AUC pide claridad sobre el futuro de la TDT ¿Nuevo concurso o cierre definitivo de canales?

Tras la decisión del Gobierno de ejecutar la sentencia del Supremo que anula licencias de la TDT.

La Asociación de Usuarios de la Comunicación pide claridad sobre el futuro de la TDT ¿Nuevo concurso o cierre definitivo de canales?

AUC señala que el llamado dividendo digital podría aprovecharse para reducir el número de canales a los que los ciudadanos acceden la actualidad de modo gratuito.

Ello afecta a la futura existencia de una oferta televisiva universal y gratuita, así como al desarrollo de la alta definición.

Madrid, 26 de Marzo de 2013. Una vez conocida la decisión del Gobierno de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo sobre el reparto de la TDT, que ha declarado nula la asignación en julio de 2010 de un canal múltiplex digital a los entonces concesionarios del servicio público de televisión analógica (Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo Televisión, Net TV y La Sexta), AUC pide claridad al Gobierno para saber realmente qué futuro le espera al mantenimiento y desarrollo de la televisión digital terrestre.

Básicamente, dicha sentencia viene a señalar que la Ley General de la Comunicación Audiovisual permitía transformar esas antiguas concesiones de la etapa analógica en licencias para la nueva TDT, pero estas licencias debían ajustarse exclusivamente al “contenido concesional existente a la entrada en vigor de la Ley”, de modo que los canales adicionales que también se repartieron entre estas televisiones en realidad deberían haber salido a concurso público.

AUC no entra a discutir el fundamento de la sentencia sobre la vigencia de unas u otras normas en el momento del reparto, ni tampoco a valorar si lo que se ha producido es una mera sustitución técnica de un canal analógico por un múltiplex digital que ocupa el mismo espectro radioeléctrico, o por el contrario una apropiación ilegítima de dicho espectro. Pero sí destaca que la consecuencia directa de la decisión del Supremo va a ser la desaparición de canales que en la actualidad forman parte de la oferta en abierto a la pueden acceder los espectadores de modo gratuito, sin que nada asegure que vuelvan a ponerse en marcha tras un futuro concurso. Por el contrario, cabe la posibilidad, según la Asociación, de que lo que esté en marcha sea una operación para el cierre definitivo de esos canales.

AUC recuerda que los ciudadanos han hecho un importante esfuerzo económico para adaptarse a la implantación de la TDT. Ahora se pretende, además, que vuelvan a realizar un nuevo desembolso para los cambios de antenización que requiera la reubicación de canales consecuencia del llamado “dividendo digital”, a pesar de que ese coste iba a ser cubierto inicialmente con lo pagado por los operadores de telefonía en la subasta del espectro radioeléctrico. Y todo ello con la promesa de acceder, como señalaba la propia legislación, “a un mayor número de canales y, en consecuencia, a un mayor número de programas y servicios de mejor calidad”, que les permitiría “participar activamente de los logros de la sociedad de la información, asegurando la preservación del pluralismo y la formación de una opinión pública libre”. Un objetivo que no ha llegado a cumplirse satisfactoriamente en este tiempo, pero que ahora queda aún más lejos de logarse.

La Asociación señala, finalmente, que Los ciudadanos tienen derecho a saber si la confluencia de la sentencia del Supremo y del dividendo digital afectará a las posibilidades de oferta televisiva gratuita para los ciudadanos, que es precisamente la señal de identidad de la TDT, así como al futuro del 3D, de los servicios interactivos y, muy especialmente, de la alta definición, para la que muchos hogares se han equipado y que supone una de las principales demandas de los ciudadanos, junto con la mejora en la calidad de los contenidos.

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AUC pide la vuelta limitada de la publicidad a TVE para garantizar un modelo sostenible, plural e independiente

La Asociación de Usuarios de la Comunicación pide la vuelta limitada de la publicidad a TVE para garantizar un modelo sostenible, plural e independiente

Madrid, 27 de Marzo de 2013. La Asociación de Usuarios de la Comunicación ha pedido al Gobierno que se replantee el actual modelo de financiación de RTVE y contemple la vuelta “limitada” de la publicidad a RTVE, con el fin de asegurar la pervivencia de una televisión pública estatal sostenible, plural e independiente

AUC ya criticó en su momento (Notas de Actualidad, 2009: Casandra, el caballo de Troya y la financiación de RTVE) el modelo instaurado en 2009, que eliminaba las comunicaciones comerciales en TVE a cambio de imponer un gravamen a las televisiones privadas y a los operadores de telecomunicaciones. Las previsibles consecuencias negativas del modelo no han hecho sino confirmarse con el tempo y ponen de relieve sus efectos perversos, que los propios “inventores” del modelo, los franceses, han tenido que revisar:

Por un lado, que las cadenas privadas paguen parte del coste de la televisión pública da que pensar en la posible presión de aquéllas sobre las parrillas de TVE, especialmente de La 1. Al fin y al cabo, esas cadenas están pagando para que la televisión pública compita con ellas a través de programas que perfectamente podrían emitir Antena 3 o Tele Cinco, con el consiguiente “desperdicio” de GRPs que no se traducen en retorno publicitario. El trasvase de espacios de éxito de la pública a las privadas es un fenómeno ya consolidado.

Por otro, todo apunta a que la aportación de las telecos será impugnada a nivel europeo tanto para España como para Francia, con el problema que ello genera no sólo de extinción de una vía de ingresos, sino también de posible devolución de las cantidades aportadas.

Además, y ello supone también un efecto perverso, el único tipo de comunicación comercial permitido en TVE, el “patrocinio cultural”, se utiliza con un criterio cada vez más generoso, cuando no abusivo. Y habría que preguntarse si no sería más realista redefinir la presencia publicitaria en televisión que mirar para otro lado ante determinadas prácticas que rozan el fraude de ley.

En un momento de crisis galopante como el actual, parece dudoso que la financiación vía impuestos, con sus sucesivos recortes, vaya a ser suficiente para la sostenibilidad de la televisión pública, con el peligro de convertirla en una oferta marginal, sin contenidos atractivos ni posibilidad de explorar nuevas oportunidades de ingresos como los contenidos de pago. La vuelta limitada de la publicidad no es el Bálsamo de Fierabrás para un problema de más caldo (el papel del audiovisual público en la era digital), pero además de aportar recursos para el mantenimiento de TVE supondría una mayor independencia económica, que redundaría además en un reforzamiento de sus principales señas de identidad: la desgubernamentalización, el pluralismo y la participación social.

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El TSXG admite a trámite la demanda de la ReMC

ImagenEl Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha admitido a trámite la demanda de la Red de Medios Comunitarios (ReMC) del Estado español contra el concurso destinado a otorgar las licencias disponibles en Galicia para la emisión en frecuencia modulada. La causa de la impugnación es el veto a la participación de los medios comunitarios en el reparto de licencias a pesar de que la Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2010, reconoce a este tipo de medios como un derecho de la ciudadanía.

En la comunidad autónoma de Galicia existen medios libres y comunitarios desde hace tres décadas, sin que hasta la fecha las diversas administraciones les hayan otorgado licencias para desarrollar su actividad, pese a contemplarlas en la normativa reiteradamente. No hay que olvidar que la Resolución del Parlamento Europe A6-0263/2008, “Pide a los Estados miembros que pongan a disposición de estos medios el espectro de frecuencias, analógica y digital, de radio y televisión, teniendo en cuenta que el servicio prestado por los medios de comunicación comunitaria no se ha de evaluar en términos de coste de oportunidad o justificación del coste de adjudicación del espectro, sino por el valor social que representa”, y que la actividad de los medios comunitarios se encuentra legalmente protegida en la mayoría de los países europeos.

La Xunta pretende otorgar las 85 licencias de las que dispone a servicios de comunicación comercial, agotando así el espectro planificado disponible e imposibilitando por la vía de hecho el ejercicio del derecho a comunicar a través de medios comunitarios en condiciones dignas.

Iniciativa Europea por el Pluralismo en los Medios #mediainitiative

Recogida de firmas en http://www.mediainitiative.eu/es/

La Iniciativa Europea por el Pluralismo en los Medios promueve la idea de que las instituciones europeas deben garantizar el derecho a la información independiente y pluralista como se recoge en la Carta Europea de los Derechos Humanos.La situación de la libertad de prensa y el pluralismo en la Unión Europea está empeorando. Algunos países, sobre todo Hungría, sufren interferencias significativas del poder político con el objetivo de controlar y dirigir los medios de comunicación. Algunos, en particular el Reino Unido, sufren de problemas de la excesiva concentración que conducen a la influencia indebida de ciertos grupos económicos, en particular los medios de comunicación del grupo Murdoch, sobre los procesos políticos. Otros, como el caso particularmente en Italia, Bulgaria y Rumania y España, en cierta medida, registran una peligrosa superposición de los intereses económicos y políticos sobre los medios de comunicación, a veces en manos de las mismas personas.

Pero sin medios de comunicación libres, independientes y pluralistas, los ciudadanos se ven privados de la posibilidad de ejercer su responsabilidades sobre el control esponsable del poder. La corrupción y la mala adimistration prosperan, los negocios personales y el interés particular de los políticos reemplazan el bien común, las minorías enfrentan una creciente marginalización. El deterioro del pluralismo de los medios y la libertad de prensa en Europa es sobre todo una amenaza para la democracia.

Las instituciones europeas, hasta ahora, han permanecido al margen y se han abstenido de tomar una postura firme contra los Estados miembros. Este enfoque de no intervención parece haber contribuido a un efecto dominó negativo: el deterioro de la legislación en algún país ha llevado a movimientos aún más restrictivas en el vecino. Una iniciativa de la sociedad civil a nivel europeo para impulsar un papel más decisivo de las instituciones europeas a la hora de salvaguardar y proteger la independencia y el pluralismo de los medios de
comunicación era necesaria desde hace mucho tiempo.

La Iniciativa Europea por el Pluralismo en los Medios, que reúne a cerca de un centenar de organizaciones, medios de comunicación y organismos profesionales de toda Europa, viene a llenar este vacío.

Más que una red o una coalición de intereses, la Iniciativa es un objetivo transnacional que persigue provocar cambios reales y concretos en la legislación europea y en la práctica de los medios. Para alcanzar estos objetivos se ha puesto en marcha una Iniciativa Ciudadana Europea (ECI), una nueva herramienta de democracia participativa transnacional, que posibilita que (al menos) un millón de ciudadanos de (al menos) 7 estados miembros de la Unión Europea puedan presentar directamente a la Comisión Europea una propuesta legislativa.

En la propuesta legislativa promoovida por desde la Iniciativa Europea por el Pluralismo en los Medios, exigimos a la Comisión Europea que elabore una Directiva específi ca para la protección del pluralismo de los medios.

En particular, exigimos:

a) Una legislación eficaz para evitar concentracion de la propiedad en los medios de comunicación y publicidad
b) Garantizar la independencia del poder político de los órganos de supervisión y control
c) Una definición de ‘conflicto de intereses’ para evitar que directivos y propietarios de los medios ocupen altos cargos políticos d) Un sistema claro de monitoreo europeo para comprobar regularmente la salud y la independencia de los medios de comunicación en los Estados miembros.

La Iniciativa ha recibido un amplio apoyo del mundo cultural, académico y político. Pero lo más importante de todo, nuestro objetivo, es movilizar a los ciudadanos de toda Europa, pedirles que se pongan de pie y exijan que las instituciones europeas muestren su compromiso con los derechos fundamentales y las libertades civiles, más aun cuando los Estados miembros dejan de hacerlo cada vez más.

Para ello tenemos que llegar a la cifra crucial de un millón de firmas, un número que permitirá a la Iniciativa y a todos los ciudadanos que participan en la Iniciativa abrir el proceso
legislativo de la UE.

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Jiménez Losantos vende las licencias de Libertad Digital TV en Madrid

Fuente: eleconomista.es

Enlace a la noticia: http://ecoteuve.eleconomista.es/ecoteuve/empresas/noticias/4684114/03/13/Libertad-digital-vende-sus-licencias-de-tdt-en-madrid-a-la-multinacional-americana-cristiana-tbn.html

ImagenEl Grupo Libertad Digital ha vendido sus cuatro licencias de TDT en la Comunidad de Madrid a TBN España Media, división española de la multinacional estadounidense de televisión cristiana TBN (Trinity Broadcasting Network).

Con la venta de sus cuatro títulos de emisión (Madrid, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Móstoles), la señal de LDTV desaparecerá del dial de la TDT madrileña, aunque el programa de Federico Jiménez Losantos podrá seguirse desde este lunes en directo través de Intereconomía TV, después de que la semana pasada se anunciara su fichaje por la cadena de Julio Ariza, donde también será colaborador de El gato al agua.

Según informa Libertad Digital en un comunicado, esta venta de licencias permitirá “no sólo la continuidad del grupo Libertad Digital, sino su consolidación, ya que permitirá afrontar la expansión de esRadio, que en esta temporada ya ha sumado a la cadena una decena de licencias de radiodifusión”.

La venta contribuirá también a “agilizar negociaciones privadas en marcha y a abrir otras nuevas hasta conseguir una expansión representativa de nuestro proyecto de comunicación”.

Esta temporada, Libertad Digital ha incorporado una frecuencia en Albacete y seis en Galicia. Meses después, se unió Asturias (93.2 FM), fruto de un acuerdo entre Libertad Digital y el empresario Luis Eduardo García.

En cuanto a las concesiones administrativas, Libertad Digital ha resultado adjudicataria de una licencia de FM en Peralta tras resolverse el concurso convocado por la Comunidad de Navarra. Siguen pendientes de resolución los concursos de adjudicación de licencias de FM en los que esRadio está presente en Galicia, Castilla y León, Murcia y Valencia. En los cuatro casos se trata de concursos que han sufrido aplazamientos, suspensiones o modificaciones pero, en todos ellos, esRadio aspira a obtener licencias.

La CMT reclama a Mediaset y la Sexta 561.888 euros adicionales a lo ya aportado para financiar RTVE

Fuente: Expansión

http://www.expansion.com/2013/03/19/empresas/tmt/1363689111.html

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha reclamado a Mediaset España (grupo que emite Telecinco y Cuatro, entre otros canales) y laSexta 561.888 euros adicionales a lo que ambas compañías ya ingresaron en 2011 para financiar RTVE, según sendas resoluciones fechadas en marzo de este año a las que ha tenido acceso Europa Press del consejo de la CMT.

Concretamente, el organismo regulador ha reclamado 417.160 euros a laSexta y 144.728,17 euros a Mediaset España, al haber encontrado "discrepancias" entre lo que deberían haber ingresado en 2011 a RTVE y lo que en realidad destinaron a este propósito. Según la ley de financiación de RTVE, las cadenas de televisión en abierto están obligadas a aportar un 3% de sus ingresos brutos de explotación facturados en el año correspondiente para la financiación de la RTVE.

Sin embargo, a la hora de calcular esta tasa, ambas compañías descontaron algunos de sus ingresos que no tenían que ver con la publicidad. Así, la CMT calcula que Mediaset descontó 4,58 millones de euros de la base de ingresos que debería haber utilizado para calcular su aportación. En el caso de laSexta, la diferencia entre la base de ingresos que utilizó la compañía y la que correspondía fue de 13,2 millones de euros.

Mediaset España defiende esta decisión al entender que "la aportación a la financiación de la corporación RTVE se debe cuantificar en función al beneficio que provoca, a los sujetos obligados, que la CRTVE deje de emitir publicidad" y en virtud de esta interpretación, a su juicio, "quedarían excluidos de la base imponible de la aportación cualesquiera otros ingresos obtenidos por los sujetos obligados en razón de su actividad".

En este sentido, Mediaset España señala que "no tiene ningún sentido gravar o computar dentro de la base imponible aquellos otros ingresos de los sujetos pasivos que nada tienen que ver con dicha actividad publicitaria".

En una justificación parecida, laSexta señala que, a la hora de calcular la tasa para RTVE, sólo debería formar parte aquellos ingresos "que efectivamente tienen su origen en la actividad audiovisual" de laSexta y, en concreto, los que "habrá de percibir como consecuencia de la supresión del régimen de publicidad retribuida" como fuente de financiación de la RTVE, debiendo quedar excluidos de la base imponible aquellos ingresos que "nada tienen que ver con la actividad audiovisual de la compañía".

Ahora, sin embargo, la CMT ha respondido tanto a laSexta como a Mediaset España que la aportación establecida en el artículo 6 de la Ley de financiación CRTVE incluye a los ingresos que "de forma tanto directa como indirecta" perciban las televisiones. En este sentido, el regulador señala que "ni la exposición de motivos, ni el tenor literal de la ley permiten inducir que el propósito del legislador fuera el de excluir de esta aportación concepto alguno".

Por todo ello, rechaza las alegaciones de Mediaset España y laSexta y reclama a la primera una aportación adicional a lo que ya destinó en 2011 de 137.600 euros, más 7.128 euros en concepto de intereses de demora; y a la segunda, una liquidación adicional de 396.614 euros y otros 20.545 euros en concepto de intereses de demora.

Recurso de France Telecom
La eliminación de la publicidad de TVE por parte del anterior gobierno y su sustitución por una tasa que están obligadas a pagar las cadenas privadas y las empresas de telecomunicaciones con negocios en el sector audiovisual, ha generado desde el primer año de la nueva ley multitud de reclamaciones por parte de las cadenas y, en especial de las ‘telecos’, que han llevado la norma hasta la justicia europea, que actualmente estudia su legalidad.

France Telecom ha anunciado que va a llevar ante lo económico-administrativo otro resolución de la CMT, que le había reclamado el pago de 11.755 euros adicionales a lo que la compañía ya aportó en 2011 para financiar RTVE, según otra resolución del Consejo del organismo regulador, en la que se suspende la ejecución del pago hasta ver que decisión toma el tribunal.

La televisión pública portuguesa RTP reducirá un 28% el gasto con personal

Fuente: El Mundo.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/14/television/1363217032.html

Durante los próximos dos meses, la televisión pública portuguesa RTP tendrá que reducir un 28% sus gastos con personal, lo que supone un montante de 21 millones de euros, según el plan de restructuración presentado este miércoles en el Parlamento luso, en sustitución de la privatización que fue cancelada el pasado mes de febrero. El ministro de los Asuntos Parlamentarios, Miguel Relvas, fue quien anunció los cortes, aunque prefirió no avanzar el número de funcionarios que tendrán que ser despedidos, dejando eso para la dirección de la televisión.

Aún así, ya se sabe que el plan de rescisiones amigables comienza el próximo 15 de marzo y se prolongará durante dos meses. Si durante ese tiempo, el ente público no logra el número necesario de rescisiones para alcanzar los cortes exigidos por el gobierno, "será ponderado, como última hipótesis, el despido colectivo", afirmó este miércoles la administración de la RTP en el Plan de restructuración y redimensionamiento de la empresa.

A partir del próximo año, la televisión lusa portuguesa tendrá que sobrevivir apenas con los rendimientos procedentes de la tasa audiovisual que los portugueses pagan en la factura de la electricidad y los ingresos con publicidad, lo que hace un total de 180 millones de euros. El gobierno ha decidido no incluir los gastos de la RTP en los presupuestos generales para el próximo año.

Desde la empresa estiman conseguir aumentar los ingresos con publicidad, que actualmente se sitúan en los 40 millones de euros, en torno a un 13% al año, los próximos dos años, aumentando a 45 y 51 millones de euros, respectivamente, y alcanzando los 52 millones de euros en 2016. Aún así, este aumento de ingresos no es suficiente, por lo que el ente público portugués pondera aumentar también la tasa audiovisual.

El valor actual de la Contribución Audiovisual (CAV) es de 2,25 euros, lo que en 2013 representará unos ingresos estimados de 140 millones. A partir del próximo año, "momento en el que cesarán las indemnizaciones compensatorias, es oportuno reflexionar sobre la CAV, teniendo en cuenta la limitación de 6 minutos por hora de publicidad que tiene la RTP, y sin olvidar que la televisión cuenta con profundas obligaciones de cumplimiento de servicio público de comunicación social", se argumenta en el plan de restructuración entregado hoy en el Parlamento.

Además de las rescisiones amigables o los despidos, la RTP, dirigida por Alberto da Ponte, también estudia la posibilidad de "cerrar algunas delegaciones y substituirlas por teletrabajo", para "garantizar la cobertura informativa y el cumplimiento de servicio público de radio y televisión".

La Corporación RTVE pone a la venta activos inmobiliarios por valor de 200 M. de euros

Fuente: Vozpopuli.com

Radio Televisión Española sigue en números rojos –-cerró 2012 con un déficit de 105 millones de euros-– y necesita hacer caja para financiar su ambicioso plan inmobiliario. Los responsables del antiguo ente que comanda Leopoldo González-Echenique no logran cuadrar las cuentas de la ahora Corporación tras sufrir un recorte presupuestario de 204 millones de euros. Por ello, los ejecutivos de RTVE han decidido vender parte del patrimonio inmobiliario público para “autofinanciar” la demolición de varios edificios con riesgo de amianto y la construcción de instalaciones alternativas.

Fuentes de RTVE confirman a Vozpópuli que se han puesto a la venta edificios y terrenos por valor de 200 millones de euros, una cuantía de la que una agencia inmobiliaria se llevará como máximo un 3% de comisión: en torno a 7 millones de euros si se incluye el IVA.

El plan inmobiliario supone el derribo de siete edificios de la Corporación afectados por el amianto, la construcción de un nuevo estudio de 1.950 metros cuadrados y el traslado de los Estudios Buñuel a Prado del Rey, con el que la corporación pretende ahorrar 4,8 millones anuales, tal y como informaron fuentes de la Corporación en diciembre de 2012.

La Corporación licitó en diciembre una nueva tasación de su patrimonio para limpiar de sus balances activos sobrevalorados.

RTVE se comprometió a autofinanciar el plan "rentabilizando y optimizando los recursos propios de la corporación". Para ello, los pagos correspondientes a las distintas fases del plan se harán en función de las necesidades "con el producto de la venta de activos sobrantes". El valor total de los activos inmobiliarios a 31 de diciembre de RTVE es de más de 800 millones de euros, una tasación que según fuentes cercanas a la Sociedad Española de Participaciones Industriales está sobrevalorada. RTVE licitó en diciembre una nueva tasación para limpiar sus balances cuyo resultado todavía no ha hecho público.

El proyecto iniciado ahora culminará en tres años. El objetivo es triple: modernizar las instalaciones de RTVE, mejorar el aprovechamiento de los medios técnicos y humanos y lograr unos ahorros anuales estimados en 4,8 millones de euros.

Las asociaciones de espectadores exigen un órgano de participación en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Ante su inminente tramitación parlamentaria

Las asociaciones de espectadores exigen un órgano de participación social en la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

iCmedia y AUC pretenden que se mantenga el Consejo Consultivo previsto en la Ley para el nonato Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

Madrid, 12 de Marzo de 2013. La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Medios (iCmedia) y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) han pedido la inclusión de Consejos Consultivos en la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con el fin de garantizar la participación ciudadana en la defensa básica de sus intereses, tal y como ocurre en otros países europeos y como prevé la actual Ley General de la Comunicación Audiovisual en relación a la actividad radiofónica y televisiva.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es un órgano macroregulador previsto por el Gobierno que incluiría sectores como el energético, postal, transporte, telecomunicaciones, audiovisual o internet, así como la actividad de la actual Comisión Nacional de la Competencia. En estos momentos, la Ley para su creación está a punto de iniciar el trámite parlamentario, en medio de una polémica sobre la conveniencia o no de contar con un órgano de esta naturaleza o mantener reguladores sectoriales con la máxima independencia del Gobierno.

El Proyecto de Ley de Creación de la CNMC prevé un área específica para las telecomunicaciones, el audiovisual e internet, y es en ese ámbito en el que se concreta la propuesta de AUC e iCmedia de contar con un órgano que deba ser consultado de modo perceptivo en las decisiones que se adopten. El Consejo Consultivo serviría también de cauce para las quejas y reclamaciones de los ciudadanos especialmente en aspectos como la protección de los menores en la red y en relación a los contenidos televisivos.

En concreto, ambas organizaciones han hecho llegar a los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso dos propuestas de enmienda al Proyecto de Ley.

La primera, incluir una Disposición Adicional en la que se emplace a la CNMC a aprobar, en el plazo de tres meses desde su constitución, un reglamento de Consejo Consultivo Audiovisual y de las Comunicación Electrónicas que debería quedar constituido en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la Ley. Las características y atribuciones de este órgano serían, básicamente, las ya recogidas en el artículo 51 de la vigente Ley General de la Comunicación Audiovisual para el nonato Consejo Consultivo del nonato Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (ver anexo).

La segunda enmienda plantea adicionar al Artículo 9 un apartado 5 en el que se garantice expresamente garantizar el derecho de los ciudadanos a participar en la regulación en materia de contenidos y, en particular, el derecho de cualquier persona física o jurídica a dirigirse a la autoridad audiovisual competente para solicitar de ésta el control de la adecuación de los contenidos audiovisuales con el ordenamiento vigente o los códigos de autorregulación. Con ello se pretende que las competencias de la CNMC en este ámbito abarque todas las disposiciones de la Ley en materia de derechos y obligaciones de los prestadores del servicio hacia los ciudadanos; muy especialmente en materia de protección de los menores frente a contenidos de riesgo.

ANEXO: Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual

Artículo 51. Comité Consultivo.

1. El Comité Consultivo es el órgano de participación ciudadana y de asesoramiento del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

2. El Comité Consultivo estará presidido por el Presidente del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que no dispondrá de voto en relación con sus informes.

El número de miembros del Comité y la forma de su designación se determinará reglamentariamente. Los miembros serán designados en representación de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual de ámbito estatal, de las organizaciones representativas del sector de la producción audiovisual y de los anunciantes, de los sindicatos más representativos del sector a nivel estatal, de asociaciones de defensa de los usuarios de los servicios de comunicación audiovisual, con representación acreditada en ámbito estatal, así como del Consejo de Consumidores y Usuarios.

3. El Comité Consultivo del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales será convocado cada cuatro meses al objeto de ser informado periódicamente por el Consejo de las actuaciones por él desarrolladas. En todo caso, el Comité Consultivo tendrá como facultades:

a. Informar con carácter general sobre las orientaciones de la política audiovisual, la situación del sector y la oferta de programación de los servicios de comunicación audiovisual;

b. Ser consultado respecto de las propuestas de disposiciones del Consejo y sobre los criterios de interpretaciones y aplicación del régimen de infracciones y sanciones previstas en esta Ley.

c. Informar y asesorar a petición del Consejo sobre todos aquellos asuntos que les sean sometidos a su consideración;

d. Elevar al Consejo cualesquiera informes y propuestas que estime oportuno relacionados con el funcionamiento del sector audiovisual.

4. La condición de miembro del Comité Consultivo no exigirá dedicación exclusiva ni dará derecho a remuneración.

El Supremo confirma la nulidad del reparto de multiplex de TDT

Sentencia completa Tribunal Supremo

Destacamos el Fundamento jurídico Cuarto SENTENCIA 21 de febrero del Tribunal Supremo

“…consideramos, de acuerdo con el pronunciamiento expuesto en la sentencia dictada por esta Sala jurisdiccional de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2012 (RCA 442/2010 ), que dichas disposiciones han quedado derogadas por la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, ya que las previsiones regulatorias del procedimiento de asignación de múltiples digitales y de atribución de canales radioeléctricos asociados, tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica, carecen de viabilidad, al resultar incompatible con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 22 y en el artículo 27 de la mencionada Ley , que prescriben que la prestación de servicios de comunicación audiovisual mediante ondas hertzianas terrestres requiere de licencia previa otorgada mediante concurso por la autoridad audiovisual competente.
En efecto, en la referida sentencia de esta Sala jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2012 , hemos declarado la derogación sobrevenida de las previsiones reglamentarias que regulan la asignación de los múltiples de la televisión digital terrestre tras al cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica, en cuanto la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, no contiene una expresa disposición transitoria de la que se infiera su vigencia, con base en los siguientes razonamientos jurídicos:
« […] Con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo (publicado el 3 de abril de 2.010 y cuya entrada en vigor se produce al día siguiente, 4 de abril), entra en vigor la Ley General de Comunicación Audiovisual ( Ley 7/2010, de 31 de marzo, publicada el 1 de abril y cuya entrada en vigor se produce un mes después -disposición final octava -, esto es el 1 de mayo). En consecuencia y como es evidente, la Ley deroga todas las normas de igual o inferior rango anteriores a su entrada en vigor que se opongan a ella y su cláusula derogatoria, aparte de mencionar su carácter general, enumera explícitamente una serie de normas que quedan derogadas, aunque se limita a las de rango legal. En lo que se refiere a las disposiciones reglamentarias anteriores hay que estar, por tanto, a la cláusula derogatoria general y, por ende, a la posible contradicción de las mismas con las previsiones de la propia Ley 7/2010.
Pues bien, la Ley General de la Comunicación Audiovisual supone, como argumenta la actora, una importante transformación del panorama audiovisual en un sentido liberalizador, pasando de un sistema concesional a un sistema de libertad, sólo limitado por razones técnicas en el caso de la utilización del espectro radioeléctrico por ondas hertzianas. En los términos de la exposición de motivos, “El Título III parte del principio de libertad de empresa y establece el régimen jurídico básico para la prestación de un servicio de comunicación audiovisual, diferenciando aquéllos que sólo precisan de comunicación previa por estar su segmento liberalizado, de aquellos otros que por utilizar espacio radioeléctrico público a través de ondas hertzianas y tener capacidad limitada necesitan de licencia previa
otorgada en concurso público celebrado en las condiciones que fija esta misma Ley.” En lo que ahora importa, la emisión de la televisión digital terrestre afecta precisamente al uso del espacio radioeléctrico mediante ondas hertzianas y, por tanto, el nuevo régimen supone que la emisión requiere la obtención de licencias previa mediante concurso. Lo cual implica la transformación de las antiguas concesiones en licencias a partir del reconocimiento de los derechos existentes a la entrada en vigor de la Ley (disposición transitoria segunda) y la necesidad de concurso para el otorgamiento de nuevas licencias ( artículo 22.3). Queda por dilucidar, y esa es precisamente la cuestión básica a resolver en el presente recurso, lo que ocurre con la expectativa de derechos derivada de las previsiones ya comentadas de los Reales Decretos
944/2005 y 365/2010 de asignación directa, sometida a ciertas condiciones pero sin mediar un régimen de concurso público, a las antiguas sociedades concesionarias de un múltiple digital de televisión digital terrestre con capacidad para cuatro canales.
La exigencia de licencia previa para la prestación de servicios de comunicación audiovisual mediante ondas hertzianas, como es el caso, así como la obligatoriedad de que dicha licencia se otorgue mediante concurso es incontestable e incondicionada, pues así lo establece taxativamente el citado apartado 3 del artículo 22 de la Ley; por su parte, el artículo 27 contiene la regulación de tales concursos. Pues bien, una previsión legal explícita y general como la citada supone, en principio, la derogación de una previsión reglamentaria previa que choca frontalmente con la exigencia de concurso para la atribución de licencias para la prestación de los citados servicios de comunicación audiovisual. Tanto más cuanto que la referida previsión legal está contenida en el marco de una transformación radical de la regulación del
sector, lo que hace más inviable -de nuevo, en principio- el mantenimiento de previsiones contrarias de base exclusivamente reglamentaria y que se insertan en un sistema anterior y profundamente modificado por una Ley.
Dicha conclusión, ineluctable desde el punto de vista de la sucesión normativa, sólo podría ser enervada por una expresa previsión transitoria de la propia Ley reguladora del sector que mantuviese la vigencia de tales expectativas de derechos. Sin embargo, ninguna previsión al respecto se contiene en las disposiciones transitorias de la Ley relativas a los derechos anteriores a la misma. En efecto, sólo las disposiciones transitorias primera y segunda afecta a la cuestión que examinamos. Mediante la disposición transitoria primera se respetan los concursos de concesiones que estuviesen en tramitación a la entrada en vigor de la Ley, previendo que una vez resueltos los concursos las concesiones se transformarán en licencias; se respetan con ello las expectativas de derechos de los participantes en los citados concursos en trámite a obtener una concesión, que se transformaría inmediatamente en licencia de conformidad con el nuevo sistema. En cuanto a la disposición transitoria segunda, que se refiere a los derechos sobre comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres anteriores a la Ley, transforma las concesiones para la gestión indirecta de lo que en su momento era el servicio público de radio o televisión, en licencias, a solicitud de sus titulares y dentro del plazo otorgado al efecto (apartados 1 y 2). Esta previsión supone la conservación del contenido concesional para cada sociedad concesionaria vigente según la regulación legal anterior en el momento de entrada en vigor de la Ley. Esto implica, a la vista de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley sobre el régimen jurídico de las licencias audiovisuales, que las licencias de las concesionarias que hubieren solicitado dicha transformación (todas, según se indica en el propio Acuerdo del Consejo de Ministros que se impugna) deberán concretar el número de canales comprendidos en la licencia, que serán aquellos a que tuvieren derecho de acuerdo con la regulación legal anterior y según los términos de las concesiones existentes en el momento de entrada en vigor de la Ley. Pero, desde luego, no incluye los canales adicionales que resultasen de la asignación de un múltiple digital previsto por los Reales Decretos 944/2005 y 365/2010 . » .
Por ello, con base en el principio de seguridad jurídica, sostenemos que la declaración judicial ulterior al planteamiento del recurso contencioso-administrativo de que las previsiones regulatorias impugnadas contenidas en el Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, relativas a la asignación de múltiples digitales tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica, que facultaba a cada una de las sociedades concesionarias del servicio público de televisión terrestre de ámbito estatal existentes a la entrada en vigor del Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, y a la sociedad que resultó adjudicataria del concurso público convocado al que se refería la disposición adicional segunda del referido Real Decreto, acceder a un múltiple digital con cobertura estatal, han sido derogadas por la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en la medida en que «no pueden aplicarse al margen de la regulación contenida en la Ley posterior», de modo que «tampoco pueden sobrevivir las expectativas de derechos contemplados
en dicho escenario», determina que sea irrelevante examinar si las referidas disposiciones reglamentarias son contrarias a la libre prestación de servicios reconocida en el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , por cuanto ya no resulta aplicable una normativa nacional que pudiera abocar a que se frustren las expectativas de un operador del sector audiovisual de participar en un concurso público para el otorgamiento de licencias sobre la base de criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados.