El Gobierno negocia con las TV para evitar una macrodemanda si pierden sus licencias

http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2013/01/21/el-gobierno-negocia-con-las-tv-para-evitar-una-macrodemanda-si-pierden-sus-licencias-113172/

El tiempo se agota. El Ministerio de Industria y las televisiones privadas negocian contra reloj un acuerdo para desactivar la sentencia dictada por el Supremo a finales de noviembre que amenaza con arrebatar a las cadenas buena parte de sus canales. Según aseguran fuentes conocedoras de los contactos, la inquietud en el Gobierno es máxima, en tanto teme que la ejecución del fallo le exponga a una macrodemanda con importantes reclamaciones económicas por parte de los afectados. Y es que, amparados por las decisiones del Ejecutivo, los Mediaset, Antena 3, Vocento o Unidad Editorial han llevado a cabo ingentes inversiones para poner en marcha su oferta audiovisual.

La sentencia, fechada el 27 de noviembre, se retrotrae a la era Zapatero y declara la nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros del 16 de julio de 2010, “por el que se asigna un múltiple digital [ancho de banda que permite la emisión de cuatro canales] de cobertura estatal a cada una de las sociedades licenciatarias del servicio de televisión digital terrestre del ámbito estatal”. Una decisión que obligaría a los grupos a devolver sus nuevos canales. Y el Alto Tribunal entiende que la Ley General de Comunicación Audiovisual establece la obligatoriedad “incontestable e incondicionada” de que dicha asignación hubiera tenido lugar tras la celebración de un concurso.

El problema que se plantea a Gobierno y televisiones es que la sentencia del Supremo no es recurrible, y solo cabe su aplicación por parte del Ministerio que encabeza José Manuel Soria. “Se está trabajando sobre una solución técnico-jurídica que podría encontrar acomodo en la nueva normativa sobre el dividendo digital”, exponen estas fuentes. Como publicó El Confidencial a mediados de diciembre, la sentencia paralizó el real decreto sobre la nueva asignación de frecuencias que tenía previsto aprobar el Ejecutivo antes de final de año. De hecho, no parece lógico reubicar a las televisiones en el espectro radioeléctrico cuando no hay certeza sobre los canales que gestionan.

El tiempo también desempeña un papel nada despreciable. Según la ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa, “luego que sea firme una sentencia, el secretario judicial lo comunicará en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que (…) la lleve a puro y debido efecto”. A partir de ahí, transcurridos dos meses, “cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa”. Un calendario que situaría el margen de Industria para decidir cómo ejecuta la sentencia a principios de febrero. No obstante, fuentes próximas al proceso explican que el Ministerio instó recientemente al Supremo a que le remitiera la totalidad del expediente, lo que le permitiría ganar tiempo.

El concurso, la última opción

¿Y hacer caso de verdad al Supremo? Nadie quiere oír hablar de esa posibilidad. “El concurso es la peor opción para las cadenas españolas. Abriría el melón a la entrada de corporaciones que ahora están arrendadas como Disney, Paramount o Discovery. Para los grandes grupos españoles sería menos preocupante, pero para los pequeños…”, explican fuentes del sector. No hay que olvidar que el sector ha evolucionado desde que el Consejo de Ministros tomara la decisión. Mediaset (entonces Telecinco) ha incorporado el múltiple digital de Prisa (Cuatro) y Antena 3 el de la La Sexta. Todo el diseño actual del sector audiovisual está en el alero.

Pese al aparente silencio administrativo decretado en el sector tras conocerse la sentencia, la procesión va por dentro. “Estamos todavía en estado shock”, admitía un alto ejecutivo de una cadena 24 horas después de que se conociera la posición del Tribunal Supremo. “Nadie lo esperaba. Ni el Gobierno ni las televisiones. Los abogados del Estado están trabajando para desentrañar la sentencia”, añadían entonces fuentes del sector. Más de un mes después, ni la percepción de los implicados ni el estado de cosas han cambiado demasiado. Con otro agravante: la fecha marcada en rojo en el calendario para poner en marcha el dividendo digital es el 1 de enero de 2014. Las cadenas tienen muchas dudas sobre cómo se implantará el modelo transitorio, en el que los canales se verán en más de una frecuencia, y tampoco saben quién lo pagará.

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