Las asociaciones de espectadores confían en que el Senado incorpore un órgano de participación social en la nueva CNMC

Ante su inminente tramitación

Las asociaciones de espectadores confían en que el Senado incorpore un órgano de participación social en la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

iCmedia y AUC esperan que el grupo popular respalde las propuestas que obtuvieron el apoyo del resto de grupos en el Congreso.

Madrid, 24 de Abril de 2013. La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Medios (iCmedia) y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) han pedido la inclusión de Consejos Consultivos en la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con el fin de garantizar la participación ciudadana en la defensa básica de sus intereses, tal y como ocurre en otros países europeos y como prevé la actual Ley General de la Comunicación Audiovisual en relación a la actividad radiofónica y televisiva.

En estos momentos, el proyecto de ley de la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) espera su aprobación definitiva en el Senado y ambas organizaciones confían en que se incorporen las propuestas que ya obtuvieron el respaldo de la mayoría de los grupos en la fase parlamentaria.

El Proyecto de Ley prevé un área específica para las telecomunicaciones, el audiovisual e internet, y es en ese ámbito en el que se concreta la propuesta de AUC e iCmedia de contar con un órgano que deba ser consultado de modo preceptivo en las decisiones que se adopten. El Consejo Consultivo serviría también de cauce para las quejas y reclamaciones de los ciudadanos, especialmente en aspectos como la protección de los menores en la red y en relación a los contenidos televisivos.

Ambas organizaciones, ya hicieron llegar en su momento a los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso sus propuestas de enmienda al Proyecto de Ley y obtuvieron el respaldo de casi todos los grupos, aunque finalmente no fueron incorporadas en el texto definitivo aprobado por la Cámara. Ahora han remitido dichas propuestas a los grupos del Senado y esperan que por la vía transaccional puedan salir adelante.

La primera de estas propuestas de enmienda, incluye una Disposición Adicional en la que se emplaza a la CNMC a aprobar, en el plazo de tres meses desde su constitución, un reglamento de Consejo Consultivo Audiovisual y de las Comunicación Electrónicas, que debería quedar constituido en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la Ley.

La segunda plantea adicionar al Artículo 9 un apartado 5 en el que se garantice expresamente el derecho de los ciudadanos a participar en la regulación en materia de contenidos y, en particular, el derecho de cualquier persona física o jurídica a dirigirse a la autoridad audiovisual competente para solicitar de ésta el control de la adecuación de los contenidos audiovisuales con el ordenamiento vigente o los códigos de autorregulación. Con ello se pretende que las competencias de la CNMC en este ámbito abarquen todas las disposiciones de la Ley en materia de derechos y obligaciones de los prestadores de los servicios audiovisuales y de la sociedad de la información hacia los ciudadanos; muy especialmente en materia de protección de los menores frente a contenidos de riesgo, inadecuados o ilícitos.

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Telecinco y Antena 3 diseñan una programación de bajo coste para los próximos meses: la publicidad está ca yendo un 20% en abril

Fuente: www.Elconfidencialdigital.com

Economía de guerra en los despachos de Mediaset y de Atresmedia. Los dos principales grupos televisivos españoles se preparan para una segunda mitad de año en la que volverán a tener que ajustar sus presupuestos y a mirar con lupa todos los proyectos. La publicidad sigue cayendo y no se detiene.

Las cifras del mes de abril que llegan a los directivos de ambas cadenas son preocupantes:

El vacío legal del tarot en televisión tiene los días contados. El Ministerio de Industria ha recibido varia s peticiones para que se revise la Ley Audivisual

Fuente: www.elconfidendencialdigital.com

Han sido muchas las familias que han acudido a buscar ayuda al Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), donde se muestran preocupados por la absoluta impunidad del fenómeno del tarot y los telepredicadores de la televisión contra el que llevan luchando varios años.

Su último intento: una petición al Ministerio de Industria y a los grupos del Congreso para que modifiquen la Ley Audiovisual, que acaba de cumplir tres años, y que ha dejado a los timadores de los astros en un limbo legal del que están sacando buena tajada a costa de los espectadores más indefensos.

Las noches televisivas se han convertido en un territorio fértil para que crezcan los echadores de cartas, los crupieres catódicos y la teletienda de los productos milagro. A estos últimos reclamos pseudocientíficos se les ha comenzado a poner coto en los últimos meses, enviando requerimientos desde el Ministerio de Industria a televisiones como MTV O Intereconomía.

Pero los astrólogos y telepredicadores cuentan con una ventaja adicional: un importante agujero de la Ley General de Comunicación Audiovisual de marzo de 2010 que les permite mostrarse como un show más. "Deberían ser considerados cuando menos televenta", critica la presidenta del CAA, Emelina Fernández Soriano, "aunque por su propia naturaleza la inmensa mayoría deberían estar prohibidos".

"Al considerarse un programa de entretenimiento y no un espacio de televenta, no tienen ni las restricciones, ni los límites, ni las sanciones que les deberían corresponder", explica Fernández Soriano. España es el único país de su entorno que permite esta situación: en toda Europa existe un marco legal específico con el que constreñir estos espacios, y o bien se restringen al tipificarlos como televenta, o bien se prohíben directamente (como es el caso de Rumanía y Bélgica). "Al fin y al cabo, venden un producto a cambio del dinero que los espectadores gastan al teléfono", explica Fernández Soriano, "pero que además es un engaño dirigido a los más frágiles".

En los programas de tarot o adivinación del futuro se estaría produciendo "una comunicación audiovisual de ofertas directas al público con miras al suministro de bienes o la prestación de servicios", según una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas respecto de los espacios denominados Call TV, programas en los que se ofrece al público un determinado servicio al que se accede a través de números de teléfono de tarificación adicional. Ahí está la clave: no es lo mismo Jiménez del Oso avisando de la llegada de los marcianos que un adivino dando consejos a cambio de dinero. Los exagerados precios de esas llamadas suponen una transacción a cambio de un servicio: y si se considerase una venta, sus días estarían contados.

"En ese caso, se tendrían que someter a la normativa específica de la televenta, con límites horarios y lo que es más importante: sin ventas fraudulentas", afirma la presidenta del Consejo andaluz. Así, todos estos videntes incurrirían en su mayor parte en un supuesto de publicidad ilícita, al tratarse de comunicaciones comerciales engañosas por falsedad y confusión de lo ofrecido, según la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de Publicidad. "A ver si son capaces de demostrar las propiedades de su producto", ironiza Fernández Soriano. Además, en España ya hoy son ilegales la publicidad y la televenta que "inciten a la violencia o a comportamientos antisociales, que apelen al miedo o a la superstición".

Rechazo popular en Andalucia

En su último Barómetro Audiovisual, el Consejo detectó que una amplia mayoría de los andaluces (77,4% de media y un 79,2% entre las mujeres) tiene una percepción negativa de estos espacios, que un tercio (30,8%) lo consideran una estafa y que sólo le gustan a un 3% de los encuestados. Un porcentaje favorable que crece hasta el 6,2% en municipios pequeños (menos de 2.000 habitantes) y hasta el 6,4% entre los ancianos (mayores de 75 años), entre quienes el problema se agrava dado que las tarifas de las llamadas son difíciles de leer en la pantalla.

Esta petición para endurecer la regulación llegó a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) hace tres meses, y se supone que desde entonces lo están estudiando, tras agradecer el completo informe que adjuntó el CAA. Actualmente, la ley asegura que "los prestadores del servicio de comunicación audiovisual tendrán responsabilidad subsidiaria sobre los fraudes que se puedan producir a través de estos programas". Pero desde la SETSI se limitan a insistir en que "los programas de tarot y videncia, en los canales de TDT que operan a nivel nacional, actualmente no vulneran la ley". Y ese es precisamente el objetivo, cambiar una norma que ya se ha retocado cuando ha convenido para facilitar la privatización de las autonómicas.

En su día, el legislador tuvo la poca fortuna de incluir "los contenidos de esoterismo y paraciencias" en la normativa pero únicamente para proteger a los menores, limitando su emisión entre las 22.00 de la noche y las 7.00 horas de la mañana. Se considerarían nocivos para el desarrollo mental de los niños espacios como Cuarto Milenio, en Cuatro, o Más allá de la vida, en Telecinco. Pero no se tuvo en cuenta las engañifas con contraprestación económica vía telefónica. No obstante, pocos meses después de aprobarse la norma, sólo en Andalucía se registraron 300 horas de videncia en horario infantil a lo largo de 12 días.

El Consejo andaluz llevó ante la Fiscalía estos programas, pero no prosperó. Eso sí, en el ámbito de sus competencias ha metido mano a los canales que los emitían vulnerando los horarios que tienen prohibidos: el CAA sancionó con 300.001 euros al Canal 10 y con 135.000 euros a Metropolitan TV por emitir programas de videncia en horario de protección infantil. Pero en Andalucía tienen claro que los niños no son sus únicas víctimas. "La proliferación de programas de esoterismo supone una alarma importante, porque estamos recibiendo una gran cantidad de testimonios de colectivos vulnerables que están siendo engañados para realizar llamadas de tarificación adicional que suponen mucho dinero para ancianos o gente con poca cultura", denuncia Fernández Soriano.

CAJAS MÁGICAS

Cajas Mágicas

CAJAS MÁGICAS

Un muy interesante libro sobre la televisión pública en América Latina, escrito por Martín Becerra, Ángel García Castillejo, Luis Arroyo y Oscar Santamaría.

Este libro nació con un serio desafío: reflejar sobre el papel el presente y el futuro de un universo, el de los medios de comunicación, en especial la televisión pública, que es cambiante por definición y por su propia naturaleza. Más si cabe en estos años, cuando las nuevas tecnologías forman parte ya de nuestra vida cotidiana. Una nueva era que está revolucionando la forma en que nos relacionamos y convivimos, con transformaciones profundas que afectan, de manera directa, a los medios de comunicación y que abren un sinfín de posibilidades, de retos pero también de oportunidades.

En este nuevo escenario, que se configura y que muta a velocidad vertiginosa, la radio y la televisión, y cómo no la prensa, están viendo cómo los viejos paradigmas por los que se regían cambian, creando un nuevo marco de operaciones, un nuevo campo de juego, en el que tampoco está demasiado claro cuáles son las reglas ni el camino a seguir o cuál será el siguiente capítulo en la historia, aún joven, de los medios de comunicación.

Dentro de este panorama, ilusionante a pesar de algunas incertidumbres que nos sobrevuelan, el papel de los medios públicos también está reacomodándose. Podemos decir que en todo el mundo, pero con especial énfasis en América Latina, donde desde hace algún tiempo se ha reavivado el debate en torno a cuál debería ser su función y su misión, se está reflexionando sobre qué lugar deberían ocupar en el ecosistema plural de medios que toda sociedad democrática debe crear, alimentar y mimar.

UTECA en guerra con Moncloa: llevará a los Tribunales la decisión de anular las nueve licencias TDT

Fuente: Prnoticias.

http://www.prnoticias.com/index.php/television/846/20120880-uteca-llevara-a-la-tribunales-la-decision-de-anular-las-nueve-licencias-tdt-en-2010

Los miembros de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) celebraron el pasado miércoles una reunión centrada en plantear una estrategia común de cara a los últimos ‘ataques’ del Gobierno al sector. Según ha podido saber prnoticias, en esta cita se tomaron decisiones muy importantes de gran trascendencia. Entre ellas, los socios de UTECA han acordado recurrir en los Tribunales la decisión del Consejo de Ministros de quitarles los nueve canales de TDT a las cadenas privadas. En estos momentos el equipo jurídico de la patronal de las televisiones está trabajando en el recurso y sus alcances legales.

Recordemos que el pasado 22 de marzo el Gobierno decidía, acatando una sentencia del Supremo, derogar la Ley por la que se les concedía nueve licencias, que no salieron a concurso, a las distintas televisiones comerciales. Del mismo modo, la segunda decisión, y no menos importante, ha sido la de lanzar un claro mensaje al Gobierno dejando constancia de que ya no reconocen como interlocutores válidos ni al ministro de Industria José Manuel Soria ni al Secretario de Estado de Telecomunicaciones Víctor Calvo Sotelo. Sólo se reunirán, a partir de ahora, con la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

Esta estrategia se enmarca en los días previos al anuncio del Ejecutivo de acatar la sentencia del Supremo. Las cadenas privadas celebraron varias reuniones con los representantes del Gobierno para buscar una solución consensuada al problema planteado por dicha resolución. Y, obviando las reuniones anteriores, la noche anterior, miembros del Ejecutivo les comunicaban que al día siguiente -el 22 de marzo- en Consejo de Ministros, se procedería a la derogación de la concesión de los canales de TDT acatando la resolución del Tribunal Supremo.

Eso sí, el Ejecutivo mantiene la puerta abierta, y les deja seguir emitiendo, hasta principios de 2014, cuando el Gobierno decidirá si habrá nuevo concurso o si buscará una solución para no perjudicar a las cadenas. En cualquier caso quedan en el aire nueve licencias: dos de Mediaset, tres de Atresmedia, dos de Vocento y dos de Unidad Editorial. Ello, con el consiguiente perjuicio económico que se puede generar para las cadenas.

Hoy por hoy, UTECA, unida, no se va a amilanar. Luego, para el verano, la asociación (Mediaset España, Atresmedia, Vocento y Unidad Editorial) prepara una profunda remodelación en su organigrama porque creen que todo lo que ha sucedido, se ha producido porque el Gobierno ha visto síntomas de debilidad en UTECA.

La CNC censura el futuro marco de las “telecos”

ImagenFuente: Iuris&Lex El Economista

PIDE MULTAS MÁS DURAS PARA LAS SANCIONES GRAVES Y CUESTIONA LAS LIMITACIONES QUE IMPONE LA NORMA A LOS OPERADORES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

 

La CNC critica la imposición de obligaciones que discriminan a unos agentes económicos frente a otros.

El texto contiene puntos que inciden, “de forma poco clara y escasamente proporcionada”, en materia de competencias.

“No parece proporcionado prohibir que los operadores públicos accedan a subvenciones o créditos reembolsables”.

Se debe mejorar la coordinación con la Ley de Defensa de la Competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas.

El futuro marco legal para las telecos en el que trabaja el Gobierno ya ha sido objeto de censura por parte de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), uno de los órganos encargados de emitir informe sobre las pros y contras del Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que ya se encuentra en tramitación. La primera conclusión es que las sanciones que prevé la norma no son suficientes: se pide que éstas asciendan, en los casos graves, al 10 por ciento de los ingresos, así como evitar que se reduzcan a cifras absolutas.

En opinión de la CNC, resultan “especialmente preocupantes los límites impuestos a las multas, establecidos en cifras absolutas (como máximo 20 millones de euros, en el supuesto más grave) y no vinculados a la capacidad económica del infractor”. De esa forma, y en “los supuestos de transgresión de las obligaciones regulatorias que imponga la CNMC, estos límites pueden dar lugar a que las sanciones tengan escaso potencial desincentivador”. Según la CNC, el importe máximo de la sanción ofrece un impacto reducido en comparación con la facturación de las empresas con poder significativo de mercado.

Por ello, la Comisión propone que se exija un máximo del 10 por ciento de la facturación de las empresas responsables, “lo que permite graduar la sanción en función de la gravedad de la conducta, el carácter desincentivador que debe tener, y la capacidad económica de la empresa”.

En general, las modificaciones introducidas suponen una reducción de los supuestos de infracción grave o muy grave en materia de interceptación legal de las comunicaciones, aplicando el criterio de reservar esta calificación a las conductas que revisten especial importancia y vulne- ran los derechos de las personas al secreto de las comunicaciones. Los supuestos de infracciones administrativas que no afectan a los derechos de las personas ven rebajada la calificación a infracciones leves. La CNC “no plantea objeciones a la orientación de los cambios que en la tipificación de las infracciones plantea el anteproyecto”, exceptuando lo relativo a las sanciones que prevé la norma.

Otra objeción se encuentra en las competencias sancionadoras: debería valorarse invertir el enfoque del artículo 84, atribuyendo a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (SETSI) la competencia sancionadora exclusivamente con relación a los supuestos en los que la ley le atribuye funciones regulatorias o de control, y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el resto de los casos. Del mismo modo, se recomienda aproximar los regímenes sancionadores previstos en la Ley General de las Telecomunicaciones y en la Ley de Defensa de la Competencia, en la medida en que ambos regímenes sancionadores deberán aplicarse por el mismo organismo, la CNMC.

 

Más seguridad jurídica, más agilidad y más inversión.

La norma parte de la idea de introducir reformas estructurales en el régimen jurídico de las tele- comunicaciones, que faciliten a los operadores el despliegue de sus redes y la prestación de sus servicios, lo que redundará en “una oferta de servicios a los ciudadanos con mayor cobertura, más innovadores y de mayor calidad”. También se persigue mejorar la seguridad jurídica, al compendiar el marco europeo de comunicaciones electrónicas, que fue aprobado por la Unión Europea en el año 2002 -modificado en diversas ocasiones, la última en 2009- y que contiene el llamado paquete sobre telecomunicaciones. Éste se ideó para refundir el marco regulador del sector y hacerlo más competitivo, mejorando la calidad del servicio en general.

En este marco, la reforma propuesta por el Gobierno pone un énfasis especial en la necesi- dad de fomentar la inversión, algo necesario para soportar el despliegue de redes de telecomu- nicaciones electrónicas de nueva generación, debido a su alto coste y el riesgo elevado que su- pone asumir su desarrollo. Sin embargo, aunque la CNC está de acuerdo con la necesidad de fo- mentar el crecimiento del sector -un objetivo perfectamente compatible y acorde con el de las normas comunitarias-, algunas de las reformas planteadas no se orientan tanto a la eliminación de obstáculos o a la mejora de los incentivos, como a la imposición de obligaciones que, de hecho, pueden limitar los incentivos a invertir y generar distorsiones en los mercados de comunicaciones electrónicas.

En particular, el informe de la CNC pone de manifiesto la necesidad de que se revise el texto del anteproyecto en relación con la imposición de obligaciones, que discriminan a unos agentes económicos frente a otros, introduciendo distorsiones en el mercado y limitando los incentivos a competir y a invertir. Así, el anteproyecto propone obligaciones que afectarían sólo a los operadores de otros sectores económicos (transporte y distribución de gas, electricidad, agua, gestores de redes ferroviarias, concesionarios de autopistas, titulares de puertos o aeropuertos, etc.) y de las que serían beneficiarios, exclusivamente, los operadores del sector de las comunicaciones electrónicas.

Estas obligaciones de acceso y uso de infraestructuras de los operadores de otros sectores pueden generar incentivos más reducidos a invertir e innovar por parte de estos operadores de otros sectores (al limitar su capacidad para rentabilizar estas inversiones), así como de los ope- radores del propio sector de telecomunicaciones (al tener un acceso garantizado a las infraes- tructuras construidas por otros). Asimismo, es probable que estas obligaciones generen distorsiones en mercados, como los relacionados con la fibra oscura, donde los operadores de otros sectores ejercen una presión competitiva significativa.

En definitiva, el informe recuerda que, “sólo en un entorno en el que se garantice la libre competencia entre los distintos operadores, es posible facilitar el despliegue de nuevas redes y la presta- ción de servicios en condiciones beneficiosas para los consumidores, más innovadores y de mayor calidad”. Así, “un entorno competitivo genera los incentivos más adecuados para que los agentes económicos puedan adoptar decisiones de inversión óptimas”.

 

Limitaciones a la actuación de operadores públicos.

La CNC comparte con el Anteproyecto de ley la “conveniencia de fijar criterios para la actuación de los operadores públicos”, con el fin de promover un comportamiento competitivo de éstos. El origen del endurecimiento de la regulación para este sector se encuentra en la necesidad de “corregir comportamientos de las administraciones públicas que han podido generar distorsiones en los mercados”, objetivo que la CNC comparte. Sin embargo, algunas de las obligaciones y limitaciones que propone el texto “no se ajustan a este objetivo y, por el contrario, es probable que generen distorsiones en los mercados de comunicaciones electrónicas, además de conflictividad jurídica”.

Por ejemplo, “no parece proporcionado prohibir que los operadores públicos accedan a subvenciones o créditos reembolsables de cualquier administración (lo que incluiría, por ejemplo, los programas comunitarios), cuando ya se ha recordado la necesidad de respetar la normativa de ayudas públicas”. Por ejemplo, la actividad de estos operadores incluye la extensión de las redes de comunicaciones electrónicas -como la banda ancha- a áreas de escaso interés económico, susceptibles de recibir apoyos públicos”.

Así, “eliminar la posibilidad de que los operadores públicos con participación pública reciban estos apoyos, supondría reservar este mercado (y los apoyos públicos) a operadores privados, que podrían tener mayor incentivo que los públicos en explotar las redes subvencionadas en condiciones de exclusividad, afectando negativamente a la competencia”.

En este marco, también se habla del potencial aumento de la conflictividad jurídica entre distintas administraciones públicas, entre operadores de unos sectores y otros, y entre operadores y administraciones públicas al que, previsiblemente, dará lugar el proyecto. Esta conflictividad jurídica “derivaría principalmente de disposiciones del Anteproyecto que inciden, de forma poco clara y escasamente proporcionada, en competencias de distintas administraciones públicas, como, por ejemplo, las relativas a urbanismo y planificación del territorio o a defensa de los consumidores y usuarios”. Este entorno de conflictividad generaría un aumento de la incertidumbre jurídica y económica, que dificultaría, tanto la inversión, como el desarrollo competitivo de los mercados.

 

Un enredo institucional.

Por otra parte, el informe de la CNC considera que se debe aprovechar la reforma integral de la Ley General de Telecomunicaciones para mejorar la coordinación en su aplicación y la de la Ley de Defensa de la Competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas, con el objetivo de impulsar la competencia efectiva.

Para ello, “no sólo es precisa una definición adecuada de los objetivos e instrumentos de la regulación ex ante, sino que se requiere una atribución de funciones entre las distintas Autoridades Na- cionales de Reglamentación que facilite la aplicación coordinada de ambas normas en el sector de las comunicaciones electrónicas”.

Además, la CNC considera que debe mejorarse la coherencia entre las funciones y los procedimientos que deberá aplicar la futura Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), como Autoridad Nacional de Reglamentación, y los que deberá aplicar como Autoridad Nacional de Competencia.

El informe de la CNC destaca, también, la importancia que tiene garantizar que el nuevo marco institucional que se diseña en el proyecto de Ley de Creación de la CNMC, y que se desarrolla en el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, sea coherente con el objetivo de delimitar claramente las funciones del nuevo organismo en la aplicación de la regulación sectorial, por un lado, y de la normativa de defensa de la competencia, por otro, estableciendo los necesarios cauces de coordinación, tanto en el seno de la CNMC, como entre la CNMC y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Por último, y en relación con la llamada Ley paraguas, la CNC señala que sería conveniente dejar claro en el texto de la ley que, la firma de proyectos de ICT, queda abierta a todos los ingenieros e ingenieros técnicos, por lo que debe eliminarse la referencia a los ingenieros de telecomunicaciones en exclusiva. La idea es asumir la última jurisprudencia del Tribunal Supremo con respecto a la discutida cualificación técnica necesaria para verificar de forma externa esta clase de proyectos técnicos.

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UN TEXTO QUE INCORPORA LAS ÚLTIMAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA.

MÁS INVERSIÓN, MÁS PROTECCIÓN AL USUARIO.

El Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones presentado por el Gobierno trae de la mano la creación de “un marco incentivador de inversiones y mejora la protección de los usuarios”, tal y como asegura La Moncloa en su referencia a las principales novedades del texto. Así, se incorporan al ordenamiento jurídico interno las Directivas europeas integradas en el paquete Telecom, aprobado en noviembre de 2009. La Ley establece un marco más adecuado para la realización de inversiones para el despliegue de redes de nueva generación, que permitirán ofrecer a los ciudadanos velocidades de acceso a Internet superiores a los 100 Mbits por segundo. Además, los usuarios finales tendrán derecho a recibir mayor información sobre los servicios que reciben, y la portabilidad deberá realizarse en el plazo de un día laborable. Se modifican también las competencias y el funcionamiento de los organismos reguladores, y se refuerzan las competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. La Ley es la norma principal que regula el sector de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, quedando excluidos de su regulación los servicios de comunicación audiovisual y los servicios de la Sociedad de la Información.

Hacienda cuestiona el uso que TVE hace del patrocinio cultural

Fuente: El País.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/07/actualidad/1365363087_393883.html

El recorte presupuestario en RTVE (unos 250 millones de euros menos de subvención en dos años) ha llevado a la televisión pública a abaratar el coste de la parrilla e intensificar el patrocinio de contenidos y la emisión de programas de “coste cero”, es decir, aquellos en los que la cadena obtiene los derechos de emisión sin desembolsar un solo euro. Esta táctica supone un ahorro considerable, pero es cuestionada por Hacienda. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) duda de la interpretación que RTVE está haciendo sobre la ley que le permite, solo en determinadas circunstancias, echar mano del patrocinio cultural o deportivo.

Hacienda ha revisado varios programas —entre ellos la serie de ficción Isabel, el concurso Saber y ganar y los espacios culturales Sacalalengua y Página 2— para determinar si TVE aplica correctamente la normativa. Sus contratos incluyen cláusulas relativas al patrocinio cultural. La ley de financiación de 2009, que puso fin a los anuncios comerciales en la televisión pública, a la televenta, al patrocino y al intercambio publicitario, dejó, sin embargo, dejó una puerta abierta. “Se permitirán”, dice la norma, “los patrocinios y el intercambio publicitario de eventos deportivos y culturales, que se enmarquen dentro de la misión de servicio público de la corporación, sin valor comercial y siempre que tengan este sistema como única posibilidad de difusión o producción”.

Al examinar los contratos, Hacienda expone que “tiene dudas” sobre la interpretación que está haciendo RTVE, sobre la base de un informe de su Asesoría Jurídica, en el que manifiesta que se puede entender que cuando la ley habla de sin valor comercial “se está refiriendo al patrocinio y no al evento”. Pero la auditora no parece compartir ese criterio y recomienda a la corporación que eleve una consulta a la Abogacía del Estado para clarificar los pactos que se establecen con algunas productoras y dotarlos así de mayor seguridad jurídica.

La corporación RTVE negocia con la Administración el tratamiento fiscal de las aportaciones

Fuentes oficiales de RTVE aseguran que la corporación ha solicitado ya ese informe a la Abogacía del Estado y que “se está trabajando en la línea” marcada por la auditoría en ese ámbito. Hacienda advertía de que es también necesario aclarar el tratamiento contable y presupuestario que se deben dar a este tipo de patrocinios. Hasta ahora, según fuentes de la corporación, no se pagaba el IVA, pese a que el patrocino puede ser considerado un pago en especies. RTVE responde que se ha puesto en contacto con Hacienda para ver el “tratamiento fiscal de los patrocinios”.

Telefónica es una de las principales empresas que han aportado fondos a los programas de TVE. En 2011, por ejemplo, contribuyó con dos millones de euros para la coproducción de la serie Amar en tiempos revueltos. Entre dos aguas recibió 369.000 euros; Yo de mayor quiero ser español, 191.0000; Saber y ganar, 480.000, y Sacalalengua, 110.000. Estas aportaciones estaban vinculadas al acuerdo con la operadora para la digitalización del archivo de RTVE.

Televisión Española obtuvo también ese año ingresos publicitarios que sumaron 3,4 millones de euros (menos los 124.000 euros de la comisión que se llevó Santa Mónica Sports), una cantidad que por ley tiene que ser reintegrada al Tesoro. Estos ingresos, proceden de los contratos suscritos con Saber vivir para el Club Gente Saludable, Media Sponsorship (la liga de baloncesto ACB), Santa Mónica (selección española de fútbol) y Dorna Sports (campeonato de Moto GP).

Además, la auditora ha detectado publicidad dentro de algunos programas y series producidos por TVE, pese a que están prohibidos los contenidos comerciales explícitos. Hacienda critica que en el magacín de La 1 + Gente se hayan citado marcas comerciales o emitido reportajes sobre los zapatos de Manolo Blahnik y el vino de Roberto Verino. Dentro del programa Un país para comérselo, censura la aparición en pantalla del logotipo de una marca en el volante del coche y de un famoso cocodrilo en los polos que lucen los presentadores Juan Echanove, Imanol Arias y Tonino.

Las series de ficción tampoco se libran. En el caso de Gran reserva y Los misterios de Laura, la cadena solicitó a las respectivas productoras cambios para evitar en los planos la aparición de logotipos en los automóviles. La misma pega afectaba a Jara y sedal. Pero TVE responde que en este caso, los planos con el distintivo del coche no se pueden considerar “presencia publicitaria” porque “el vehículo con el que se hace el programa es un instrumento necesario para el eje desarrollo del mismo”.

Dentro de la ley, TVE da cobijo en su pantalla a campañas institucionales (1.500 anuncios en 2011), divulgativas de carácter social y de entidades sin ánimo de lucro (4.800), electorales (3.062) o del Plan ADO (2.052).

Manifiesto en defensa de las emisoras municipales y ciudadanas de Andalucía y sus profesionales

Fuente: http://www.emartv.es/manifiesto/

En Andalucía, las emisoras municipales y ciudadanas se han definido, desde su constitución, como un elemento fundamental de servicio público y vertebración territorial. Son medios plurales y profesionales, donde el espíritu participativo ciudadano está presente, contribuyendo a dinamizar nuestros municipios y satisfacer las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de nuestras vecinas y vecinos.

Asistimos a una coyuntura económica compleja que está poniendo en peligro la supervivencia de los medios públicos locales y asociativos. Las dificultades económicas de los entes municipales están mermando los recursos técnicos y humanos de las emisoras de proximidad, amenazando su estabilidad y, por tanto, el derecho a la información de las ciudadanas y los ciudadanos. Una situación que no favorece el cumplimiento y las exigencias autoimpuestas por las andaluzas y los andaluces en nuestro Estatuto de Autonomía.

La circunstacia económica adversa no debe incidir en las conquistas democráticas y, entre ellas, el Derecho de Comunicación, la libertad de expresión y la obligación de facilitar una correcta información ciudadana. Tampoco debe servir de coartada a malas prácticas y anormalidades legales conducentes a favorecer la gestión de los medios públicos por entes privados o externalizar las programaciones. Son privatizaciones ilegales que perjudican la imagen de nuestros medios y sus gobiernos municipales.

Ante la necesidad de velar por la continuidad de la radio pública local y ciudadana con más de 30 años de existencia, el conjunto de ayuntamientos asociados a EMA-RTV manifiestan:

  • La comunicación de proximidad hace a nuestras emisoras de radio y televisión singulares, únicas y diferentes.
  • Reconocemos el papel de la emisora municipal y ciudadana como un servicio público de calidad, importante y necesario para garantizar el derecho a la información, fomentar la participación ciudadana, favorecer la pluralidad democrática, reducir las desigualdades sociales y la integración de las personas cualquiera que sea su procedencia.
  • Reivindicamos este modelo de comunicación pública porque impulsa y dinamiza el tejido social, político, económico y cultural de nuestros municipios, favoreciendo el conocimiento de nuestras realidades y singularidades locales.
  • Valoramos su creación, justificación y funcionamiento porque están enmarcadas siguiendo los principios recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía de servicio público, pluralidad y transparencia, así como en defensa del interés general de las andaluzas y los andaluces.
  • Necesitamos la supervivencia de las emisoras municipales y ciudadanas para seguir trabajando desde el municipalismo en la transparencia de la administración.
  • Apostamos para que las radios públicas locales tengan profesionales suficientes y estén dotadas de los recursos económicos y técnicos necesarios para desarrollar su tarea con la máxima calidad.
  • Exigimos el respeto y estricto cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a la cesión de frecuencias de titularidad pública para servir a intereses privados. Igualmente, nos comprometemos a denunciar aquellos casos que sean contrarios a la Ley en cualquiera de los aspectos que atañan a la gestión y funcionamiento de las emisoras municipales.
  • Abogamos por mantener nuestra estructura de cooperación y coordinación de capacidad productiva a través de EMA-RTV, en beneficio de la ciudadanía y del mismo sector para garantizar su viabilidad y singularidad en el territorio.

Por todo lo expuesto, hacemos un llamamiento al conjunto de ayuntamientos andaluces con emisora municipal de radio y televisión para movilizarnos en su defensa. No podemos permitir que los medios públicos locales desaparezcan o se conviertan en un negocio en el que unos pocos se beneficien a costa del derecho a la información de todas y todos. Finalmente, hacemos extensivo el llamamiento a las diputaciones provinciales, a la FAMP, al Gobierno autonómico, a la Administración central y a la Unión Europea para que desde la corresponsabilidad contribuyan a la sostenibilidad de los medios públicos y ciudadanos locales.

Consulta pública sobre pluralismo audiovisual en Unión Europea

La Comisión Europea ha abierto una consulta pública relativa al pluralismo y libertad de medios de comunicación

El plazo para participar en la consulta es hasta el 14 de junio
En el formulario de la consulta se pregunta la opinión sobre las 30 recomendaciones elaboradas por el Grupo de Alto Nivel sobre Pluralismo y Libertad de Medios de Comunicación para la Comisión Europea.

Puedes acceder a la versión en castellano de estas recomendaciones, elaborada por la Federación de Sindicatos de Periodistas.

El audiovisual en la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia #CNMC

Proyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Esta Ley deroga por completo el Título V de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual por el que se creaba el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Estos son los artículos relativos a la normativa audiovisual que contiene el proyecto de Ley

Artículo 9. Supervisión y control en materia de mercado de comunicación audiovisual.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el correcto funcionamiento del mercado de comunicación audiovisual. En particular, ejercerá las siguientes funciones:
1. Controlar el cumplimiento por los prestadores del servicio de comunicación televisiva de cobertura estatal, y por los demás prestadores a los que les sea de aplicación, de las obligaciones relativas a la emisión anual de obras europeas y a la financiación anticipada de la producción de este tipo de obras en los términos de lo dispuesto en el artículo 5 la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
2. Controlar el cumplimiento de las obligaciones impuestas para garantizar la transparencia en las comunicaciones audiovisuales conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.
3. Controlar el cumplimiento de las obligaciones impuestas para hacer efectivos los derechos del menor y de las personas con discapacidad conforme a lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo. En el ejercicio de esta función, la Comisión se coordinará con el departamento ministerial competente en materia de juego respecto a sus competencias en materia de publicidad, patrocinio y promoción de las actividades de juego, a efectos de hacer efectivos los derechos del menor y de las personas con discapacidad.
4. Supervisar la adecuación de los contenidos audiovisuales con el ordenamiento vigente y los códigos de autorregulación en los términos establecidos en el artículo 9 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.
5. Velar por el cumplimiento de los códigos de autorregulación sobre contenidos audiovisuales verificando su conformidad con la normativa vigente, en los términos establecidos en el artículo 12 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.
6. Controlar el cumplimiento de las obligaciones, las prohibiciones y los límites al ejercicio del derecho a realizar comunicaciones comerciales audiovisuales impuestos por los artículos 13 a 18 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.
7. Controlar el cumplimiento de las obligaciones y los límites impuestos para la contratación en exclusiva de contenidos audiovisuales, la emisión de contenidos incluidos en el catálogo de acontecimientos de interés general y la compraventa de los derechos exclusivos en las competiciones futbolísticas españolas regulares, en los términos previstos en los artículos 19 a 21 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional duodécima de esta Ley.
8. Vigilar el cumplimiento de la misión de servicio público encomendada a los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito estatal, así como la adecuación de los recursos públicos asignados para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el Título IV de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.
9. Garantizar la libertad de recepción en territorio español de servicios audiovisuales cuyos titulares se encuentren establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea, adoptando las medidas previstas en el artículo 38 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, cuando dichos servicios infrinjan de manera grave y reiterada la legislación en materia de protección de los menores frente a la programación audiovisual o contengan incitaciones al odio por razón de raza, sexo, religión o nacionalidad.
10. Adoptar las medidas de salvaguarda de la legislación española cuando el prestador de un servicio de comunicación audiovisual televisiva establecido en otro Estado miembro de la Unión Europea dirija su servicio total o principalmente al territorio español y se hubiera establecido en ese Estado miembro para eludir las normas españolas más estrictas, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 39 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.
11. Resolver sobre el carácter no publicitario de los anuncios de servicio público o de carácter benéfico, previa solicitud de los interesados, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional séptima de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.
12. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por Real Decreto.

Artículo 12 e): En el mercado de comunicación audiovisual, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá los siguientes conflictos:
1.º Los conflictos que se susciten entre los agentes intervinientes en los mercados de comunicación audiovisual sobre materias en las que la Comisión tenga atribuida competencia.
2.º Los conflictos que se susciten en relación con la cesión de canales de radio y televisión a que se refiere el artículo 31 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.
3.º Los conflictos que se susciten en relación con el acceso a estadios y recintos deportivos por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual radiofónica a que se refiere el artículo 19.4 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.

Disposición adicional séptima. Funciones que asume el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en materia audiovisual.
En materia audiovisual de ámbito estatal, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ejercerá, adicionalmente a las que ya tiene encomendadas, las siguientes funciones:
a) Recibir las comunicaciones de inicio de actividad de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual.
b) Llevar el Registro estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual.
c) Decidir sobre cualquier cuestión o incidente que afecte al ejercicio de los títulos habilitantes de servicios de comunicación audiovisual, tales como su duración, renovación, modificación, celebración de negocios jurídicos o extinción.
d) Verificar las condiciones de los artículos 36 y 37 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, en materia de limitación de adquisición de participaciones entre operadores del servicio de comunicación audiovisual.
e) Certificar la emisión en cadena por parte de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual radiofónica que así lo comunicasen, e instar su inscripción,

Disposición adicional duodécima. Funciones que asume el Ministerio de la Presidencia en materia audiovisual.
Corresponde al Ministerio de la Presidencia aprobar el Catálogo de acontecimientos de interés general para la sociedad a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, previa consulta a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual y a los organizadores de las competiciones deportivas.