema de
masiva desatención de la normativa únicamente puede venir de la mano del establecimiento,
largamente reclamado por esta Institución, de un órgano de protección de los usuarios, con
capacidad de supervisión de los contenidos y potestades sancionatorias. Este es un ámbito en
el que es preciso cubrir el déficit regulatorio que España tiene respecto de sus socios
europeos.

En octubre de 2012, se remitió a las Cortes Generales, el Proyecto de Ley de Creación
de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, órgano en el que se pretende
agrupar las funciones de, entre otros organismos, la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones y el nonato Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que se creó por la
referida Ley General de la Comunicación Audiovisual. Esta Institución sigue con interés los
trabajos parlamentarios en curso y confía en que con ellos se llegue a la puesta en marcha de
una autoridad audiovisual dotada de instrumentos jurídicos eficaces y suficiente capacidad de
acción.

Ver página 220 Informe 2012 Defensor del Pueblo
Protección de los menores y jóvenes frente a determinados contenidos de
los medios de comunicación y difusión audiovisual
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/Informe_2012.pdf

Soraya advierte a Lara y a Berlusconi: RTVE volverá a emitir publicidad

Fuente:

http://www.hispanidad.com/Confidencial/soraya-advierte-a-lara-y-berlusconi-rtve-volver-a-emitir-publicidad-20130624-157317.html

Nos los cuentan en Moncloa: la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría advierte del duopolio que controla la información y la publicidad televisiva en España, el italiano Silvio Berlusconi y el español José Manuel Lara (en la imagen), que RTVE volverá a emitir publicidad. En otras palabras, que podría arrebatarle al resto del sector unos 300 millones de euros en publicidad, lo suficiente como para que los dos grandes tengan un serio problema.

Son los cálculos que maneja el presidente de la Corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique, aunque lo que las privadas obtuvieron cuando se suprimieron los anuncios en RTVE rozaba los 450 millones de euros.

Sáenz de Santamaría ya respondió a Hispanidad que todo dependería de que los tribunales europeos dieran la razón a los operadores de telecomunicaciones, que son los que ahora financian la televisión pública. Pues bien, Europa les dará la razón a las telecos como ya se la ha dado a las telecos francesas.

Para entendernos, es lo que Lara y Berlusconi habían considerado la línea roja. Les preocupa mucho más que la reducción del número se canales de TDT que RTVE vuelva a competir en el segmento publicitario. Entre otras cosas porque, no nos engañemos, resulta que tanto Tele 5-Cuatro como Antena3-La Sexta (Mediaset España y Atresmedia) han entrado en número rojos en el presente ejercicio por el descenso abrupto de la publicidad.

Por ejemplo, Atresmedia lleva ahora un desfase de más del 15% de publicidad sobre el presupuesto previsto. Además, Planeta está obligado a refinanciar, antes de fin de año, una deuda de 700 millones de euros. Sí, no es como la deuda de El Mundo (más 1.000) o de El País (más de 3.000 millones de euros), pero a Unedisa le salva la matriz italiana de RCS mientras PRISA se nos ha vuelto casi pepero. Si no, vean ustedes la edición del domingo 23 del diario El País: descubrirán a un gran estadista llamado Mariano Rajoy. Y es que hay que negociar con los bancos y Juan Luis Cebrián no quiere intromisiones del Gobierno.

Pero volvamos al duopolio. A Lara y a Berlusconi les preocupa mucho más la vuelta a la publicidad de RTVE que otra cosa. Pero es que, además, ya se ha tomado la decisión sobre los canales de TDT que hay que cerrar para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo sobre la materia (la demanda de un pirata dicho sea de paso), así como la introducción de la nueva tecnología 4G de telefonía móvil. En pocas palabras, no se cerrarán ni 7 ni 9 ni 17: sino ocho canales, dos por cabeza de cada uno de estos cuatro concesionarios: Tele 5-Cuatro, Antena 3-La Sexta, Net TV y Veo TV.

Y se sacará a concurso dos nuevos canales, no tres, como estaba previsto. Con eso hay hueco para dos cosas: para la mencionada tecnología 4G de móvil y para que al Estado no le salga caro resintonizar antenas.

Pero lo que preocupa al duopolio es la publicidad en RTVE. Y apenas ocultan sus amenazas: que el Gobierno se atengan a las consecuencias. Les soltamos a Jordi González y al Gran Woming en menos que canta un gallo.

Eulogio López

eulogio

Bruselas obliga a las TDT españolas a devolver 260 millones de ayudas ilegales

Fuente:

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/19/actualidad/1371636364_768081.html

Las subvenciones otorgadas para extender la red de difusión de la televisión digital terrestre (TDT) a las zonas más remotas y con dificultades orográficas en España eran ayudas de Estado y no respetaron la neutralidad tecnológica. Así lo establece la Comisión Europea en una resolución que resuelve un recurso interpuesto por la compañía europea de satélites Astra. Los operadores que transmiten las señales de la TDT tendrán que devolver 260 millones de euros. Junto a pequeñas redes locales, el principal operador de red es Abertis. La medida no afecta a los canales de televisión.

El conflicto comenzó en 2005, cuando España decidió subvencionar el paso de la televisión analógica a la digital, un proceso que culminó en abril de 2010. El Gobierno diseñó un plan para llevar las nuevas señales a núcleos demográficos inhóspitos, que abarcaban alrededor del 2,5% de la población. Esas subvenciones se otorgaron exclusivamente a la tecnología terrestre, dejando fuera otras alternativas, como el satélite o el cable. La Comisión, que recuerda que España no le notificó este proyecto, sostiene que la medida favorece “a la tecnología digital terrestre en detrimento de otras”.

Afirma que los operadores de plataformas terrestres “han recibido una ventaja selectiva con respecto a sus competidores que recurren a otras tecnologías, por lo que deberán reembolsarla al contribuyente español”. Las ayudas concedidas repartidas por las comunidades autónomas afectaron a unos 425.000 hogares.

El director general de Astra en España, Luis Sahún, ha afirmado que esta resolución pone de manifiesto que “se puede competir con los méritos de cada tecnología” y que "para el desarrollo industrial y la innovación es fundamental que el mercado de las telecomunicaciones sea abierto y que los usuarios puedan elegir”. Considera, además, que el satélite se ha demostrado como un medio rápido y barato para el despliegue de redes de televisión.

Astra, una compañía que tiene la sede en Luxemburgo, recuerda que opera en España desde hace muchos años y que es necesario que “las bases de la competencia sean las mismas en todos los países del la UE”.

La investigación de la Comisión puso de manifiesto que aquellas subvenciones se destinaron exclusivamente a la digitalización de la tecnología terrestre. En cambio, otras plataformas de transmisión alternativas, como el satélite, el cable o Internet, no pudieron acogerse a esas subvenciones aunque la plataforma por satélite, por ejemplo, habría estado disponible y podría haber cubierto todo el territorio”.

En los Estados miembros que respaldaron la conversión digital respetando el principio de neutralidad tecnológica, otros operadores de plataforma han participado con éxito en las licitaciones públicas, según la Comisión. “La medida española, por el contrario, falsea indebidamente la competencia entre los operadores de TDT y operadores que utilicen otras tecnologías. Los primeros han recibido una ventaja indebida en relación con sus competidores, por lo que deben reembolsar esas subvenciones improcedentes al contribuyente español”.

Además del recurso interpuesto por Astra, un operador local de Castilla-La Mancha reclamó también a Bruselas, con lo que esta investigación –que todavía no se ha resuelto- podría incrementar el montante de las ayudas que los operadores de red deben devolver.

AUC pide al Gobierno que se garantice la actual oferta de TDT en abierto

Ante el dividendo digital y la sentencia que anula el actual reparto de canales

La Asociación de Usuarios de la Comunicación pide al Gobierno que se garantice la actual oferta de TDT en abierto

AUC recuerda los desembolsos que vienen realizando los ciudadanos para poder acceder a la televisión digital, y espera que ese esfuerzo no se vea defraudado con una pérdida de canales y un empobrecimiento de los contenidos.

Madrid, 18 de Junio de 2013. La Asociación de Usuarios de la Comunicación ha dirigido sendas cartas a la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y al Ministro de Industria, José manuel Soria, en las que solicita al Gobierno un mensaje claro que tranquilice a los ciudadanos sobre el mantenimiento de la actual oferta televisiva y desmienta los rumores sobre posibles recortes en el número de canales de la TDT.

La Asociación se refiere a la situación creada por la confluencia entre el llamado “dividendo digital”, que supone destinar parte del espectro radioeléctrico para el desarrollo de la banda ancha, y el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo que anula el actual reparto de la TDT, planteando la necesidad de un concurso para la asignación de los nuevos canales resultantes del paso de la televisión analógica a la digital.

AUC destaca que, con todas las críticas que puedan hacerse a la actual oferta televisiva, los ciudadanos españoles pueden acceder de forma gratuita a una razonable variedad de contenidos generalistas y temáticos, que atienden a los gustos diversos de buena parte de la población y a segmentos de la audiencia especialmente sensibles, como es el caso de los menores. Y considera que, en estos momentos de crisis económica, la existencia de una oferta televisiva en abierto amplia y plural es más que nunca un bien social a proteger.

Según la Asociación sería “paradójico” que el esfuerzo económico que los ciudadanos vienen realizando, y seguirán realizando en el futuro, para adaptarse al nuevo entorno digital, no se vea compensado con una mejora del servicio de comunicación audiovisual televisiva, o al menos con su mantenimiento, sino que, por el contrario, el resultado final sea una TDT más pobre y de futuro más incierto.

AUC manifiesta su confianza en que no es ésa en absoluto la voluntad del Gobierno, y, en este sentido, pide al Ejecutivo que despeje las dudas sobre una posible desaparición de canales que, además de chocar con la legislación vigente, tendría, a su modo de ver, importantes efectos negativos para la población general: pérdida de variedad, puesta en peligro de futuros desarrollos de la alta definición, desatención a segmentos importantes de la población, etc. Y pide por ello que se mantenga la planificación radioeléctrica reservada a la TDT en el Plan Técnico Nacional presentado al CATSI en noviembre del año pasado.

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El gobierno admite que puede haber “retrasos” puntuales en el dividendo digital

Fuente:

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/servicio-de-telecomunicaciones/el-gobierno-admite-que-puede-haber-retrasos-puntuales-en-el-dividendo-digital_YEJfg6GGrzbC29VphefaF4/

El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, admitió este jueves que es posible que en el proceso de liberación de la banda de 800 Mhz para el despliegue de la telefonía de cuarta generación (4G), conocido como dividendo digital, haya algunos retrasos en ciertas zonas del país en las que este proceso es más complejo.

En el XV Encuentro del Sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación organizado por Ametic y por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), el secretario de Estado sostuvo que "esencialmente" se va a cumplir el objetivo de que el proceso de liberación de esta banda, que hasta ahora utilizaba la televisión digital terrestre (TDT), se produzca el 1 de enero de 2014.
Sin embargo, añadió que "puede que haya retrasos en zonas concretas" del país en las que el proceso es más complicado.
Calvo-Sotelo subrayó que el Ejecutivo está "terminando" el decreto técnico que regula este proceso de liberación de las frecuencias, pero admitió que "vamos con retraso sobre los calendarios previstos".
Este retraso se explica, según el secretario de Estado, por la sentencia del Supremo que declaró ilegal el reparto de los canales de la televisión digital terrestre (TDT), que "nos ha hecho tener que recomponer el proceso".
No obstante, confió en que, al final, se realizará de forma "significativamente más sencilla" a la prevista por el anterior Gobierno y "con un menor coste para los usuarios".
En este sentido, defendió la decisión del Gobierno de adelantar este proceso al 1 de enero de 2014, ya que "no tenía sentido que España decidiera voluntariamente quedarse en el furgón de cola de Europa".
También valoró que los operadores hayan adelantado el despliegue de la telefonía 4G aunque haya sido en las frecuencias de 1,8 y 2,6 Ghz, que tienen "menor alcance y menor posibilidad de penetrar en los edificios.
Sin embargo, subrayó que "pese a estas limitaciones", las compañías se han lanzado al despliegue de esta tecnología ya que en el "horizonte" está la liberación de la banda de 800 Mhz.
Preguntado sobre si habrá nuevas subastas de espectro entre los operadores, explicó que está previsto para el futuro un segundo Dividendo Digital en la banda de 700 Mhz, aunque añadió que en esta ocasión el proceso se realizará con una mayor coordinación por parte de la Unión Europea.
En cuanto a la sentencia del Supremo que declaró ilegal el reparto de canales de la TDT, apuntó que el Ejecutivo dará cumplimiento a esta sentencia.
Sobre un nuevo reparto de estos canales, aseveró que la legislación actual establece que "si hay un espectro que se planifica pero no está adjudicado, el Gobierno debe realizar un concurso", aunque añadió que van a "valorar" esta situación.

(SERVIMEDIA)

MTV se cerrará si el Gobierno recorta los canales de TDT: Viacom mantendría Paramount

Fuente: www.elconfidencialdigital.com

La decisión está tomada. Viacom ha echado cuentas y ya ha optado por uno de sus canales en caso de que el Gobierno aplique la sentencia del Tribunal Supremo y recorte los canales de TDT. MTV no seguiría.

La sentencia del alto tribunal afecta también de manera especial a Viacom. La multinacional americana dispone en España de dos canales, que emiten a través de la licencia de Net TV. En la compañía, por tanto, están muy pendientes a la decisión que se pueda tomar en Moncloa.

La situación es la siguiente: si el Gobierno aplica la decisión del Supremo, Net TV, la compañía liderada por Vocento, deberá desprenderse de dos de los cuatro canales de los que dispone. Uno será Intereconomía, que ya está buscando soluciones alternativas, y otro, uno de Viacom.

Según ha podido saber El Confidencial Digital, los directivos de la multinacional americana ya han comunicado a Vocento que, en ese caso, prescindirán de MTV. En la sede del grupo dirigido por Luis Enríquez ya han recibido esta información.

El motivo que ha llevado a los máximos responsables de Viacom a tomar esta decisión es que MTV es el canal “caro”. Dispone de programas de producción propia, como ‘Alaska y Mario’ o ‘Gandía Shore’, que elevan el coste de la parrilla. Debido a la crisis publicitaria, el canal no les es rentable, según los datos de los que disponen.

Su otro canal, en cambio, es más barato y, por tanto, rentable. Paramount, en efecto, emite películas que le reportan un ‘share’ fijo a Viacom.

Por tanto, tal y como ha comentando algún directivo de Viacom recientemente, el canal MTV podría desaparecer de España en los próximos meses.

Tanto en Viacom, como en otras majors americanas que operan en España, la sensación es de malestar con las decisiones gubernamentales y judiciales. Algún directivo de estas empresas transnacionales ha comentado que el nuestro es el único país del mundo donde se toma una decisión que al cabo del tiempo es anulada por un tribunal o por otro Gobierno.

La Television de todos, acorralada

Fuente: El Pais.com

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/12/actualidad/1371066571_838736.html

En países como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia o España, la televisión pública goza de peso y prestigio en la industria audiovisual. El caso más notable es sin duda el de la BBC británica, pero en general se trata de televisiones que ofrecen contenidos de calidad que gozan de buena aceptación por parte de la audiencia.

El modelo europeo contrasta con el de Estados Unidos, donde el Public Broadcasting Service (PBS, el canal público) tiene un carácter marginal en cuanto a la audiencia, pero provee de contenidos a 354 socios con producciones de instituciones especializadas, como la que creó el muy popular formato infantil Barrio Sésamo, emitido en cientos de países y que supuso una auténtica revolución en la manera de abordar la educación a través de la pantalla.

En Latinoamérica existen modelos muy diversos. Los operadores de Cuba y Venezuela están a menudo en la picota por su carácter de servicio incondicional al régimen y su labor de adoctrinamiento político. En el otro extremo se situaría México, un país con canales públicos muy residuales en el que los privados han estado históricamente obligados a cumplir una misión de servicio al ciudadano. La colosal Televisa, por ejemplo, ha dedicado un 12,5% de su producción a contenidos educativos (fue el canal encargado de transmitir la programación educativa de Telesecundaria). En Colombia, las emisoras regionales cuentan con una amplia programación de interés público. Brasil tiene canales avalados por fundaciones, como TV Cultura de la Fundación Padre Anchieta, que llevó a la Red O Globo a crear una oferta (Tele Futura) con objetivos de servicio público y una aparente dedicación a la educación.

Con la clausura de la ERT —en principio solo durante tres meses y mientras se diseña un nuevo modelo empresarial con una cuarta parte de la plantilla— Grecia se convierte en el único país de la UE sin un medio audiovisual de titularidad estatal. “Es como una bofetada para los ciudadanos. Era la única cadena que aún mantenía equilibrio en las noticias. Las privadas son muy sesgadas”, comentaba ayer Nouha Elbarage, de 33 años, en una cafetería del centro de Atenas.

Joan Ferrés, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, no titubea al ser preguntado sobre el debate abierto tras la clausura del ente griego: “Un pueblo difícilmente puede alcanzar su plenitud democrática sin contar con una televisión pública”. Y la coloca al mismo nivel que la educación o la sanidad. “Son servicios”, dice, “que no pueden regirse por las leyes del mercado”.

Las cadenas públicas están amparadas en Europa por el Tratado de Amsterdam (1997, ratificado por el Consejo de Ministros de Cultura en 1998), que reconoce su papel clave y su relación con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad. Ángel García Castillejo, abogado y consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, afirma que el servicio público es uno de los denominadores sustantivos y comunes de las democracias europeas. “Gracias a ellos los ciudadanos hemos podido disfrutar de espacios informativos que recogían la realidad social y política de nuestras sociedades en toda su diversidad, y gracias a ello han alcanzado los liderazgos de audiencias ávidas de neutralidad informativa y veracidad que en muchas ocasiones no se encuentra en las líneas editoriales de los medios privados”, dice.

Para muchos países, sus corporaciones públicas son todo un emblema. “Una sociedad con medios audiovisuales cuyos accionistas son todos los ciudadanos, si se les garantiza la independencia en su gestión, terminan siendo un símbolo de su libertad”, apunta García Castillejo, que cita los casos de la BBC, la RAI y “por unos años”, RTVE (justo hasta 2012, cuando el PP cambió la ley para que la elección del presidente no necesitara ya del consenso político).

Sea a este o al otro lado del Atlántico, los expertos coinciden en que el servicio público real se logra cuando los telediarios no contentan a la oposición y desagradan a los Gobiernos. Estas compañías están obligadas a ofrecer una información plural, que no sirva a los intereses de los grupos de poder, y al mismo tiempo velar por el pluralismo político, social, lingüístico, cultural y religioso, señala el profesor Ferrés. “Y solo una televisión pública puede garantizar una atención preferente a la cultura. Pero eso no implica que tenga que hacer una programación aburrida o reservada a una minoría selecta”.

Maurizio Carlotti, vicepresidente de Atresmedia (Antena 3, La Sexta), también cree que la televisión pública tiene una misión específica que cumplir. Tras recordar que la televisión nació como un monopolio público y con la misión de hacerlo todo (formar, informar y entretener), afirma: “Sesenta años después, con el fin del monopolio y en plena revolución tecnológica, la televisión pública no puede seguir pretendiendo hacer lo mismo que en los años cincuenta. Necesitamos una integración recíproca entre público y privado”. Carlotti reparte funciones: Para las teles públicas, la información imparcial, la formación educativa, el entretenimiento culto, la promoción del cine y de la producción audiovisual española de todo tipo, la enorme variedad de deportes que a menudo no salen en televisión, la experimentación tecnológica, la formación profesional, la manutención de la memoria audiovisual del país. Y para las privadas, garantizar el pluralismo informativo, el entretenimiento generalista, los grandes acontecimientos deportivos, el impulso internacional a la producción audiovisual. “Y todos”, matiza, “trabajando en forma eficiente, con estructuras equilibradas y utilizando al máximo las competencias externas, cada día más profesionales. El resultado será el beneficio económico para las empresas privadas, y la utilidad social del servicio público”.

En realidad nadie exige a estos entes que ganen dinero. Pero sí se les pide que tengan rentabilidad social y gestionen los recursos con rigor y eficiencia.

La construcción de las corporaciones públicas en la UE no ha estado exenta de tensiones. Según el abogado García Castillejo, estas han sido causadas en general por la posición de las televisiones privadas, que desde siempre han aspirado al total del negocio publicitario audiovisual, incluidas sus audiencias.

La muy admirada BBC ha sido del espejo en el que se miró la televisión española cuando rediseñó su modelo, en 2006. El mandato marco dejaba clara la misión de TVE: fomentar el pluralismo, el debate democrático y el espíritu crítico de los ciudadanos, defender los valores constitucionales, contribuir a la construcción de la identidad y la vertebración de España y la cohesión territorial. Además, a TVE se le exige independencia, pluralismo, neutralidad, imparcialidad y rigor, que promocione los intereses de España en el extranjero, vele por la igualdad entre hombres y mujeres y por los derechos de los menores y los discapacitados. Al margen de las críticas por cómo aplica o no estos principios, las normas están claras. “Debe ser los ojos y los oídos de la ciudadanía para que esta pueda participar con conocimiento en el debate público y en los procesos políticos”

, reclama la Plataforma para la Defensa de la RTV Pública.

A la vista del cierre de la televisión griega, ¿sería posible un efecto contagio en España? Los principales grupos políticos descartan de plano la desaparición de RTVE. Aunque hay espacio para el pesimismo. Luis Ávarez Pousa, profesor de Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela, afirma que Gobiernos y operadores privados se han unido “en un disimulado acoso al sistema público de televisión en Europa”. Y añade que con un recorte de 250 millones de euros, sin la publicidad que conformó hasta 2010 su modelo de financiación mixta, la asfixia económica aceleraría la caída de RTVE. “Sin voluntad política para consolidar el marco legal, unida a la atomización de las audiencias, la multiplicación de la oferta de libre acceso mediante la TDT e Internet, la asfixia económica se convierte en un eficacísimo instrumento —la soga del ahorcado— para llevar a cabo su liquidación. La troika no será sino la excusa perfecta. ¿Como en Grecia?”.

Pero privatizar RTVE no está en la agenda política. Otra cosa es la segunda pata del sector audiovisual: las autonómicas. El fantasma de la externalización de contenidos y servicios recorre todas las autonomías controladas por el PP, desde Madrid a Murcia, pese a que su coste representa, de media, el 0,5% del presupuesto de cada comunidad.

Los problemas financieros que el Gobierno de Andonis Samarás ha esgrimido para mandar a negro las emisiones de la ERT fueron, según muchos de los entrevistados, creados por los mismos que ahora critican la gestión. “Si fue mala, tienen que culparse ellos mismos. ¿Quién metía a los suyos en la televisión? Si dicen que hay despilfarro que hagan una reforma pero no un cierre abrupto como esto”, dice un extrabajador a las puertas de la cadena. Atrincherados en la sede de Atenas, los trabajadores han estado emitiendo sin parar a través de Internet.

Organizaciones sindicales y profesionales del Viejo Continente han alzado su voz en solidaridad con la ERT. Ayer celebraron concentraciones de apoyo a sus 2.800 trabajadores. Reporteros sin Fronteras hizo un llamamiento al Gobierno griego para que revoque de inmediato su decisión y la Asociación de Prensa de Madrid afirmó que es “un duro golpe a la democracia”. Y también al periodismo, a la libertad de expresión y al derecho de información de los ciudadanos. Es “un retroceso no solo griego sino también de la UE, cuyos Gobiernos y Parlamentos en más de una ocasión han defendido la existencia de los medios públicos”.

El Ejecutivo heleno acusa a ERT de “opacidad y despilfarro”. Pero más allá del coste y de una presunta mala gestión, los ciudadanos consideran que lo que está en juego es la misma noción de servicio público, algo que no se mide solo con el dinero. “En muchas islas del Egeo y en algunas zonas del interior, solo llega la señal de ERT. Esta gente se queda sin televisión y sin radio”, se lamentaba Dimitris, uno de los muchos jóvenes que han acudido a la sede de la emisora para participar en la protesta. “Pero hay también gente que está de acuerdo con el cierre”, aseguraba un taxista relatando los comentarios oídos entre sus clientes. “Dicen que no le importa, que solo ven las cadenas privadas y las series turcas que son tan populares aquí”. Otros subrayan el papel de difusión y preservación del patrimonio cultural. “Es la única que mantiene una oferta amplia y variada. Música clásica, documentales, programas de interés social”, decía Mari Ladopoulou, una autónoma de 61 años. Como resume del abogado García Castillejo, a la televisión pública le pasa como a la salud, que se la echa de menos cuando se carece de ella “y desde los salones de nuestras casas suspiramos diciendo: ‘es que no hay nada interesante que ver”.

La guerra de la TDT. Peligro de chapuza: Calvo-Sotelo cree que puede bastar con suprimir siete canales de TV

Fuente: http://www.hispanidad.com/confidencial/la-guerra-de-la-tdt-peligro-de-chapuza-calvo-sotelo-cree-que-puede-ba-20130611-157086.html

Es la guerra del año, mitad política, mitad económica: el duopolio Lara-Berlusconi, que controlan tanto la información televisiva como la publicidad TGV en España, se niegan a que el Estado les quite ni uno sólo de sus ocho canales.

El Gobierno Rajoy, al mismo tiempo, está harto de las críticas de A3-La Sexta y de Tele 5-Cuatro. También lo están de que el anterior Gobierno Zapatero consiguiera que cuarenta canales de TDT, en lugar de multiplicar el pluralismo informativo en España lo redujera a dos.

Y ya puestos a estar hartos, también lo están de que Silvio Berlusconi, a través de Tele 5 y Cuatro haya convertido a España en la tierra de la telebasura (en España emite lo que no se atreve a emitir en Italia), y de que José Manuel Lara no le vaya a la zaga, especialmente tras la absorción de La Sexta. En esas llega el famoso dividendo digital. En otras palabras, el Gobierno ha licitado una oferta de nuevo espectro -con la tecnología de cuarta generación adosada- y para ponerlo en marcha, sin gastar en la resintonización de antenas, necesita cerrar canales de TDT. Al menos, esa es la excusa técnica. En principio, se plantearon la amortización de nueve canales: 3 se quitarían a los 8 de Atresmedia, dos a Tele 5, dos a Net TV (Vocento) y dos a Veo TV (Unedisa).

Lara y Berlusconi braman contra esta situación. Como mucho, admiten que se les quite uno y quedarse con 7. Pues bien, a lo mejor el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo (en la imagen) les ha proporcionado la solución: aseguran en Industria que con siete canales menos podría liberarse espectro suficiente para la nueva tecnología 4G de telefonía móvil y, además, sin necesidad de resintonizar (gasto que corre, principalmente, a cargo de la Administración y de los particulares).

Lo malo es que las telecos piensan que esto puede acabar en chapuza. Vamos, que no bastan esos siete canales, que se precisan al menos los nueve previstos, sino más. Al menos, si el Gobierno quiere que la 4G se ponga en marcha antes de que termine el año y se despliegue en 2014.

Eulogio López