La CNC censura el futuro marco de las “telecos”

ImagenFuente: Iuris&Lex El Economista

PIDE MULTAS MÁS DURAS PARA LAS SANCIONES GRAVES Y CUESTIONA LAS LIMITACIONES QUE IMPONE LA NORMA A LOS OPERADORES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

 

La CNC critica la imposición de obligaciones que discriminan a unos agentes económicos frente a otros.

El texto contiene puntos que inciden, “de forma poco clara y escasamente proporcionada”, en materia de competencias.

“No parece proporcionado prohibir que los operadores públicos accedan a subvenciones o créditos reembolsables”.

Se debe mejorar la coordinación con la Ley de Defensa de la Competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas.

El futuro marco legal para las telecos en el que trabaja el Gobierno ya ha sido objeto de censura por parte de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), uno de los órganos encargados de emitir informe sobre las pros y contras del Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que ya se encuentra en tramitación. La primera conclusión es que las sanciones que prevé la norma no son suficientes: se pide que éstas asciendan, en los casos graves, al 10 por ciento de los ingresos, así como evitar que se reduzcan a cifras absolutas.

En opinión de la CNC, resultan “especialmente preocupantes los límites impuestos a las multas, establecidos en cifras absolutas (como máximo 20 millones de euros, en el supuesto más grave) y no vinculados a la capacidad económica del infractor”. De esa forma, y en “los supuestos de transgresión de las obligaciones regulatorias que imponga la CNMC, estos límites pueden dar lugar a que las sanciones tengan escaso potencial desincentivador”. Según la CNC, el importe máximo de la sanción ofrece un impacto reducido en comparación con la facturación de las empresas con poder significativo de mercado.

Por ello, la Comisión propone que se exija un máximo del 10 por ciento de la facturación de las empresas responsables, “lo que permite graduar la sanción en función de la gravedad de la conducta, el carácter desincentivador que debe tener, y la capacidad económica de la empresa”.

En general, las modificaciones introducidas suponen una reducción de los supuestos de infracción grave o muy grave en materia de interceptación legal de las comunicaciones, aplicando el criterio de reservar esta calificación a las conductas que revisten especial importancia y vulne- ran los derechos de las personas al secreto de las comunicaciones. Los supuestos de infracciones administrativas que no afectan a los derechos de las personas ven rebajada la calificación a infracciones leves. La CNC “no plantea objeciones a la orientación de los cambios que en la tipificación de las infracciones plantea el anteproyecto”, exceptuando lo relativo a las sanciones que prevé la norma.

Otra objeción se encuentra en las competencias sancionadoras: debería valorarse invertir el enfoque del artículo 84, atribuyendo a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (SETSI) la competencia sancionadora exclusivamente con relación a los supuestos en los que la ley le atribuye funciones regulatorias o de control, y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el resto de los casos. Del mismo modo, se recomienda aproximar los regímenes sancionadores previstos en la Ley General de las Telecomunicaciones y en la Ley de Defensa de la Competencia, en la medida en que ambos regímenes sancionadores deberán aplicarse por el mismo organismo, la CNMC.

 

Más seguridad jurídica, más agilidad y más inversión.

La norma parte de la idea de introducir reformas estructurales en el régimen jurídico de las tele- comunicaciones, que faciliten a los operadores el despliegue de sus redes y la prestación de sus servicios, lo que redundará en “una oferta de servicios a los ciudadanos con mayor cobertura, más innovadores y de mayor calidad”. También se persigue mejorar la seguridad jurídica, al compendiar el marco europeo de comunicaciones electrónicas, que fue aprobado por la Unión Europea en el año 2002 -modificado en diversas ocasiones, la última en 2009- y que contiene el llamado paquete sobre telecomunicaciones. Éste se ideó para refundir el marco regulador del sector y hacerlo más competitivo, mejorando la calidad del servicio en general.

En este marco, la reforma propuesta por el Gobierno pone un énfasis especial en la necesi- dad de fomentar la inversión, algo necesario para soportar el despliegue de redes de telecomu- nicaciones electrónicas de nueva generación, debido a su alto coste y el riesgo elevado que su- pone asumir su desarrollo. Sin embargo, aunque la CNC está de acuerdo con la necesidad de fo- mentar el crecimiento del sector -un objetivo perfectamente compatible y acorde con el de las normas comunitarias-, algunas de las reformas planteadas no se orientan tanto a la eliminación de obstáculos o a la mejora de los incentivos, como a la imposición de obligaciones que, de hecho, pueden limitar los incentivos a invertir y generar distorsiones en los mercados de comunicaciones electrónicas.

En particular, el informe de la CNC pone de manifiesto la necesidad de que se revise el texto del anteproyecto en relación con la imposición de obligaciones, que discriminan a unos agentes económicos frente a otros, introduciendo distorsiones en el mercado y limitando los incentivos a competir y a invertir. Así, el anteproyecto propone obligaciones que afectarían sólo a los operadores de otros sectores económicos (transporte y distribución de gas, electricidad, agua, gestores de redes ferroviarias, concesionarios de autopistas, titulares de puertos o aeropuertos, etc.) y de las que serían beneficiarios, exclusivamente, los operadores del sector de las comunicaciones electrónicas.

Estas obligaciones de acceso y uso de infraestructuras de los operadores de otros sectores pueden generar incentivos más reducidos a invertir e innovar por parte de estos operadores de otros sectores (al limitar su capacidad para rentabilizar estas inversiones), así como de los ope- radores del propio sector de telecomunicaciones (al tener un acceso garantizado a las infraes- tructuras construidas por otros). Asimismo, es probable que estas obligaciones generen distorsiones en mercados, como los relacionados con la fibra oscura, donde los operadores de otros sectores ejercen una presión competitiva significativa.

En definitiva, el informe recuerda que, “sólo en un entorno en el que se garantice la libre competencia entre los distintos operadores, es posible facilitar el despliegue de nuevas redes y la presta- ción de servicios en condiciones beneficiosas para los consumidores, más innovadores y de mayor calidad”. Así, “un entorno competitivo genera los incentivos más adecuados para que los agentes económicos puedan adoptar decisiones de inversión óptimas”.

 

Limitaciones a la actuación de operadores públicos.

La CNC comparte con el Anteproyecto de ley la “conveniencia de fijar criterios para la actuación de los operadores públicos”, con el fin de promover un comportamiento competitivo de éstos. El origen del endurecimiento de la regulación para este sector se encuentra en la necesidad de “corregir comportamientos de las administraciones públicas que han podido generar distorsiones en los mercados”, objetivo que la CNC comparte. Sin embargo, algunas de las obligaciones y limitaciones que propone el texto “no se ajustan a este objetivo y, por el contrario, es probable que generen distorsiones en los mercados de comunicaciones electrónicas, además de conflictividad jurídica”.

Por ejemplo, “no parece proporcionado prohibir que los operadores públicos accedan a subvenciones o créditos reembolsables de cualquier administración (lo que incluiría, por ejemplo, los programas comunitarios), cuando ya se ha recordado la necesidad de respetar la normativa de ayudas públicas”. Por ejemplo, la actividad de estos operadores incluye la extensión de las redes de comunicaciones electrónicas -como la banda ancha- a áreas de escaso interés económico, susceptibles de recibir apoyos públicos”.

Así, “eliminar la posibilidad de que los operadores públicos con participación pública reciban estos apoyos, supondría reservar este mercado (y los apoyos públicos) a operadores privados, que podrían tener mayor incentivo que los públicos en explotar las redes subvencionadas en condiciones de exclusividad, afectando negativamente a la competencia”.

En este marco, también se habla del potencial aumento de la conflictividad jurídica entre distintas administraciones públicas, entre operadores de unos sectores y otros, y entre operadores y administraciones públicas al que, previsiblemente, dará lugar el proyecto. Esta conflictividad jurídica “derivaría principalmente de disposiciones del Anteproyecto que inciden, de forma poco clara y escasamente proporcionada, en competencias de distintas administraciones públicas, como, por ejemplo, las relativas a urbanismo y planificación del territorio o a defensa de los consumidores y usuarios”. Este entorno de conflictividad generaría un aumento de la incertidumbre jurídica y económica, que dificultaría, tanto la inversión, como el desarrollo competitivo de los mercados.

 

Un enredo institucional.

Por otra parte, el informe de la CNC considera que se debe aprovechar la reforma integral de la Ley General de Telecomunicaciones para mejorar la coordinación en su aplicación y la de la Ley de Defensa de la Competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas, con el objetivo de impulsar la competencia efectiva.

Para ello, “no sólo es precisa una definición adecuada de los objetivos e instrumentos de la regulación ex ante, sino que se requiere una atribución de funciones entre las distintas Autoridades Na- cionales de Reglamentación que facilite la aplicación coordinada de ambas normas en el sector de las comunicaciones electrónicas”.

Además, la CNC considera que debe mejorarse la coherencia entre las funciones y los procedimientos que deberá aplicar la futura Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), como Autoridad Nacional de Reglamentación, y los que deberá aplicar como Autoridad Nacional de Competencia.

El informe de la CNC destaca, también, la importancia que tiene garantizar que el nuevo marco institucional que se diseña en el proyecto de Ley de Creación de la CNMC, y que se desarrolla en el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, sea coherente con el objetivo de delimitar claramente las funciones del nuevo organismo en la aplicación de la regulación sectorial, por un lado, y de la normativa de defensa de la competencia, por otro, estableciendo los necesarios cauces de coordinación, tanto en el seno de la CNMC, como entre la CNMC y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Por último, y en relación con la llamada Ley paraguas, la CNC señala que sería conveniente dejar claro en el texto de la ley que, la firma de proyectos de ICT, queda abierta a todos los ingenieros e ingenieros técnicos, por lo que debe eliminarse la referencia a los ingenieros de telecomunicaciones en exclusiva. La idea es asumir la última jurisprudencia del Tribunal Supremo con respecto a la discutida cualificación técnica necesaria para verificar de forma externa esta clase de proyectos técnicos.

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UN TEXTO QUE INCORPORA LAS ÚLTIMAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA.

MÁS INVERSIÓN, MÁS PROTECCIÓN AL USUARIO.

El Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones presentado por el Gobierno trae de la mano la creación de “un marco incentivador de inversiones y mejora la protección de los usuarios”, tal y como asegura La Moncloa en su referencia a las principales novedades del texto. Así, se incorporan al ordenamiento jurídico interno las Directivas europeas integradas en el paquete Telecom, aprobado en noviembre de 2009. La Ley establece un marco más adecuado para la realización de inversiones para el despliegue de redes de nueva generación, que permitirán ofrecer a los ciudadanos velocidades de acceso a Internet superiores a los 100 Mbits por segundo. Además, los usuarios finales tendrán derecho a recibir mayor información sobre los servicios que reciben, y la portabilidad deberá realizarse en el plazo de un día laborable. Se modifican también las competencias y el funcionamiento de los organismos reguladores, y se refuerzan las competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. La Ley es la norma principal que regula el sector de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, quedando excluidos de su regulación los servicios de comunicación audiovisual y los servicios de la Sociedad de la Información.

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