RTVE propone una rebaja salarial para la plantilla de la corporación de un 5%

Fuente:

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/31/comunicacion/1369954989.html

La negociación del nuevo convenio colectivo para RTVE avanza a trompicones. Velocidad lenta. Y el plazo establecido para llegar a un acuerdo, el 30 de junio, se agota. Desde la dirección de la corporación se ha hecho llegar a algunos trabajadores un acuerdo base para la negociación de este nuevo convenio, «las líneas básicas que deberán servir como marco en la negociación», según recoge el texto. Uno de los puntos llamativos de este informe es que como autor del mismo figura ‘masacaluga’, nombre que coincide con Miguel Ángel Sacaluga, consejero en la corporación a propuesta del PSOE.

En este «acuerdo base», al que ha tenido acceso ELMUNDO.es, se recoge que «en consonancia con el esfuerzo efectuado por los trabajadores de la función pública, el impacto de los recortes económicos sobre la totalidad de las percepciones salariales de carácter personal (salarios, pagas y antigüedad) no debería exceder del 5%, pudiendo ser superior en otros conceptos, para alcanzar el objetivo global de ahorro del 8,5 % con referencia a los gastos de personal y por un mínimo de 30 millones de euros».

Cabe recordar que para 2013 RTVE cuenta con un presupuesto de 941 millones. Y para este año estaba prevista una partida de unos 378 millones de euros para gastos de personal, esto es, el 40% del total del dinero a gastar. «La necesidad de un nuevo convenio se justifica por los recortes de más del 20% en el presupuesto de RTVE por la grave crisis económica, y la necesidad de adaptar las estructuras y modelos operativos al actual entorno competitivo», apuntaron ya en febrero los responsables de RTVE.

Con todo, llama la atención que este informe lleve la ‘firma’ de Sacaluga, consejero del PSOE. Así aparece recogido en las propiedades del documento. Consultado sobre si ha sido él quien ha asesorado al presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique, en la formulación de estas «líneas básicas», Sacaluga responde: «No he participado en ninguna negociación. Consideré que eran necesarias unas limitaciones, unas líneas rojas. Y así lo expliqué en una reunión del consejo. Fijé mi posición, pero no tengo nada que ver en asesoramiento alguno».

Sacaluga sí reconoce haber enviado un escrito a Echenique trasladándole esos límites que explicó en la reunión del consejo de administración. «Es la única explicación posible a que yo aparezca como el autor del texto. Que al enviarle el escrito al presidente hayan podido trabajar sobre él y así figure mi nombre como origen. Pero le envié el texto con mis planteamientos y no he intervenido en nada más».

Fuentes del consejo consultadas por este diario apuntan que el tema del convenio sí se trató en una reunión, pero que se les ofreció unas líneas generales del planteamiento que se quería trasladar a los trabajadores. Sin más detalle. Este documento con el «acuerdo base» no está en manos de ninguno de los consejeros consultados.

En el texto en cuestión figura que «se considera que la plantilla del personal de la Corporación y su composición y distribución debe garantizar la existencia de una estructura funcional integrada de radio, televisión y servicios interactivos y conexos, que cumpla el servicio público». Se recoge que el dimensionamiento de la plantilla máxima será de 6.400 trabajadores. En otro de sus puntos establece: «la corporación aprobará un Plan que contenga las directrices de producción y programación para los próximos tres años».

El objetivo es «la no disminución real de la producción propia interna que permita la máxima ocupación de la plantilla» y «el incremento de dicha producción propia interna siempre que las condiciones laborales resultantes de la negociación lo permitan».

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El derecho de acceso en los medios andaluces

Los medios públicos esquivan su obligación de dar presencia a las asociaciones en la programación
– Las asociaciones tienen derecho a pedir un espacio en las emisiones de cualquier radio o televisión pública pero casi ninguna organización lo sabe.
– En España, al menos tres leyes obligan a los medios públicos a facilitar el acceso a la ciudadanía, como titular del derecho constitucional, a difundir ideas y opiniones. En Andalucía, el Estatuto y la Ley de RTVA.
– Es posible solicitar este derecho entre el 1 y el 15 de junio, así como del 1 al 15 de diciembre de cada año, tanto para la emisión estatal como para cada una de las territoriales de RTVE.

Ver artículo completo en:
http://www.eldiario.es/andalucia/publicos-obligacion-permitir-asociaciones-programas_0_134736766.html

Estas son algunas de las actuaciones realizadas por el Consejo Audiovisual de Andalucía respecto del Derecho de Acceso en Andalucía

El derecho de acceso a los medios de comunicación más allá del pluralismo político

Resolución 13/2011. Falta de cobertura de rueda de prensa en Onda Jerez

Resolución 9/2012 del CAA en relación a una posible vulneración del pluralismo político en la televisión municipal de Tarifa

Nuevo frente abierto de Abertis con el Gobierno: 45 millones en el aire por las licencias de TV

Fuente: www.vozpopuli.com

La operación de venta de un 20% de Hispasat por parte del Estado se está retrasando más de lo esperado. Abertis, el grupo de infraestructuras controlado por La Caixa, que ahora posee el 40,6% del operador público de satélites, lleva años tratando de tomar su control y poder así consolidar el grupo en sus cuentas.

Cuando todo parecía atado y bien atado para este mes de mayo, dos imprevistos se han cruzado en el camino. El primero, la marcha atrás de la francesa Eutelsat, que controla un 33,7%, y esta vez no ejercerá el derecho de tanteo en Hispasat, como sí hizo cuando vendió Telefónica; y el segundo, la inesperada sentencia del Tribunal Supremo, que declaró nula la adjudicación de nueve canales de televisión digital terrestre y que puede suponer una merma anual de ingresos para Abertis de 45 millones de euros.

El Gobierno, al calor de la presión ejercida por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para sacar el mayor provecho económico a la venta de Hispasat, ha querido traer a su terreno la sentencia del Supremo y convertirla en moneda de cambio frente a la propia Abertis y, cómo no, frente a los grupos de televisión Antena 3, que perdería tres licencias, Mediaset, Veo (Unidad Editorial) y Net TV (Vocento), que cederían dos licencias cada una.

La vicepresidenta les ha metido el miedo en el cuerpo a todos al anunciar que la sentencia se ejecutará en breve, algo que sería catrastrófico

Son nueve canales en total. Y si el Gobierno opta por trasladar al marco legislativo la sentencia tal y como ha salido del Supremo, estos grupos perderán sus licencias, que serían subastadas entre los operadores móviles para dar sus servicios avanzados de cuarta generación. Pero el roto para Abertis es mayúsculo, porque cobra en torno a 5 millones de euros al año a cada canal por transmitir su señal, según calculan fuentes del sector. Es decir, con nueve canales menos dejaría de ingresar unos 45 millones de euros cada año.

Así que son ahora Montoro y José Manuel Soria (Industria) los que tienen la sartén por el mango de cara a las negociaciones con los grupos de televisión y con el transportista de la señal. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, les ha metido el miedo en el cuerpo a todos al advertir de que la sentencia se ejecutará en breve.

Es una posición de máximos, porque los grupos tratan ahora de que el Real Decreto que prepara el Gobierno con el plan técnico para implantar el dividendo digital (traspaso de los canales de televisión a los operadores móviles para nuevos servicios avanzados) sea lo más suave posible y no suponga la pérdida de todos los canales cuya adjudicación ha sido declara nula.

La Caixa y Abertis se baten el cobre ahora en Madrid para tratar de amortiguar el impacto de la sentencia y, a la vez, cerrar la compra de Hispasat

Sería la puntilla definitiva a los maltrechos grupos de comunicación, algunos rayanos ya con la quiebra técnica. Y es en este contexto en el que ahora se tiene que desenvolver Abertis. Su presidente, Salvador Alemany, su consejero delegado, Francisco Reynes, así como el propio Isidro Fainé, presidente de La Caixa, tratan ahora de amortiguar el ‘tour de force’ lanzado por el Ejecutivo.

No quieren pagar más del entorno de los 200 millones de euros pactados por el 20% de Hispasat, según confirman fuentes cercanas al proceso, pero tampoco quieren que sus clientes premium, los grupos televisivos, se queden sin canales, y ellos sin ingresos. Es decir, no se atreven a tensar más la cuerda con Montoro y su voracidad recaudadora en Hispasat cuando además también están en juego los jugosos ingresos televisivos.

En definitiva, lo que iba a ser una fácil salida ordenada del Estado de Hispasat (se quedará con un testimonial 5% además del control de Hisdesat, la filial segregada que controla las comunicaciones militares y de Defensa) se ha visto ahora intoxicada con el problema de las televisiones, lo que está alargando el cierre de la operación. En el sector confían en que el Gobierno tienda la mano finalmente y no quite a los operadores todas las licencias anuladas, todo un balón de oxígeno para los grupos de TV y para la propia Abertis.

En fuentes cercanas a la compañía catalana recuerdan que lo que está parando la toma de control de Hispasat son los ajustes con los vendedores (las estatales INTA, CDTI y Sepi), dado que el ‘no’ de Eutelsat ha trastocado sobre el papel el preacuerdo de compraventa.

El Gobierno ultima los detalles para sacar el concurso de TDT en HD antes del verano

Fuente: www.prnoticias.com

Con un escenario de TDT incierto, tras las últimas decisiones judiciales y del Gobierno en lo que a esta materia se refiere, parece que éste pudiera estar buscando nuevos apoyos y sacando a concurso un concurso de licencias TDT en HD, sin resolver antes el problema de la sentencia del Supremo que anulaba nueve canales y su posterior ratificación en Consejo de Ministros. Y es que este nuevo concurso dejaría claramente fuera de juego a Atresmedia y Mediaset España que ya poseen, por Ley, el máximo de canales.

La cadena de la Conferencia Episcopal, 13 TV, sería una de las principales beneficiarias de un concurso de TDT en HD ya que aseguraría su modelo de negocio al postular a una licencia en propiedad dependiendo, así, de sí misma y no del alquiler a terceros. Además, el Gobierno se haría con el apoyo de un grupo de mucho peso ideológico en la sociedad actual dado que, en estos momentos, el Ejecutivo se ha encontrado con no pocos detractores.

Julio Ariza parece que también querría acceder a una de estas licencias pero, con sus problemas económicos y la plantilla acumulando casi seis nóminas impagadas, se hace difícil pensar en la posibilidad de que pueda afrontar los gastos que supondría la gestión de un nuevo canal.

De otro lado están las cadenas extranjeras, conocidas como ‘mayors’, puesto que, en algunos casos, sus licencias peligran al estar dentro de las nueve, correspondientes a Unidad Editorial y el Grupo Vocento, que quedarían en suspenso y, de no conseguir otra, se verían obligadas a abandonar su negocio viendo destruirse inversiones millonarias.

Las cartas están sobre la mesa y sólo queda esperar a que el Gobierno mueva ficha y decida convertir la posibilidad de los tres canales de TDT en HD en una realidad tangible. Muchos son los novios interesados pero sólo tres se llevarán el pastel y uno está casi seguro, ¿quiénes serán los otros dos?

Las TV privadas avisan al Gobierno que se están hartando de financiar RTVE y el cine español

Fuente: periodistadigital.com

Negociaciones sobre la liberación del ‘dividendo digital’

Las TV privadas avisan al Gobierno que se están hartando de financiar RTVE y el cine español

Destinan el 13,3% de sus ingresos a RTVE, el cine y gestión de derechos

Periodista Digital, 16 de mayo de 2013 a las 18:26

Las cadenas de televisión privadas, inmersas en las negociaciones con el Gobierno para liberar el ‘dividendo digital‘ y modificar el sistema de financiación del cine, han vuelto a enviar este jueves un mensaje y han advertido de que cada año dedican el 13,3 por ciento de sus ingresos, alrededor de 350 millones de euros, a financiar RTVE, el cine europeo y a "atender la presión recaudatoria" de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

Esta conclusión aparece en la primera parte de un estudio sectorial realizado por la consultora independiente Arthur D. Little a petición de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca), que se irá completando en las próximas semanas y que la semana pasada ya citó la patronal para advertir de que una hipotética vuelta de la publicidad llevaría a todas las cadenas privadas a pérdidas.

En el informe, la consultora señala que "la relevancia creciente" de las televisiones privadas como motor de la industria audiovisual, que emplea directa e indirectamente a 77.000 personas y alcanzó en 2012 un volumen de más de 10.000 millones de euros, equivalentes al 1 por ciento del PIB nacional,

"contrasta con las obligaciones cada vez más exigentes y discriminatorias que sufren respecto a otros sectores y otros países".

Así, el estudio lamenta que pese a que los resultados de las principales compañías privadas se han reducido hasta apenas el 15 por ciento de lo que habían sido en 2007, las televisiones deban seguir destinando cada año en torno a 350 millones de euros para financiar RTVE, el cine europeo y cumplir con las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

En cuanto al cine, con datos de 2010 (últimos oficiales publicados), las privadas financiaron al cine con 117 millones de euros, una tercera parte de los 345,7 millones aportados en total ese año, computando las subvenciones y aportaciones de las cadenas públicas. Arthur D. Little estima que, entre 1999 y 2012, el conjunto de las televisiones ha contribuido a la financiación de películas con unos 1.800 millones de euros.

"RIGIDEZ" EN LA FINANCIACIÓN DEL CINE

Además, el estudio señala que "la actual rigidez de las obligaciones que soportan las privadas lleva a distintas paradojas". En este sentido, destaca que la mayoría de las películas españolas más taquilleras de los últimos cuatro años han tenido participación de las cadenas privadas, mientras que "la misma regulación permite que todos los años se produzca con subvenciones un cierto número de películas con escasísimos espectadores y, por tanto, exigua recaudación en taquilla o que incluso no llegan a estrenarse".

El estudio subraya también que la "falta de flexibilidad" en torno al cine "dificulta que las cadenas privadas puedan invertir en los productos más demandados por el público". Así, entre 2007 y 2011 la exportación de las producciones cinematográficas españolas se redujo un 28 por ciento, hasta 41,4 millones de euros, mientras que, en "un segmento mucho más flexible", como es el de series, películas y documentales, las exportaciones para televisión crecieron un 19 por ciento, hasta 41,7 millones de euros, con lo que ese año 2011 por primera vez se exportó en España más televisión que cine.

En el capítulo de las entidades de gestión colectiva de derechos, el estudio encargado por Uteca cifra en 190 millones de euros los ingresos que estas entidades obtuvieron de las televisiones privadas en 2012 y señala la "paradoja" de que esta contribución aumentara un 19 por ciento entre 2007 y 2011 cuando en ese mismo periodo los ingresos publicitarios de las cadenas se habían reducido un 36 por ciento.

"Se identifica situaciones tan singulares como que las televisiones deben pagar a las entidades de gestión por emitir sus propias producciones, o que los autores y artistas norteamericanos recaudan derechos de sus fonogramas en España y no en su propio país"

En el capítulo de "cargas singulares" que soportan las cadenas privadas, el informe de la consultora incluye también los más de 180 millones de euros con los que estas televisiones han contribuido al sostenimiento de RTVE desde el año 2009. Además, en ese periodo, Arthur D. Little apunta que las privadas debieron abonar más de 310 millones de euros en impuestos de sociedades, mientras "las grandes plataformas internacionales de internet aún no han pagado ni un sólo euro, a pesar de que obtienen importantes ingresos publicitarios relacionados con su actividad en España".

La semana pasada, Uteca ya sacó a la luz una parte del estudio en el que advertía de que una hipotética vuelta de la publicidad a TVE "agravaría las discriminaciones antedichas y pondría en riesgo la viabilidad del conjunto del sector". Asimismo, ponía en duda que la medida vaya a suponer una reducción del gasto público, ya que se perdería la aportación directa que las televisiones privadas realizan a los presupuestos de RTVE.

NEGOCIACIONES CON EL GOBIERNO

El informe encargado por Uteca a Arthur D. Little sale a la luz en un momento en que las televisiones privadas se encuentran en conversaciones con el Gobierno para tratar de llegar a un acuerdo sobre la liberación del ‘dividendo digital’, para dejar espacio a la llegada a España de tecnología móvil de última generación, que no implique la desaparición de ninguno de los canales que se emiten actualmente.

Junto a estas negociaciones, las cadenas también forman parte de los grupos de trabajo formado por el Gobierno en diciembre de 2012 para estudiar un nuevo modelo de financiación del cine. Actualmente, la norma obliga a que las cadenas privadas aporten el 5 por ciento de sus ingresos a la financiación anticipada de obra audiovisual europea. Dentro de ésta, el 3 por ciento debe ser destinado a financiar obras en lengua española o en cualquiera de las lenguas oficiales de España.

La comisión para el estudio de un nuevo modelo de financiación de la cinematografía está compuesta por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), el Ministerio de Presidencia, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el Ministerio de Economía y Competitividad y el Ministerio de Hacienda, así como entidades como Grupo Prisa TV, Mediaset España, Antena 3, la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), TVE, FAPAE, la Academia de Cine, La Federación de los Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE), entre otros.

AUC pide una reforma del Código televisivo de autorregulación y una autoridad audiovisual independiente

Valora positivamente las actuaciones del Ministerio de Industria en la actuación contra el incumplimiento de la Legislación audiovisual, pero considera insuficiente el

actual modelo

La Asociación de Usuarios de la Comunicación pide una reforma del Código televisivo de Autorregulación y una autoridad audiovisual independiente

Para AUC, la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia debe garantizar la protección eficaz de los menores ante los contenidos televisivos y de Internet

La Asociación de Usuarios de la Comunicación ha mostrado su reconocimiento a labor de vigilancia, control y sanción en el ámbito televisivo que viene desarrollando la Secretaría de estado para la Sociedad de la Información (SETSI) del Ministerio de Industria, especialmente a la hora de actuar contra los contenidos inadecuados para los menores emitidos en horario infantil, con actuaciones y sanciones como las que se han hecho públicas estos últimos días. Pero considera que el modelo actual es claramente insuficiente, y pide que el nuevo regulador audiovisual, que estará integrado en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, actúe con un perfil más homologable al de los consejos audiovisuales existentes en la mayoría de los países europeos.

Para AUC, la prueba más palmaria de esa insuficiencia es que ni la vía administrativa, ni la vía voluntaria representada por el Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia han conseguido erradicar de la franja de tarde un espacio que claramente incumple la normativa como es Sálvame; ni tampoco otros contenidos para adultos emitidos en horario de protección infantil, un fenómeno cada vez más extendido con la llega de la TDT y la redifusión de programas de adultos en diferentes cadenas y franjas horarias (La que se avecina, Dos hombres y medio, South Park, etc.).

Con respecto al Código de Autorregulación, La Asociación de usuarios de la Comunicación, que participa en su Comisión Mixta de Seguimiento representado al Consejo de Consumidores y Usuarios, considera que debería experimentar una profunda transformación para adecuarse a las exigencias de la Legislación y de las autoridades europeas, de modo que, entre otras cosas, las propias televisiones no sean como ahora juez y parte a la hora de decidir si ellas mismas incumplen el mencionado Código.

Asimismo, en relación al recientemente aprobado Plan Estatal Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, AUC lo considera de una gran importancia, pero recuerda que, en el ámbito audiovisual y de internet, el problema no está en la necesidad de endurecimiento de la normativa para la protección de los menores, sino en crear mecanismos eficaces que garanticen el cumplimiento de la normativa existente, y den un mayor protagonismo a la sociedad civil, en línea con lo arriba señalado.

Para acceder a nuestra web: www.auc.es